¿Eliminar el impuesto al patrimonio en plena estrechez fiscal? El dilema de De la Espriella
Colombia es de los pocos países de la Ocde que mantienen un impuesto al patrimonio. Crédito imagen: CAMBIO - Estefanía Naranjo.
El Gobierno promete eliminar un impuesto que recauda más de un billón de pesos al año, mientras enfrenta unas finanzas públicas apretadas y necesita recursos para la reconstrucción tras el terremoto. ¿Qué tan conveniente es renunciar a ese recaudo?
El impuesto al patrimonio es una figura polémica: busca que quienes concentran las mayores fortunas contribuyan más al fisco y, en un país como Colombia —el tercero más desigual del mundo, según el Banco Mundial, solo por detrás de Sudáfrica y Namibia—, despierta amores y odios.
Por eso también se ha convertido en una bandera política. El expresidente Gustavo Petro lo incluyó entre los pilares de su reforma tributaria e intentó elevarlo en varias ocasiones. Ahora el presidente Abelardo de la Espriella, en cambio, propone eliminarlo.
“Mi gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión y el empleo. Lo dije como candidato y lo corroboro como presidente en ejercicio. El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, dijo el mandatario en su discurso de posesión.
Aunque el presidente lleva menos de dos semanas al frente de la Casa de Nariño, sus planes ya han cambiado drásticamente. El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto volcó las prioridades del nuevo gobierno a la reconstrucción del Chocó, el Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. Una tarea que el gobierno entrante ya estimó en, por lo menos, 30 billones de pesos. En un escenario fiscal, además, en que el gobierno tiene el agua al cuello con las cuentas públicas.
Aunque el impuesto al patrimonio le deja al país alrededor de un billón de pesos anuales, en este escenario cada peso cuenta, y si bien el primer mandatario y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, han prometido que no aumentarán los impuestos, la pregunta que surge ante la coyuntura es si el gobierno tiene espacio para recortar impuestos.
La “breve” historia del impuesto al patrimonio colombiano
El impuesto al patrimonio es un impuesto o tributo que grava la riqueza acumulada de una persona o empresa a diferencia de los demás impuestos tradicionales, que se aplican sobre los ingresos temporales.
En Colombia este impuesto lleva vigente, bajo distintas modalidades, tarifas y nombres por más de dos décadas y le ha dejado al estado alrededor de 53 billones desde entonces.
El impuesto se introdujo en principio con la Ley 863 de 2003 para financiar la seguridad pública en el gobierno de Álvaro Uribe y gravó tanto a personas naturales como jurídicas con un patrimonio líquido superior a 3.000 millones a una tarifa del 0,3 por ciento anual, la cual se aplicó hasta 2006. En su momento el impuesto se introdujo como un impuesto de carácter temporal.
Entre 2007 y 2011, tras la reforma tributaria de 2006, el gravamen se prorrogó y la tarifa subió a 1,2 por ciento, pero después de la ola invernal de 2010 y en medio de la emergencia económica se establecieron unas tarifas progresivas entre 2,4 y 4,8 por ciento, bajo la promesa de un cobró de una sola vez pero con cuotas anuales diferidas hasta 2014.
Luego, en 2014, el impuesto cambió de nombre y de tarifas y pasó a llamarse el impuesto a la riqueza. En su momento también se creó como un impuesto temporal, para aplicarse entre 2015 y 2018. El impuesto usaba un esquema 'degresivo' o de amortización decreciente, es decir, que permite que los primeros años se impute un mayor valor y conforme pasan los años se reduce de forma progresiva.
Con la reforma tributaria de 2018 volvió el concepto del impuesto al patrimonio, pero solo enfocado en personas naturales, con patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos. Esto hasta que la reforma tributaria de Gustavo Petro volvió permanente el impuesto: aplica a las personas naturales con un patrimonio líquido superior a 72.000 UVT, aproximadamente 3.800 millones.
En las reformas que presentó el gobierno Petro 2024 y 2025 su propuesta era bajar esa base gravable a 40.000 UVT, alrededor de 2.090 millones, pero ninguno de los dos proyectos prosperó en el Congreso.
Este año, en el marco de la emergencia económica decretada por el gobierno Petro para atender las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, se decretó un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Es decir, para las empresas.
El tributo se aplicó para las empresas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026; es decir, alrededor de 10.474 millones de pesos.
