De la Espriella toma el control del presupuesto de 2027
El Congreso devolvió al Gobierno el proyecto de presupuesto que dejó radicado la administración Petro. La decisión abre la puerta para que el nuevo mandatario replantee las cuentas de 2027, ajuste el gasto y marque sus propias prioridades, justo cuando el terremoto pone nuevas presiones sobre las finanzas públicas. ¿Qué puede cambiar ahora?
La crisis que ha generado en Colombia el terremoto de 7,4 grados en el occidente del país es el primer gran reto del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en una coyuntura en la que el mandatario no solo está estrenando cargo, sino que recibe una economía con muy poco margen de maniobra.
“Nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja de la historia republicana del país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos de tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”, lamentó el presidente en una declaración a medios.
Sin embargo, a De la Espriella y a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ‘se les hizo el milagro’ esta semana en el Congreso de la República. Las comisiones económicas decidieron devolverle a Hacienda el proyecto de presupuesto general para 2027 que había dejado radicado el Gobierno Petro para que lo revise y lo vuelve a presentar.
Es decir, el nuevo Gobierno ya no tendrá unas cuentas amarradas para el próximo año a un presupuesto de 575,6 billones como planeaba la administración Petro, ni dependerá tampoco de la aprobación de la reforma tributaria por 30 billones que dejó radicada el Gobierno anterior para completar los recursos necesarios para 2027.
También podrá redistribuir los recursos como lo considere, e incluso, comenzar el tan prometido plan de ajuste de gastos del Estado que ha repetido en la mayoría de sus declaraciones el presidente.
¿Se puede cambiar el presupuesto que dejó Petro?
Cada cuatro años, el presidente que asume el gobierno en la Casa de Nariño arranca su administración con un presupuesto heredado. Según estipula la ley, en los 10 días siguientes a la instalación del Congreso cada 20 de julio se debe radicar el proyecto del presupuesto general del año siguiente.
Por eso, en la noche del pasado 29 de julio, como uno de sus últimos actos como ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila radicó ante el Congreso el último presupuesto diseñado por el Gobierno Petro, correspondiente a la vigencia de 2027.
Para Ávila la apuesta era clara: dirigir el presupuesto fundamentalmente a los programas sociales y, en sus palabras, financiar también las obligaciones asociadas a la operación de la fuerza pública, la rama judicial, la nivelación salarial y “la preservación del poder adquisitivo de los servidores públicos".
Del total de los recursos, 367,7 billones se planeaban destinar a gastos de funcionamiento como la nómina del Estado, el pago de las pensiones, el aseguramiento en salud, la educación y las transferencias a departamentos y municipios; 118 millones para el servicio de la deuda y 90 billones para inversión.
El problema de ese proyecto era que la propuesta suponía un faltante de 30 billones de pesos en los ingresos, cuya financiación quedó atada a la aprobación de la reforma tributaria radicada también por Ávila, a menos de tres semanas de que terminara ese Gobierno.
El proyecto ya cargaba consigo varias críticas por ese ‘hueco’ en las cuentas e incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente adscrito al Minhacienda, aseguró que dicho proyecto “requería ajustes para garantizar su consistencia con la sostenibilidad fiscal”.
Dentro del calendario presupuestal también está establecido por ley que las comisiones económicas tienen un plazo hasta el 15 de agosto de cada año para solicitar modificaciones al presupuesto. Además, que el monto debe quedar aprobado antes del 15 de septiembre y el proyecto completo antes del 20 de octubre.
En la historia fiscal reciente del país los antecedentes de una devolución del presupuesto de parte de las comisiones económicas son pocos.
En 2003 le devolvieron al Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe el proyecto para la vigencia de 2004 bajo un argumento de homeóstasis presupuestal, que exige congruencia entre el crecimiento del presupuesto y el crecimiento de la economía para evitar un desequilibrio macroeconómico. El entonces ministro, Alberto Carrasquilla, ajustó el presupuesto y se tramitó nuevamente. Pero esta es la primera vez que se devuelve un presupuesto del año de transición de gobierno.
El espaldarazo del Congreso
En su primera aparición oficial como ministro ante el Congreso, el titular de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, se aclaró la voz, tomó el micrófono y agradeció a las comisiones económicas conjuntas por apoyar la solicitud de retiro del presupuesto.
“Es una primera medida que nos va a permitir hacer las enmiendas necesarias para que el presupuesto que sea considerado por el Congreso de la República sea consistente”, dijo.
