Los días críticos de la seguridad en Antioquia y la historia del video que desató la polémica

El video es claro. Aparecen cinco hombres que llevan armas largas y visten de negro. Uno de ellos lee una declaración y saluda de manera especial a los habitantes de las veredas Las Acacias, Almería, La Palmera, La Chapa y Madera, del municipio del Carmen de Viboral, así como a los habitantes de otras cinco poblaciones de La Unión. El hombre dice que es un llamado a la comunidad de la región del oriente antioqueño para informarle sobre la presencia de la organización criminal autodenominada Conquistadores de Oriente.

La grabación alborotó la cotidianidad de varias poblaciones de Antioquia y puso sobre el tapete la difícil situación de orden público en que viven las comunidades en varias subregiones. Además, abrió un debate entre las autoridades departamentales y algunas organizaciones independientes, recordó el pulso político entre el gobernador Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro, por el tema de la seguridad. 

En sus primeras palabras, el vocero de la supuesta organización ilegal invita a la gente a no dañar su tranquilidad permitiendo la presencia de grupos ajenos a la región y dice que están comprometidos con el respeto por los campesinos y el bienestar de la región. 

“Nuestra presencia es permanente y tiene como objetivo garantizar la seguridad, prevenir la delincuencia no organizada y fortalecer la convivencia pacífica. En coordinación con toda la comunidad, serán objetivo militar todos los cuatreros, ladrones, violadores y colaboradores de otros grupos”, remata el encapuchado.

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El video fue revelado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), una organización no gubernamental que monitorea y hace seguimiento a los casos de violación de derechos humanos y conflicto armado en Antioquia. “Al parecer, surge un nuevo grupo armado ilegal en la subregión del oriente antioqueño”, decía parte del mensaje que acompañaba el video. Pero, las autoridades locales salieron a desmentir la veracidad del mismo y cuestionaron la credibilidad de Corpades.

El Departamento de Policía de Antioquia afirmó que el nuevo grupo no existe ni opera dentro del departamento y que el video publicado presentaba alteraciones en el audio y la edición. La institución incluso señaló que “el contenido del video tiene como propósito generar temor y confusión en la ciudadanía, afectando la tranquilidad y pudiendo favorecer fines delictivos como la extorsión o la manipulación informativa”. Esa posición sobre el video fue respaldada por el secretario de seguridad departamental, el general (r) Luis Eduardo Martínez.

Para Corpades la posición de la Policía de Antioquia “es temeraria, irresponsable y sin fundamento”. En respuesta y como prueba, presentaron otro video, que dicen fue grabado hace varios meses en el marco de una investigación sobre los orígenes y movimientos de nuevos grupos armados ilegales en el oriente antioqueño.

En el nuevo material se ve a otro grupo de hombres formados en estilo militar y dando una especie de reporte de guerra a los Conquistadores de Oriente. Es un video corto pero también explícito.   

Fernando Quijano, presidente de Corpades, le dijo a CAMBIO que hicieron público el segundo video para que los “verdaderos expertos en inteligencia” determinen si el material ha sido manipulado o si, como insinuó la Policía, su ONG participa en supuestas acciones de manipulación informativa o extorsión.

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Como defensa a su trabajo, Quijano señaló que en estos años, 16 de sus integrantes han sido asesinados en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, por lo que hizo responsable a la Policía Nacional de cualquier agresión, amenaza o atentado que pueda presentarse contra los actuales miembros.

Las cifras alertan

Reportes recientes de las comunidades de varias subregiones, compartidos a través de redes sociales, dejan clara la realidad del departamento. Las cifras oficiales sobre crímenes sobrepasan la polémica de los videos. Los datos comparativos entre 2024 y 2025 indican que la situación de orden público ha empeorado en un número importante de municipios. 

Uno de los casos de violencia más recientes ocurrió el 3 de noviembre, en Abejorral, cuando sicarios acabaron con la vida de Yhojan Simón García Duque. El joven de 20 años fue atacado cuando se encontraba en un local comercial. Este fue el quinto homicidio registrado en este municipio del oriente en lo que va de 2025. Ese mismo día fue reportado un doble crimen en Marinilla. Sucedió en la Ciudadela Artesanal y entre las víctimas se identificó a un menor de edad. Con ese hecho, el municipio acumuló 21 crímenes este año.

Los datos de Corpades indican que 10 municipios del oriente del departamento registran un incremento de más del 100 por ciento en casos de homicidios, en el periodo de enero a octubre, con respecto a 2024. Entre estos se destacan Nariño que, por ejemplo, pasó de 0 a 5; San Luis y San Rafael pasaron de 1 a 4; Granada, La Ceja del Tambo y San Francisco de 0 a 2; La Unión, de 6 a 14; y El Carmen de Viboral, de 8 a 16. 

En resumen, esta subregión pasó de 138 a 156 y 13 de los 23 municipios que la conforman reportaron incrementos en los casos de muertes violentas impulsados por disputas territoriales y posibles fallas de las políticas públicas de seguridad.

Movimientos y luchas locales

No es una situación exclusiva del oriente del departamento; en varias zonas de Antioquia se vive un proceso de recrudecimiento de la violencia desde hace largos meses. Como prueba están las cifras de homicidios de 2024. El nordeste, por ejemplo, pasó de 155 casos en 2023 a 196 el año pasado, con un incremento del 26,5 por ciento. En el norte, la cifra aumentó de 140 a 154 en 2024, lo que representó un crecimiento del 10 por ciento. En ambas regiones, este aumento estuvo asociado a la disputa entre el Clan del Golfo y la alianza conformada por el ELN y las disidencias de las Farc. El oriente, por su parte, reportó un incremento de ocho casos, al pasar de 200 en 2023 a 208 en 2024; mientras que el suroeste registró un caso más, aumentando de 241 en 2023 a 242.

