El Ministerio de Justicia podría desaparecer en el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Cuando Abelardo de la Espriella repetía en campaña que Colombia pasaría "de 19 a nueve o diez ministerios", la frase parecía una promesa condenada al fracaso.¿La razón? Desmontar semejante andamiaje burocrático parecía más una arenga para las tarimas que una hoja de ruta posible. 

Pero, tal parece que, en eso, el presidente electo no mintió. Apenas despejado el camino a la Casa de Nariño, De la Espriella empezó a reunirse con su equipo más cercano para consolidar lo que llama el gobierno de “los nunca”. Justamente, en esas reuniones, ya se ha hablado de cuáles son las carteras que piensa acabar para reducir el gasto del estado y poner el marcha su proyecto político. CAMBIO pudo confirmar que uno de los que se asoma en la lista de carteras condenadas a desaparecer es el Ministerio de Justicia y del Derecho.

La idea que circula con más fuerza en ese círculo no es liquidar sus competencias, sino replegarlas. El esquema que se discute consiste en trasladar la cartera al Ministerio del Interior bajo la figura de un viceministerio de Justicia. Justicia dejaría de tener silla propia en el consejo de ministros y voz autónoma frente a las altas cortes para convertirse en una dependencia más de la cartera de la política.

Un experimento que el país ya conoce

La idea de volver a unir los ministerios del Interior y de Justicia no es nueva. Colombia ya la puso en práctica hace dos décadas. En 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, una reforma redujo el tamaño del gabinete y fusionó ambas carteras en una sola: el Ministerio del Interior y de Justicia. La misma reestructuración también unió Salud y Trabajo en el entonces Ministerio de la Protección Social.

La apuesta fue por menos entidades, menos burocracia y un Estado más eficiente. Incluso la estructura que hoy se plantea tiene un antecedente casi idéntico. Dentro de esa cartera funcionó un Viceministerio de Justicia y del Derecho, encargado de buena parte de las funciones que antes ejercía un ministerio independiente.

"Mediante 18 decretos, firmados por el presidente Álvaro Uribe Vélez, ayer quedó reglamentada la fusión de seis ministerios y la supresión de 714 cargos de esas carteras", anunciaban los medios en esa época. 

Sin embargo, ocho años después, el propio Estado llegó a una conclusión distinta. En 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos decidió desmontar la fusión y volver a separar ambas carteras. La razón quedó consignada en los documentos que acompañaron la reforma: los objetivos de ahorro fiscal no se habían cumplido y tampoco se había logrado una mayor eficacia institucional. 

Pero el problema no era únicamente presupuestal. El Ejecutivo concluyó que la justicia había terminado subordinada a las prioridades políticas del Ministerio del Interior y que el país necesitaba un interlocutor dedicado exclusivamente a la relación con las altas cortes y a la política pública del sector justicia. En otras palabras, la promesa de hacer más con menos terminó chocando con una realidad más compleja: la justicia requería una voz propia dentro del gabinete, sobre todo, por las necesarias relaciones con la rama judicial. 

Por eso, el 4 de mayo de 2011, Santos restableció el Ministerio de Justicia y del Derecho como entidad independiente. 

Por ahora, ese plan se inscribe en la columna vertebral económica del discurso de De la Espriella: achicar el aparato estatal cerca de un 40 por ciento, con un ahorro que su campaña cifró entre 25 y 30 billones de pesos. El presidente electo ha sostenido que al Estado "le sobran" más de 700.000 funcionarios y contratistas y que buena parte de las entidades cumplen funciones duplicadas que vuelven al Estado, en sus palabras, "disfuncional".
En ese inventario de lo prescindible, ya había mencionado blancos concretos. Calificó de "absurdo" el Ministerio de la Igualdad y señaló de manera explícita las competencias cruzadas entre el Ministerio del Interior y el de Defensa como ejemplo de lo que habría que "simplificar y reducir". 

La hoja de ruta llega además avalada por las urnas. De la Espriella se impuso en la segunda vuelta del 21 de junio con el 49,66 por ciento de los votos frente al 48,69 por ciento de Iván Cepeda, el margen más estrecho de un balotaje en la historia del país. Un mandato ajustado para una agenda de intervención estatal inmediata que él mismo ha prometido ejecutar a punta de decretos en los primeros días de gobierno.

La paradoja del abogado 

De la Espriella construyó su nombre como uno de los penalistas más renombrados y cotizados del país. Que sea justamente un abogado litigante quien estudie subordinar la cartera de Justicia al despacho político del Ejecutivo abrirá un álgido debate en el mundo jurídico. El mensaje de degradar esa cartera a un simple viceministerio en un país donde la tensión entre el poder político y las cortes ha sido la regla, en un sapo difícil de tragar por más que haya razones de austeridad.

Quedan, además, los obstáculos del cómo. Suprimir o fusionar un ministerio no se hace por voluntad presidencial sino que requiere ley o facultades extraordinarias del Congreso, como ocurrió en 2002 y en 2011. El gobierno entrante tendría que construir esas mayorías en un Legislativo fragmentado, y hacerlo cargando con la memoria fresca de un experimento que el propio Estado ya calificó de fallido cuando lo deshizo.

Por ahora, la cartera de Justicia figura en la lista corta de las que podrían desaparecer del organigrama. 

Las cuentas le dan la razón en el diagnóstico de fondo: el recorte del gasto es urgente. El problema es que recortar burocracia implica quitar margen de maniobra para la gobernabilidad. Sin puestos qué ofrecer será difícil sacar adelante proyectos en el Congreso. 

En todo caso, la pelea que se propone De la Espriella para desmontar el Estado clientelista necesitará, paradójicamente, sentarse a negociar con los beneficiarios de ese sistema.