En columna reciente afirmé que la gran debilidad de las propuestas de gobierno de todos los candidatos era no decir de dónde iba a salir la plata para pagarlas. La verdad es que el programa del abogado sí es explícito en plantear unas fuentes de recursos para financiarlas y además bajar impuestos, pero el problema es que son como las cuentas de la lechera: ilusiones fiscales de unos recursos que no existen o son imposibles de obtener.
Las propuestas del ‘tigre’
El programa de la ‘patria milagro’ es generoso en propuestas que aumentan el gasto público: 10 billones de pesos para el plan de choque en salud; aumento de 250.000 a 600.000 pesos mensuales de las transferencias a adultos mayores (lo que puede costar unos 4 billones anuales); 2 billones de pesos para compra directa de cosechas a campesinos; 5 billones para 100.000 subsidios de vivienda, reducción de la tasa de crédito hipotecario a 2 por ciento anual y créditos al 0 por ciento para innovación.
Además, hay otras propuestas de gasto con montos no especificados como el aumento del gasto militar para la guerra contra los grupos armados, la construcción de 10 mega cárceles y el aumento del gasto en la rama judicial para el ‘bloque de búsqueda contra la corrupción’. Todas son propuestas buenas y necesarias, pero ¿con qué plata se van a financiar?
Además, por el lado de los impuestos hay propuestas concretas para reducir la carga tributaria como eliminar el 4x1.000 (reduce 18 billones de pesos de ingresos tributarios), bajar los impuestos a la gasolina (no se dice cuáles ni cuánto) o eliminar el impuesto al patrimonio, y otras todavía indeterminadas como reducción de impuestos a empresas que generen empleo de calidad.
Como hay tantas promesas todavía no cuantificadas, no es posible estimar con certeza cuánto sería el aumento del gasto público —incluyendo el gasto tributario—, pero una primera aproximación daría una cifra superior a los 40 billones de pesos, es decir al 2 por ciento del PIB, con lo cual, si no hay fuentes de recursos nuevos, el déficit fiscal llegaría casi a 8 por ciento del PIB.
El programa milagro promete que “se estabilizará el déficit en —4.8 por ciento del PIB en los primeros 360 días y que se proyecta llevar el déficit fiscal a niveles inferiores al —3.5 por ciento del PIB”. Para cumplir esta promesa, tomando en cuenta los aumentos de gasto señalados, el mismo programa anuncia un “plan de choque generará un ahorro estructural de 70 billones de pesos anuales (aprox. 3.1 por ciento del PIB)”. Para lograr la meta de mediano plazo se requiere un ajuste adicional de 35 billones de pesos.
¿Cómo se financia el milagro?
Según el mismo documento, el ajuste plan de choque incluye “se divide en 31.8 billones de pesos por optimización del Estado (incluyendo eliminación de la nómina politiquera), asignación adecuada de subsidios a quien en realidad los necesita, y mayor recaudo anti—evasión (DIAN) y venta de activos improductivos”.
En otro de los documentos de la campaña, la financiación de este milagro incluye estos ocho componentes:
Hay que reconocer que las propuestas de la campaña son menos radicales que la de algunos de los tigrillos asesores del candidato, que proponen un recorte del Estado por 70 billones, incluyendo la eliminación de 14 ministerios (“ahorro” de 8 billones), recorte de las transferencias a las regiones (SGP) (“ahorro” de 7.5 billones), eliminación de 49 entidades estatales (“ahorro” de 21 billones), y acabar con la educación pública (“ahorro” de 17 billones).
No aparece escrito en ningún documento, pero en el publirreportaje que le hizo una emisora al candidato y a su vicepresidente, ambos mencionaron una disminución en el pago de intereses de la deuda interna y externa, diciendo la palabra prohibida que nunca ha usado Colombia: ¡restructurar la deuda! Si los mercados les creyeran, entrarían en pánico.
Del milagro a la realidad
De las fuentes de recursos señaladas, unas son factibles, pero solo en el mediano o largo plazo y no en cuatro años de gobierno, y otras son imposibles de lograr con la Constitución actual. El aumento de la producción de hidrocarburos, cobre o níquel requiere mínimo cuatro o cinco años para que sea realidad y empiece a generar regalías; además está el pequeño detalle de que las regalías no pertenecen al gobierno central y no disminuyen el déficit fiscal. Un exministro de Hacienda debería saberlo.
También sorprende que una persona con la experiencia y el conocimiento del exministro Restrepo no sepa de la inflexibilidad del gasto público y de la casi imposibilidad de achicar el Estado sin un cambio en la Constitución. También que no diga cómo ahora sí va a reducir la corrupción, lo que no pudo hacer cuando fue ministro.
Un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana muestra que el 91.5 por ciento del presupuesto no se puede modificar: SGP, servicio de la deuda, gasto en pensiones, salud y otras transferencias ya están comprometidos. En cuanto al gasto de personal, solo el 12 por ciento (14 billones) corresponde a la rama ejecutiva, y el resto a defensa, rama judicial, educación y salud.
Otro mito recurrente es que el ajuste fiscal se puede hacer recortando un supuesto exceso de burocracia y personal, en el que se ha llegado a decir que se recortarían 700.000 empleos públicos. Sin desconocer que en el actual gobierno se ha incrementado la contratación de personal, el mismo informe de la UJ muestra la realidad del empleo público y su evolución en los últimos cuatro años.
Como se observa, el 92 por ciento de los empleos públicos corresponden a Educación, Defensa y Policía y Rama Judicial (incluyendo Fiscalía, Contraloría y Procuraduría), y solo el 8 por ciento a la Rama Ejecutiva. Es una ilusión que se pueda reducir el número de empleados públicos en las magnitudes mencionadas, y recortar 40 por ciento el aparato estatal en Colombia es una quimera que ni siquiera la motosierra de Milei o Elon Musk podrían lograr.
4 comentarios