El caso del supuesto grupo Conquistadores de Oriente tampoco es el único reportado en los últimos meses en Antioquia, en donde parece haber una reorganización criminal por la aparición de nuevas estructuras.

Quijano dice que algo que termina agravando las fallas de las políticas de seguridad en el departamento es el negacionismo de las autoridades. Corpades cree que la presencia de actores armados ilegales, el tráfico de sustancias y la extorsión se han apoderado de amplias zonas urbanas y rurales.

En algunos casos se trata del fenómeno de expansión de estructuras consolidadas, como es el caso de los hombres de Iván Mordisco. En otros, es la reacomodación, transformación y reorganización de estructuras. Todo con una característica principal: a diferencia de años pasados, ahora estos grupos le apuestan a tener presencia tanto en zonas rurales como urbanas.

Estos movimientos se sienten y han sido reportados por habitantes, especialmente en el bajo Cauca, en el norte, el oriente y suroeste del departamento. Por eso, Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, coincide en que el panorama de seguridad en Antioquia es muy complicado.

El investigador explicó que en el suroeste hay una guerra a muerte entre sectores de La Oficina y el Clan del Golfo por el control de plazas. Y que todo indica que ha llegado un grupo de las disidencias de las Farc que ha comenzado a actuar por los lados de Betulia, en el sureste. En el occidente, cuenta, también hay enfrentamientos por la presencia del Clan del Golfo, en zonas de Sonsón y más hacia el Magdalena Medio. En el Bajo Cauca, en el norte y el noroeste hay combates fuertes entre la alianza del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con los frentes 18 y 36 de las disidencias, contra del Clan del Golfo y la Fuerza Pública. Y en el caso de Urabá se reconoce un control más grande del Clan del Golfo.

Esas guerras locales, según el analista, están generando procesos de desplazamiento forzado silencioso, como ocurrió de manera reciente en Santo Domingo; o casos de confinamiento, como han sido reportados en repetidas ocasiones en el municipio de Tarazá.

Lo grave, según Quijano, es que las autoridades “parece que siguen con la estrategia de ocultar información o bajarle el tono para darle manejo a la sensación de seguridad”.

“Nunca lo hemos negado”

El secretario Martínez respondió a las críticas y le dijo a CAMBIO que nunca han negado la delicada situación de algunas zonas de Antioquia, ni la presencia de estos grupos. Además, reconoció que en la subregión del oriente se está presentando una recomposición enorme de las organizaciones criminales y una expansión, sobre todo del Clan del Golfo que mantiene confrontaciones por temas de microtráfico y minería ilegal.

“Nunca negamos la situación real. Tenemos alrededor de 100 oficios dirigidos al Ministerio de Defensa pidiéndole apoyo con capacidades diferenciales, en año y medio de este gobierno. Hay un problema que desbordó las capacidades de las fuerzas del territorio y creemos que desde el nivel central se tiene que venir a atender la situación”, señaló el secretario, que cree que Antioquia necesita una atención especial del Estado, similar a la que se está haciendo en el Cauca. 

Martínez dice que el Ministerio les responde las comunicaciones, pero, en su visión, esto no es suficiente, porque más allá de las capturas, los bombardeados y los delincuentes dados de baja, quieren que el Ejército ocupe el territorio y opere sostenidamente en esas áreas. “Pero no nos han hecho caso”, insistió el secretario.

Como medida preventiva, cada ocho días las autoridades locales, lideradas por la Secretaría de Seguridad, según Martínez, realizan consejos de seguridad con el  Ejército, la Fiscalía, la Policía y los alcaldes. “La gente quiere que se garantice la seguridad, poder desplazarse de un sitio a otro, sin amenazas, que logremos reducir tanto homicidio, porque a pesar de que hace parte de un conflicto entre estructuras delincuenciales, son vidas humanas que se están perdiendo. No sé si es que el Gobierno central no tiene las capacidades para atender los requerimientos ante tanto problema”, agregó.

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El Ministerio de Defensa, por su parte, dijo que tienen clara la situación del departamento, ya que este concentra el 14 por ciento de los combates activos del país, y que han mantenido una comunicación directa y constante con la Gobernación de Antioquia y su Secretaría de Seguridad, mediante un asesor regional del Ministerio.

En cuanto a las operaciones militares y policiales, la cartera señaló que han realizado despliegue inmediato de tropas en zonas críticas, como en Amalfi, Anorí y Briceño, ante tomas o ataques de grupos armados. Y que en varios de estos casos se enviaron más de 220 efectivos y piezas de artillería a zonas rurales, con incremento de los efectivos en operaciones específicas en zonas críticas como el Bajo Cauca, noroeste y suroeste.

“Como complemento se cuenta con una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) para movilizar tropas a los puntos con novedades. Se han realizado cinco bombardeos, cuatro de ellos en 2025, contra estructuras del ELN y el Clan del Golfo”, explicó la cartera. El Ministerio también anunció que tiene previsto el ingreso de 1.089 nuevos policías al departamento de Antioquia a finales de noviembre de 2025.

Mientras llegan soluciones reales, las comunidades siguen entre balas y amenazas y los casos de homicidios se acumulan. Y la gravedad de la situación parece exigir un trabajo coordinado más fuerte entre la administración departamental y el Gobierno nacional, un plan militar y humano que esté por encima de las rencillas personales y diferencias políticas, del gobernador Rendón y el presidente Petro.