Corrupción y evasión: los billones que todos los presidentes prometen recuperar, pero nadie ha logrado cobrar
La corrupción le cuesta cerca de 100 billones al país al año. Crédito imagen: CAMBIO - Fotoilustración Yamith Mariño.
Las promesas de recuperar los recursos que se pierden por corrupción y evasión de impuestos han acompañado a casi todos los gobiernos. Son billones. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, volvió a poner esas cifras sobre la mesa como una fuente clave de financiación, pero los expertos advierten que convertir esas pérdidas en ingresos efectivos para el Estado es mucho más complejo de lo que sugieren los discursos políticos.
Un ‘empalme anticorrupción’, a manera de auditoría exhaustiva para hacer un corte de cuentas sobre el “descalabre” y el deterioro institucional que, según el presidente electo Abelardo de la Espriella, le está heredando el gobierno de Gustavo Petro.
Como todos los candidatos de la presidencia, De la Espriella prometió luchar contra la corrupción, y la evasión de impuestos, recuperar esos recursos, y aprovecharlos en un escenario en el que las finanzas públicas del país están en rojo.
Según cuentas que ha presentado en varios escenarios el nuevo presidente, el país está perdiendo al año 90 billones de pesos por corrupción, 110 billones en evasión fiscal y más de 100 billones de pesos en exenciones tributarias, además de “otros cuántos billones en despilfarro”. Y mientras también propone un recorte sustancial del Estado y renegociar la deuda nacional, el nuevo jefe de Estado, como muchos antes que él, planea controlar esos recursos, una propuesta compleja de materializar.
El problema de la corrupción
La corrupción es un mal que afecta a prácticamente todos los países. Sin embargo, la percepción de la corrupción es mucho más marcada en América Latina, África y Asia en comparación con otras regiones del mundo. Es un problema estructural.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional es un indicador que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público. En 2025 Colombia recibió una puntuación de 37 sobre 100, lo que lo ubica en la posición 99 entre los 182 países y territorios evaluados en el reporte. El promedio mundial es de 42/100.
“La corrupción no es inevitable. Los países con mejoras a largo plazo en las puntuaciones del IPC han mostrado en gran medida un esfuerzo sostenido de los dirigentes políticos y los entes de regulación para aplicar amplias reformas legales e institucionales”, advierte Transparencia Internacional.
Por eso combatir la corrupción es una meta, y una promesa, de prácticamente todos los políticos colombianos.
“Contar con la plata que produciría la lucha contra la corrupción o la lucha contra la evasión no es realista. Muchos gobiernos han hecho intentos en esa dirección, pero realmente se logra muy poco”, advierte Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.
Zuleta comenta que es difícil saber cuánto cuesta la corrupción y la evasión de impuestos a ciencia cierta, pero reconoce que ha habido cálculos de entidades del gobierno y estudios que han hecho esfuerzos por estimar el costo de esta problemática.
“En la época del contralor Edgardo Maya (2014-2018) se calculaba que eran cerca de 60 billones de pesos al año, aunque el cálculo depende mucho de la metodología”, comenta Zuleta.
De igual forma, según datos de la Auditoría General de la República, un organismo autónomo de vigilancia de la gestión fiscal, anualmente se pierden alrededor de 50 billones de pesos en el país.
Incluso, algunos estudios independientes van más allá. Transparencia por Colombia presentó hace dos años una ‘Radiografía de Hechos por Corrupción’, la cual analizó 1.243 casos documentados por la prensa nacional y territorial entre 2016 y 2022.
En esos años se cuantificó que 137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción asociados a contratos, obras o servicios; 21,28 billones se perdieron por hechos de corrupción, terminando en manos de actores corruptos, y 9,08 billones fueron recuperados por las autoridades competentes mediante la imposición de multas, sanciones o acciones como la exigencia de la devolución de esos recursos.
“Las estimaciones que suelen circular en el debate público provienen de metodologías muy distintas y no permiten medir de manera rigurosa el costo total del fenómeno. La corrupción adopta múltiples formas —sobornos, captura del Estado, contratación irregular, clientelismo, entre otras—, lo que hace muy difícil cuantificarla de manera precisa”, comenta Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de la firma Lumen Economic Intelligence.
Aunque no sea posible afirmar una cifra única en materia de corrupción, sí hay un consenso en relación a que sus costos económicos y sociales son muy elevados.
Si se toma el cálculo de cerca de 60 billones que le cuesta al año la corrupción al país según los estimativos de las entidades estatales, se podrían cubrir, por ejemplo, todos los recursos que necesita el país en inversión en el presupuesto general anual, o el equivalente al presupuesto de los sectores de ambiente, cultura, agricultura, ciencia, deporte, los programas de inclusión social, minas y energía, TIC, vivienda, los organismos de control y la Registraduría.
La evasión de impuestos, la otra piedra en el zapato
Aunque no existen cifras confiables sobre el costo de la corrupción en Colombia, en contraste, sí hay estimaciones técnicas relativamente robustas en el caso de la evasión tributaria.
