¿Rebajas de 50 por ciento? Nuevos detalles del proyecto de ley de sometimiento que plantea el gobierno De la Espriella

Los integrantes de estructuras criminales que quieran acogerse a la ley de sometimiento que alista el Gobierno tendrán que contar los hechos de corrupción en los que hayan participado y sus vínculos con políticos. A cambio, podrían recibir rebajas de pena de hasta el 50 por ciento. Así lo explicó este martes 22 de septiembre el ministro de Justicia, Iván Cancino.

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El funcionario habló con periodistas a la salida del Congreso. La iniciativa será estudiada allí en los próximos días, y Cancino la prepara con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Una ley de sometimiento fija las reglas para que los miembros de grupos ilegales se entreguen a la justicia y respondan por sus delitos a cambio de ciertos beneficios, sin que exista un proceso de paz de por medio.

Lo que deberán entregar

La lista de condiciones va más allá de confesar delitos. Cancino enumeró varias exigencias para los interesados:

• Aportar verdad y reparación a las víctimas
• Desmovilizarse e indicar rutas para el desarme
• Dar cuenta de los cultivos ilícitos
• Suministrar datos sobre personas desaparecidas y secuestradas

"Para poder someterse a la ley, tienen que hacer un aporte no solo de verdad, justicia, reparación, desmovilización, rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas. Además, tiene que dar aportes sobre corrupción que haya efectuado o vínculos políticos", dijo el ministro según recogió El Espectador.

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Cancino también advirtió que sin información sobre corrupción y relaciones con la política, el acceso al mecanismo quedaría prácticamente cerrado. "Si no hay aporte a la corrupción que haya generado o a vínculos con políticos, pues también tendrá difícil someterse a la ley u obtener los propios beneficios".

Descuentos sí, pero según el rango

El tamaño de la rebaja dependerá del lugar que cada persona ocupe en la organización. Quienes tengan posición de mando podrían reducir su condena hasta en un 30 por ciento. El resto de los integrantes podría llegar al 50 por ciento. El porcentaje final, precisó el ministro, variará según lo que cada uno aporte.

"Obviamente hay algunas circunstancias que van a jugar para mejorar o no, pero siempre dependiendo del aporte que haga con las condiciones de sometimiento", añadió.

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Las víctimas tendrán voz en esas decisiones. De acuerdo con Cancino, podrán pronunciarse sobre los beneficios y sobre las libertades condicionales, es decir, la posibilidad de que un condenado salga de prisión antes de cumplir toda su pena, bajo ciertas obligaciones. El ministro también descartó que se habiliten centros de reclusión exclusivos para quienes se sometan.

"No va a haber cárceles especiales. Obviamente, en los sitios sí puede haber cárceles y pueden existir establecimientos productivos. La víctima será el eje y puede tomar decisiones de fondo para beneficios y libertades condicionales. De verdad que es una ley muy completa", dijo.

Sin estatus político ni freno a extradiciones

El Gobierno insistió en que el proyecto no reconocerá a estas estructuras como actores políticos. Ese reconocimiento es el que el Estado ha otorgado a organizaciones armadas con fines políticos, y es el que abre la puerta a negociar con ellas. Por eso, según le explicó Cancino, quien quiera acogerse deberá dialogar con el Gobierno por medio de un abogado.

"Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones. Por eso, la persona que va a interlocutar con el Gobierno debe ser con abogado. El mensaje es ese. Es un tema jurídico, no político", señaló.

Tampoco se suspenderán las órdenes de captura ni las extradiciones. Además, quienes ya estén detenidos quedarán por fuera del mecanismo.

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"No hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni extradiciones. Eso no juega. Y las personas que ya estén capturadas, el Estado no se desgastó para capturarlas. Tampoco van a hacer parte de la ley de sometimiento", aseguró.

El ministro también se refirió a los recientes traslados de presos a cárceles con más controles. Dijo que es una decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y que la estrategia seguirá en marcha. Cancino la presentó como una herramienta contra delitos que se manejan desde los penales, como la extorsión.

"Eso todavía está dentro de un marco que es propio del Inpec, pero, por supuesto, es una de las estrategias seguir el traslado a centros de más rigor y control, que se está avanzando con ello", dijo.

Cancino habló además del fin de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc.

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"No hay negociación. El Gobierno no negocia", dijo y añadió que esa estructura debe decidir ahora si toma la vía judicial.

"Ellos están mirando si se someten y si siguen la vía jurídica que está para ellos, sus versiones, su judicialización. Habrá noticias buenas o malas para ellos en los próximos días, dependiendo de cómo se sigan comportando frente al proceso que se inició", concluyó.