Tres visiones, un mismo país: ¿qué proponen Cepeda, De la Espriella y Valencia para enfrentar la violencia y el crimen?

Colombia llega a las elecciones del 31 de mayo con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados activos en cerca de 600 municipios, al menos 14 zonas de disputa territorial entre actores ilegales, 92.000 desplazados solo del Catatumbo en los últimos meses y un aumento del 85 por ciento en el desplazamiento forzado nacional, según estimaciones de la fuerza pública y monitoreos de la Fundación Ideas para la Paz. En ese escenario, los tres candidatos con mayor intención de voto –Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia– están proponiendo salidas radicalmente distintas para enfrentar el deterioro del orden público. CAMBIO revisó sus programas de gobierno, sus intervenciones públicas y entrevistas recientes para construir un mapa comparativo de lo que cada uno ofrece en materia de seguridad, negociación con grupos armados y control territorial. 

Iván Cepeda: paz con ajustes, pero sin una fórmula clara para el deterioro territorial

El candidato del Pacto Histórico es, de los tres, el que tiene la relación más compleja con el tema de seguridad. Fue uno de los dirigentes que más defendió la “paz total” durante el Gobierno de Gustavo Petro y participó activamente en las discusiones alrededor de las mesas de negociación. Hoy mantiene la defensa política de ese modelo, aunque reconoce que necesita correcciones. “Quiero decirlo claramente: habrá una política de paz. ¿Tendrá la forma que tuvo en este Gobierno? Muy probablemente no. Se van a intentar hacer esfuerzos que tengan un carácter mucho más puntual y con resultados concretos”, dijo recientemente en entrevista con Daniel Coronell.

El corazón de su propuesta sigue siendo el concepto de “seguridad humana”: la idea de que la violencia no puede entenderse separada de la pobreza, la exclusión y la ausencia histórica del Estado en varias regiones del país. Desde esa lógica, Cepeda plantea fortalecer la presencia institucional en territorios abandonados, acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, ampliar programas como Jóvenes en Paz y reforzar políticas de prevención del reclutamiento forzado mediante inversión social, educación y empleo juvenil.

En diálogo con CAMBIO, Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de Pares, asegura que el principal problema de la propuesta de Cepeda es que intenta trasladar una visión pensada para políticas sociales a un escenario de confrontación armada y pérdida de control territorial. 

“La seguridad humana plantea una idea de seguridad mucho más integral, y eso es importante. Pero cuando se conecta con una política de defensa empieza a volverse complicado. En Colombia –como ocurre en varios países de la región, aunque no es lo más común en el mundo– las funciones de policía, seguridad y justicia están mucho más cerca del sector defensa que de una lógica de seguridad ciudadana. Y creo que eso termina afectando la propuesta de Iván Cepeda, porque prácticamente tendría que poner de acuerdo a 16 ministerios para ejecutar cualquier inversión y ni siquiera es claro que eso vaya a traducirse realmente en mejores indicadores de seguridad”, dijo la analista.

En narcotráfico, el candidato propone inteligencia financiera, controles en puertos y aeropuertos y regulación del cannabis y de la hoja de coca. No contempla fumigación aérea. Tampoco plantea ceses al fuego sin verificación, levantamiento de órdenes de captura para cabecillas ni zonas de despeje de facto. Su propuesta diferencia entre grupos con agenda política –con quienes habría negociación limitada– y organizaciones criminales, cuyo camino sería el sometimiento a la justicia. Aunque en la práctica esa línea ha sido históricamente difusa en el conflicto colombiano.

Sobre la propuesta de Iván Cepeda, el analista Jairo Libreros aseguró que el candidato “vende una ilusión de futuro que no se puede concretar”. Según explicó, la apuesta por la seguridad humana desconoce las dimensiones reales de la violencia y el crimen organizado en Colombia. “Pensar que la seguridad humana como estrategia de política pública va a lograr disminuir las dificultades que tenemos en criminalidad, conflictividad y violencia no es cierto. No hay una sola experiencia internacional o nacional que acredite que la seguridad humana es exitosa”, afirmó. Libreros agregó que, aunque existe una relación evidente entre pobreza, desigualdad y violencia, el problema de la propuesta de Cepeda es convertir toda la política social en una política de seguridad, sin explicar cómo responderá el Estado a las amenazas armadas actuales.

La principal debilidad de su programa, según análisis recientes de la Fundación Ideas para la Paz, es la falta de mecanismos concretos para responder a escenarios de ruptura de diálogos o escaladas violentas de grupos armados.

