Durante años, las víctimas y la sociedad colombiana se han preguntado: ¿Cuándo comenzarán a ejecutarse las sanciones propias de la JEP?; ¿Qué actividades van a realizar los condenados?; ¿Quién va a verificar que cumplan las sentencias?; ¿son simples trabajos comunitarios?; será verdad que los van a “poner a sembrar lechugas”?. Son interrogantes legítimos, por cuanto, después de todo, las sanciones restaurativas son una novedad en el mundo, y por eso, vienen siendo estudiadas con mucho interés por expertos de diversos países.
Con frecuencia se habla de la justicia restaurativa como algo que ocurrirá cuando las sentencias queden en firme. Pero una mirada más atenta muestra una realidad distinta. Los comparecientes de la antigua guerrilla de las FARC y de la fuerza pública han venido adelantando Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR) anticipados en diversas regiones del país, los cuales les ayudarán a ir descontando su futura condena.
Las cifras permiten dimensionar ese esfuerzo. Ellos han presentado a la JEP 384 TOAR anticipados, de los cuales 284 ya han sido certificados por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción. Además, más de 360 comparecientes han participado en iniciativas, planes, programas y proyectos restaurativos impulsados por la JEP en la que se acumulan más de 7.000 actividades y cerca de 33.000 horas de trabajo.
Detrás de estas cifras existe una práctica restaurativa que ya está produciendo aprendizajes y resultados concretos. Pero lo más interesante no son los números. Son las historias.
En los cementerios de Neiva, Pitalito y Florencia, integrantes retirados del Ejército que reconocieron responsabilidad en el Subcaso Huila del Caso 03, han apoyado labores de intervención que lleva a cabo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos. Como resultado de estas acciones, se han recuperado más de 90 estructuras óseas para su identificación y eventual entrega digna. Allí, la restauración adquiere un significado profundo: ayudar a las familias a encontrar a quienes aún siguen siendo buscados.
En Dabeiba, Antioquia, víctimas y comparecientes participaron en la construcción de murales que hoy dignifican la memoria de quienes fueron desaparecidos y asesinados. En territorios del Pueblo Awá, en Nariño, firmantes del Acuerdo de Paz trabajaron junto a comunidades indígenas en procesos de restauración territorial y cultural. En Urabá, antiguos integrantes de las Farc-EP y miembros retirados de la fuerza pública desarrollaron conjuntamente acciones de educación en riesgo de minas antipersonal para proteger a las comunidades. Antiguos enemigos, trabajando mano a mano, para evitar que nuestros campesinos y, sobre todo, sus niños, caigan en las trampas de las minas antipersonal.
Desde la puesta en marcha del Sistema Restaurativo, la JEP ha impulsado al menos 17 iniciativas restaurativas que abarcan iniciativas de memoria, búsqueda de personas desaparecidas, restauración ambiental y territorial, educación en riesgo de minas antipersonal y procesos de diálogo restaurativo. Estas experiencias se han desarrollado en territorios como Nariño, Antioquia, Sucre, Huila, Caquetá, Casanare, Norte de Santander, Tolima, Cesar y Bogotá.
Cada uno de estos proyectos e iniciativas son distintos. Y ahí radica una de las principales fortalezas del modelo restaurativo. No se trata de aplicar una fórmula uniforme diseñada desde Bogotá. Se trata de responder a daños concretos, identificados por víctimas, comunidades y territorios específicos.
Los TOAR buscan precisamente responder a esas necesidades y restaurar los derechos de las víctimas. Por ello, se construyen mediante procesos de diálogo y participación en los que ellas intervienen desde su diseño hasta su implementación.
William Capera Vargas, compareciente ante la JEP, expresó una idea que resume el sentido profundo de este proceso: “Todo lo que estoy haciendo es un compromiso que tengo con las víctimas y cada trabajo que yo haga lo veo no como una obligación, sino hacerlo de corazón (…). No se trata de salir y decir unas palabras, que dije la verdad; es seguir construyendo con mis manos verdad”.
Quizá esa sea una de las lecciones más importantes que ha dejado el proceso restaurativo de la JEP: la verdad es un primer acto restaurador, pero no el último. La verdad no termina con una audiencia. La restauración exige acciones concretas y un compromiso sostenido por parte de quienes reconocen responsabilidad.
Otra aprendizaje de estos procesos consiste en fortalecer los mecanismos de seguimiento y verificación. Los trabajos, obras y actividades realizados por los comparecientes son monitoreados por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, de cara a las víctimas y al país, y posteriormente valorados por la magistratura de la JEP.
En otras palabras, los proyectos restaurativos han funcionado como un laboratorio para el momento en que las sanciones propias empiecen a ejecutarse.
La Jurisdicción no ha hecho este trabajo sola. Alrededor de este esfuerzo se ha consolidado una red de ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades, iglesias, organizaciones sociales, entidades del Sistema Integral para la Paz y otras agencias del Estado. Más que proyectos aislados, lo que empieza a emerger es una infraestructura social e institucional para restaurar lo que el conflicto rompió.
La innovación más profunda de la justicia restaurativa no consiste en reemplazar una pena privativa de la libertad por lo que algunos pensarían que es un “simple trabajo comunitario”. Consiste en cambiar las preguntas. No solo se trata de establecer qué sanción merece quien causó el daño. También se trata de preguntarse qué necesitan las víctimas, qué requieren las comunidades afectadas y qué pueden hacer los responsables para contribuir a reparar aquello que destruyeron.
Cuando las primeras sanciones propias entren plenamente en ejecución, la JEP no llegará a ese momento desde cero. Llegará con años de aprendizaje acumulado, proyectos en marcha, comunidades involucradas, comparecientes comprometidos y una capacidad institucional construida en los territorios. La restauración, en realidad, no comenzará con las sanciones. Para cientos de víctimas, comunidades y comparecientes, ya comenzó.
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