Según cálculos elaborados por Mejía, Colombia pierde anualmente alrededor del 5,2 por ciento del PIB por evasión de impuestos, equivalente aproximadamente a una tercera parte del recaudo tributario del país.
Según el economista, la mayor parte corresponde a la evasión del impuesto de renta de personas jurídicas (3,4 por ciento del PIB), seguida del IVA (1,1 por ciento del PIB) y del impuesto de renta de personas naturales (0,7 por ciento del PIB).
En 2020 se conformó en el país una Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, entre el gobierno nacional, en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y otros expertos independientes los cuales presentaron un reporte un año después.
“Hicimos una serie de ejercicios de gasto tributario que se llevaron a cabo hasta 2022. Encontramos que solo en el impuesto de renta de personas jurídicas y en el impuesto de renta de personas naturales, más el IVA, en beneficios tributarios se dejaron de recaudar 102 billones en 2021”, le dijo a CAMBIO Lisandro Junco, exdirector de la Dian y quien en su momento presidió la Comisión.
Ese dato se actualizó en 2022, y resultó en 129 billones, alrededor del 8,8 por ciento del PIB.
Colombia es un país en el que aproximadamente cada año y medio se radica una nueva reforma tributaria en el Congreso, y esos casi 130 billones en gabelas tributarias son un tema que según varios expertos hay que revisar.
Pero el país no solo pierde impuestos en beneficios tributarios a diferentes sectores, otra tajada importante está en la evasión de impuestos. Según Junco, la evasión en el impuesto de renta e IVA puede ser cerca del 30 por ciento del recaudo. Cerca de 100 billones anuales. Una cifra con la que también coincide Zuleta, el decano de Economía de la Universidad de los Andes.
El recaudo de impuestos de Colombia como porcentaje del PIB es del 22,2 por ciento, según datos la Ocde. Aunque esta proporción está por encima del promedio regional (21,3 por ciento) sigue estando muy por debajo de la media de los países de la Ocde (33,9 por ciento del PIB).
Y en un panorama económico como el que heredará el gobierno de De la Espriella, con altos niveles de deuda y un déficit desbordado, la necesidad de recaudar más recursos es apremiante.
Los retos para acabar con la corrupción y la evasión
Acabar con la corrupción y la evasión de impuestos es el sueño de cualquier gobernante, pero no es tarea sencilla. Tanto Mejía como Junco insisten en que una de las primeras tareas que podría implementar el nuevo gobierno es el fortalecimiento de la Dian.
Para Mejía, el reto no es simplemente endurecer las sanciones, sino fortalecer las capacidades institucionales del Estado. “Es fortalecer la Dian con mejor talento humano, mayor capacidad tecnológica, interoperabilidad de bases de datos, mejores mecanismos de fiscalización y un régimen de sanciones más efectivo”, dice. Sumado a esto, también considera importante reducir el uso del efectivo en transacciones de alto valor y mejorar el intercambio de información entre entidades públicas.
Junco habla por otro lado de los problemas que tiene el diseño del sistema tributario, la estructura económica y la capacidad institucional.
“Colombia tiene cada año más ingresos de impuestos dado que modifica permanentemente el estatuto tributario, pero eso queda una alta complejidad en las normas, y se crean exclusiones, excepciones y deducciones que terminan “erosionando la base gravable de los impuestos”, lo que facilita la elusión”, advierte el exdirector de la Dian.
A diferencia de la evasión de impuestos, que es una violación deliberada de las normas para evitar o reducir el pago de impuestos, la elusión son las estrategias legales que utilizan los contribuyentes para minimizar o evitar el pago de sus impuestos aprovechando vacíos, ambigüedades o lagunas en las leyes.
Por eso Zuleta propone también que se simplifique el estatuto tributario. “Entre menos exenciones y diferencias haya y entre más simple sea el estatuto, más difícil será evadir impuestos”, dice el académico.
En materia de corrupción, el desafío es más amplio, porque es un problema que responde a problemas sistémicos asociados al Estado. Según el decano de Economía de la U. de los Andes, hay que fortalecer mecanismos como el Secop, y Colombia Compra Eficiente.
Mejía también considera que se debe mejorar la contratación pública, y complementar estas acciones con el fortalecimiento de la transparencia en la financiación política y de la coordinación entre entidades de control, el aumento de la independencia de los organismos de control y de la justicia y la modernización de las capacidades de investigación mediante análisis de datos e inteligencia artificial.
Si bien es una meta deseable, no es realista pensar que cualquiera de estos fenómenos pueda eliminarse por completo. Incluso las economías más desarrolladas mantienen niveles de evasión y corrupción, pero no quiere decir que sea imposible.
El nuevo gobierno deberá trabajar en varios frentes de manera simultánea para lograr, por pequeño que sea, un avance en la lucha contra la evasión de impuestos y la corrupción.
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