Abelardo de la Espriella: decretazos y un plan de choque en 90 días

Si Cepeda representa una continuidad corregida de la paz total, Abelardo de la Espriella encarna exactamente lo contrario. El candidato de Defensores de la Patria propone una política de choque basada en confrontación militar, cero negociación con grupos armados y expansión máxima de la capacidad coercitiva del Estado.

En varias entrevistas ha resumido su propuesta diciendo que ejecutará plan de choque en 90 días para retornar a los territorios con presencia total de la fuerza pública. Su programa plantea fumigación aérea de 330.000 hectáreas de coca, uso irrestricto de la extradición, construcción de diez megacárceles administradas por privados y custodiadas por reservistas y veteranos del Ejército, eliminación del Inpec y desmontaje de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En otras entrevistas incluso ha ido más lejos: anunció que ordenaría atacar aviones y barcos cargados con droga, bombardear campamentos narcoterroristas y expedir 90 decretos el mismo día de su posesión.

Para Laura Bonilla, se trata de la propuesta “más populista” de las tres campañas. “No tiene ningún soporte técnico. Es una propuesta política bastante incumplible”, dijo en diálogo con CAMBIO. Según la experta, el problema de fondo es que De la Espriella plantea la seguridad como si fuera únicamente un problema de voluntad individual y mano dura, sin explicar cómo operaría realmente el Estado frente a amenazas criminales complejas.

La analista también cuestiona la viabilidad jurídica de varias de sus promesas. “La mayoría de propuestas de Abelardo de la Espriella implican suspender la Constitución Política”, aseguró, en referencia a temas como fumigación aérea y algunas medidas de excepción. Bonilla sostiene además que parte de la estrategia del candidato parece diseñada para otros contextos regionales y no necesariamente para las dinámicas específicas del conflicto colombiano. “Tú puedes coger la misma propuesta y pasarla a Perú, Ecuador o El Salvador. No es una propuesta hecha para las necesidades de Colombia”, explicó.

En delincuencia urbana, De la Espriella propone recuperar control carcelario, endurecer penas y establecer cadena perpetua para delitos contra menores, una medida que distintos constitucionalistas consideran inviable sin reforma constitucional.

Sobre Abelardo de la Espriella, Jairo Libreros sostuvo que el candidato sí identifica algunos problemas reales del deterioro de seguridad, pero termina ofreciendo respuestas inviables operativamente. Citó como ejemplo la propuesta de erradicar 330.000 hectáreas de coca mediante un “plan de choque”. “No tenemos las unidades mínimas necesarias de Policía y Fuerzas Militares para ello”, dijo. Según Libreros, el verdadero debate debería centrarse en cómo mejorar el reclutamiento y redistribuir estratégicamente la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio. Para el analista, buena parte de las propuestas de De la Espriella terminan siendo “ilusiones retóricas” más cercanas a un discurso político que a una política pública aplicable.

También ha prometido aumentar sustancialmente las capacidades operativas del Estado mediante drones, inteligencia artificial, patrullaje preventivo y bloques especializados anticorrupción. Sin embargo, varias de esas propuestas no especifican fuentes de financiación ni rutas institucionales para implementarse.

Paloma Valencia: la seguridad democrática adaptada al crimen organizado

La candidata del Centro Democrático estructura toda su propuesta alrededor de las llamadas “4R”: reducir ingresos ilegales, robustecer la fuerza pública, reenamorar a las comunidades y restablecer la legalidad.

Su diagnóstico parte de que el crimen organizado en Colombia ya no depende exclusivamente del narcotráfico, sino también de minería ilegal, extorsión y control territorial. Desde allí propone inteligencia financiera, extinción de dominio, cooperación internacional, fortalecimiento militar y un “Plan Colombia 2.0” con apoyo de Estados Unidos y países europeos.

En entrevista con El País de Cali, Valencia fue explícita sobre su lectura del problema: “Esto se alimenta de tres activos: narcotráfico, minería criminal y extorsión. Si no hacemos algo para reducir esos tres factores, estamos perdidos como nación”.

En diálogo con CAMBIO, Laura Bonilla asegura que la propuesta de Valencia mezcla dos visiones distintas: una comprensión más actualizada de las economías criminales y una vuelta parcial a la lógica de la seguridad democrática de los años dos mil. “Pareciera que en el programa se entienden mejor las amenazas del crimen organizado actual, pero luego vuelve a la fórmula de seguridad democrática 2.0”, explicó.