Aunque los plazos del ciclo presupuestal le permiten por ley a Hacienda devolver el presupuesto antes del 30 de agosto, el ministro se comprometió a tener listo el nuevo texto antes de la fecha, el 26 de agosto, para que el Congreso tenga un plazo más amplio para estudiar el presupuesto.
Las comisiones avalaron una proposición de devolución presentada por los representantes Guillermo Alvira, del Partido Conservador, y John Édgar Pérez de Cambio Radical.
Entre los argumentos que presentaron los congresistas incluían el concepto que emitió el CARF sobre el proyecto y la incorporación de 30,2 billones de recursos contingentes, sujetos a la aprobación de una reforma tributaria por el Congreso, como una iniciativa que no está consolidada actualmente.
Varios los congresistas mostraron su apoyo a la iniciativa, como Pedro Paternina, representante a la Cámara por el departamento Sucre (Partido Liberal) e integrante de la Comisión Tercera, quien aseguró que “como se lo dije al ministro de Hacienda: La plata no falta; lo que sobra es desorden y gastos desproporcionados del Gobierno anterior. Tengo la fórmula para que el Gobierno ahorre entre 9 y 13 billones, sin tocar un solo derecho de los colombianos”.
El congresista Paternina afirma que el grueso está en las transferencias no obligatorias y, según sus cuentas, en 22,5 billones que no son Sistema General de Participación, ni pensiones, ni salud, ni universidades sino subvenciones, convenios y apoyos.
El representante propuso reducir la adquisición de bienes y servicios tales como viáticos, publicidad oficial, eventos, arriendos, vehículos y esquemas no esenciales. Suspender y fusionar entidades con funciones duplicadas y eliminar embajadas que no son necesarias para el país.
José Luís Abdala, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba y miembro del partido Cambio Radical, fue otro de los votos que respaldaron la propuesta y destacó la importancia de que el presupuesto sea aprobado en concordancia con los principios de sostenibilidad fiscal y coherencia macroeconómica.
“No se trata simplemente de aprobar cifras, sino de garantizar que los recursos públicos estén respaldados, que las cuentas sean sostenibles y que las decisiones que tomemos hoy no comprometan el futuro del país”, dijo el integrante de la comisión tercera, quien espera un nuevo presupuesto ajustado de parte del Gobierno de De la Espriella.
Los retos de un nuevo presupuesto
Los apoyos para el nuevo presupuesto no están sólo dentro del Congreso. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo considera que la decisión de las comisiones económicas fue la correcta.
Restrepo asegura que el presupuesto que dejó Petro sobreestimó en cerca de 60 billones los ingresos y buena parte del “gasto inflado” se proponía en base en dichos estimativos.
“Resulta además muy lógico que sea el nuevo gobierno el que fije las prioridades del gasto público para el año entrante; en vez de ir al remolque de prioridades que no eran las suyas. Esto se logra con la figura de la devolución del proyecto de presupuesto; figura autorizada en el estatuto orgánico del presupuesto”, explica el exministro.
Pero también hay quienes advierten que cambiar el presupuesto no será algo sencillo por las inflexibilidades de gasto que tiene el país. Más si se tiene en cuenta que el ministro de Hacienda y el presidente han prometido no subir impuestos, y por el contrario, eliminar algunos como el impuesto al patrimonio, lo que representaría menos ingresos.
Como en todo gobierno que empieza, el de Abelardo de la Espriella ha hecho varias promesas que implican recursos: 10 billones para la salud, subsidios de vivienda, fortalecer las fuerzas militares, las regiones y la inversión. Sin contar ahora esta emergencia.
“Veo imposible bajar impuestos, reducir el déficit y cumplir las promesas de gasto del gobierno”, dice el economista Mauricio Cabrera. Para el experto, es un tema aritmético. Si se quita el servicio de la deuda, el sistema general de participaciones y todos los demás gastos inflexibles queda alrededor de 10 por ciento del presupuesto disponible.
“El gobierno puede hacer dos cosas, o cambiar el destino de esa parte flexible, para desfinanciar o marchitar proyectos del gobierno anterior y dedicarse a otros proyectos, o recortarlos. ¿Pero qué va a recortar? Esa es la reflexión. Ahí hay vías, subsidios y programas sociales”, cuestiona Cabrera.
Aún es temprano para conocer los ajustes menores, o cambios profundos, que presentará el nuevo gobierno para el presupuesto del próximo año. Esta devolución es una ventana para que el presidente De la Espriella acelere sus promesas de campaña de un recorte estatal radical y reorganice el gasto en relación a lo que considera, o no, prioritario.
Sin embargo, el ministro Gómez también deberá sopesar las nuevas necesidades del país tras el terremoto que cambiarán, seguramente, toda la agenda económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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