Primicia: Abelardo de la Espriella revoca la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz
Crédito: Pablo David | CAMBIO
La medida pone fin al reconocimiento que la administración de Gustavo Petro le otorgó al exjefe paramilitar desde 2023. A inicios de agosto, el Consejo de Estado dejó sin piso jurídico la designación realizada en el marco de la política de Paz Total.
Por: Jonathan Beltrán
En 2023, el Gobierno de Gustavo Petro convirtió a Salvatore Mancuso en una de las figuras mediáticas más importantes de su política de Paz Total. Tres años después, la administración de Abelardo De la Espriella puso punto final a ese reconocimiento después de una larga disputa sobre el papel que debía cumplir el exjefe paramilitar en los procesos de reparación y esclarecimiento de la verdad.
El presidente De la Espriella firmó una resolución en la que ordenó retirar la designación como gestor de paz al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La decisión hace parte de las medidas con las que la nueva administración busca desmontar las principales apuestas de paz y seguridad implementadas por el gobierno anterior.
El Gobierno nacional recordó en su decisión que Mancuso se desmovilizó en 2004 como parte del Bloque Catatumbo de las AUC, tras el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Casi dos décadas después volvió al centro de la discusión: en 2022 ofreció aportar verdad sobre el conflicto armado y un año después el entonces presidente Petro lo nombró gestor de paz mediante la resolución 244 de 2023.
La designación se sustentó en el artículo 61 de la Ley 975 de 2005, que faculta al jefe de Estado para solicitar la suspensión de la pena o el beneficio de pena alternativa para exintegrantes de grupos armados. Con ese nombramiento, Mancuso se comprometió durante los últimos tres años a asistir a diligencias judiciales y presentar informes mensuales de su labor ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La medida del gobierno anterior le había encomendado al exjefe paramilitar contribuir con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales, con prioridad en las zonas donde habían tenido presencia. Tras la decisión de De la Espriella, ese encargo queda sin efecto a partir de este 22 de septiembre.
La decisión del Consejo de Estado que dejó sin piso la designación de Mancuso como gestor de paz
El nombramiento de Mancuso ya había quedado bajo la lupa de los tribunales antes de que el Gobierno de De la Espriella decidiera retirarlo. El pasado 4 de agosto, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución 244 de 2023, aunque aclaró que no se trataba de una anulación definitiva sino de una medida cautelar mientras avanzaba el proceso.
El problema que encontró el tribunal estaba en la propia resolución firmada por el expresidente Petro. El documento designó a Mancuso como gestor de paz para aportar su experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo, pero no estableció con precisión cuánto tiempo tendría esa condición, dónde debía ejercerla ni cuáles serían sus funciones específicas.
Para el Consejo de Estado, esa falta de límites en la descripción de las tareas asignadas al exjefe paramilitar era demasiado general y dejaba abierta la forma en que debía desarrollarse su labor como gestor de paz en el territorio nacional. En ese sentido, el alto tribunal consideró que la resolución no ofrecía suficientes elementos para determinar cómo debía ejecutarse la designación.
La decisión surgió de dos solicitudes de medida cautelar. Una fue presentada por el estudiante de derecho Samuel Ortiz, quien alegó que la resolución había sido expedida de manera irregular y estaba insuficientemente motivada. La otra invocaba los derechos de las víctimas del paramilitarismo, pero no prosperó porque —según el tribunal— no explicó con precisión qué normas habían sido vulneradas.
El Consejo de Estado también reiteró en su decisión los límites a la facultad presidencial en materia de paz. Aunque reconoció que el jefe de Estado tiene un amplio margen para diseñar y ejecutar esa política, señaló que sus decisiones deben respetar el marco constitucional y recordó una decisión de 2024 en la que la Corte Suprema detalló que “la condición de gestor de paz no puede convertirse en una facultad ilimitada o sin controles”.
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