La analista también pone en duda la viabilidad de algunas metas operativas, especialmente el crecimiento acelerado del pie de fuerza. “No es tan simple como tener 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías. Eso claramente no va a tardar 100 días; va a tardar muchísimo más tiempo”, afirmó.

La propuesta de Valencia incluye además incorporación de militares y policías retirados en roles especializados, fortalecimiento tecnológico de la fuerza pública y desmontaje definitivo de la paz total. “Lo primero que haremos es acabar con la paz total y reactivar las órdenes de captura”, dijo recientemente durante la presentación de su propuesta de seguridad.

Frente a Paloma Valencia, Jairo Libreros aseguró que su propuesta es probablemente la “más interesante” desde el punto de vista de marketing político, especialmente por el modelo de las “4R”. Sin embargo, advirtió que vuelve a una lectura del conflicto más cercana al pasado que a las dinámicas criminales actuales. “Nos venden escenarios que nos llevan al pasado que ya no existe”, afirmó. Aunque reconoció que Valencia incluye temas relevantes como fortalecimiento institucional, profesionalización y modernización tecnológica de la fuerza pública, sostuvo que el enfoque sigue anclado en fórmulas de seguridad de finales del siglo XX y comienzos de este siglo.

La Fundación Ideas para la Paz advierte, sin embargo, que el gran reto de Valencia será demostrar que su modelo puede producir resultados distintos a los de estrategias anteriores que lograron contención parcial de la violencia, pero no desmantelamiento sostenible de las economías ilegales.

El fondo del debate: un Estado que sigue llegando tarde

Los tres candidatos parten de un diagnóstico similar: Colombia enfrenta un crimen organizado cada vez más fragmentado, con economías ilegales diversificadas y capacidad de regulación territorial en buena parte del país. Pero las diferencias aparecen cuando intentan responder cómo recuperar el control estatal.

Al respecto, el experto en seguridad Hugo Acero aseguró que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella parten de un diagnóstico equivocado porque intentan revivir la Política de Seguridad Democrática para enfrentar organizaciones criminales que hoy operan de manera completamente distinta. “Atrás quedaron la subversión, las guerrillas y los paramilitares. Hoy es crimen organizado nacional y transnacional que controla territorios y rutas”, explicó. Según Acero, los grupos armados actuales ya no se mueven en grandes campamentos ni enfrentan directamente a la fuerza pública, sino que operan mezclados con población civil, en pequeños grupos y mediante ataques con drones y explosivos. Por eso, considera que estrategias basadas en bombardeos, fumigación y confrontación militar directa difícilmente producirán resultados sostenibles.

Finalmente, Acero concluyó que tanto las propuestas de derecha como las de izquierda están respondiendo a una realidad criminal que ya cambió. “Bajo dos ópticas limitadas, que desconocen los cambios de la criminalidad en Colombia, se mueven las campañas de derecha e izquierda”, afirmó. Para el exsecretario de Seguridad de Bogotá, el principal vacío de los candidatos es que ninguno termina de explicar cómo enfrentará estructuras criminales transnacionales que hoy combinan narcotráfico, minería ilegal, extorsión, trata de personas y control territorial en buena parte del país.

Cepeda apuesta a que sin transformación social no habrá seguridad sostenible, aunque no termina de explicar cómo contener la violencia mientras ocurre esa transformación. De la Espriella promete resultados inmediatos mediante decretos, confrontación y expansión militar, pese a que varias de sus propuestas requieren reformas constitucionales o mayorías políticas que hoy no existen. Valencia ofrece el modelo, aparentemente, más estructurado institucionalmente, pero enfrenta el mismo dilema histórico de las políticas de seguridad anteriores: cómo convertir presión militar en control estatal permanente en territorios donde el crimen lleva décadas ocupando el vacío –y responsabilidad– del Estado.

Al final, el verdadero examen para estas propuestas no estará en los programas de gobierno ni en los eslogans de campaña, sino en la capacidad de sus candidatos para explicar –con cifras, rutas institucionales y evidencia técnica– cómo pretenden enfrentar una criminalidad que mutó más rápido que el Estado colombiano. Por ahora, las campañas siguen moviéndose entre promesas de mano dura, apuestas de transformación social y fórmulas recicladas de seguridad democrática, mientras el país todavía no escucha respuestas concretas sobre costos, tiempos, límites jurídicos y viabilidad real. Y justamente ahí es donde los debates presidenciales serán determinantes.