Esta fue una decisión que ha sido ampliamente cuestionada, pues a nivel internacional este impuesto se concentra en general en personas de altos recursos, no en el aparato productivo.
La Corte suspendió provisional y parcialmente el cobro del impuesto para entidades sin ánimo de lucro y entidades del régimen especial, pero el impuesto al patrimonio empresarial sigue siendo ampliamente cuestionado en el país.
Su impacto ha sido ampliamente estudiado por varios expertos. El centro de estudios económicos Anif, por ejemplo, ha cuestionado en varias ocasiones que este es un impuesto “costoso para la inversión”, y que en un contexto de competencia global por capital, esta medida puede deteriorar la percepción de Colombia como destino de inversión, más aún cuando este tipo de impuesto es poco común a nivel internacional.
Un impuesto impopular
El impuesto al patrimonio se usó por décadas en varios países del mundo, pero según registra Tax Foundation, un centro de investigación y análisis de política fiscal sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, la mayoría de las naciones europeas que lo implementaron en el siglo XX (como Suecia, Alemania, Austria y Francia en su formato tradicional) lo han eliminado por los altos costos administrativos y la movilidad de las grandes riquezas. Otras naciones, como Francia, lo han sustituído por un impuesto enfocado solo en inmuebles de alto valor.
Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), además de Colombia, solo España, Suiza y Noruega tienen impuesto al patrimonio.
Luis Fernando Mejia, exdirector de Fedesarrollo y CEO de la firma Lumen Economic Intelligence, comenta que Colombia es una excepción dentro de una tendencia internacional que ha llevado a abandonar este tipo de impuestos por sus bajos niveles de recaudo y sus efectos sobre el ahorro, la inversión y la movilidad de los capitales. Por eso, dice el experto, la eliminación del impuesto al patrimonio es necesaria
Según explica Mejía, aunque es un impuesto que luce progresivo, tiene dos problemas de fondo.
“En ausencia de un mecanismo global de tributación, incentiva el traslado de los grandes patrimonios a otras jurisdicciones; y es altamente distorsionante, porque grava el capital con independencia de su rentabilidad: una tarifa de 1,5 por ciento sobre un activo que rinde 3 por ciento real equivale a una tasa efectiva del 50 por ciento sobre rentas que ya fueron gravadas al generarse”, dice Mejía.
Datos de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) indican que el año pasado el país recaudó 1,22 billones de pesos por ese impuesto, alrededor del 0,6 por ciento del recaudo administrado por la entidad. Según cifras de la misma entidad, para el año gravable 2025 se registraron 34.229 declarantes del impuesto.
En contraste, señala, se ha evidenciado una caída del 24 por ciento en el número de declarantes y del 36 por ciento en el valor patrimonial reportado entre las personas con patrimonios superiores a 12.000 millones.
A esto se suma otro problema, advierte Mejía: quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por su patrimonio, sino que también dejan de pagar el impuesto de renta.
“La eliminación del impuesto al patrimonio es una medida necesaria para mejorar la estructura tributaria, reducir las distorsiones sobre el ahorro y la inversión e incentivar el retorno de capitales desde el exterior, incluyendo el de jugadores de fútbol, como anecdóticamente se ha observado en los últimos años”, comenta Mejía.
¿Vale la pena eliminar el impuesto en temporada de vacas flacas?
Aunque el impuesto al patrimonio representa un recaudo menor en comparación con otros impuestos como el de renta, el 4x1000 o el IVA, el nuevo gobierno deberá jugar sus fichas cuidadosamente para optimizar sus recursos.
Jaime Vargas, socio de Impuestos de Cuatrecasas, considera que un argumento a favor de la eliminación del impuesto es que su recaudación no es comparativamente alta, y su existencia sí ha generado la migración de capitales a otras jurisdicciones, “así como un sentimiento de malestar en los inversionistas, ya que el impuesto se lleva una parte significativa de las utilidades de la inversión”.
El experto considera que si se elimina como parte de una estrategia de repatriación de capitales que ayude a fortalecer el crecimiento económico, junto a otras decisiones y señales que restauren la confianza inversionista, sería una herramienta que puede ayudar.
“En realidad, la única ventaja del tributo es la recaudación que produce. Es un impuesto que castiga el ahorro y lo erosiona. La rentabilidad de la inversión se debe gravar con impuesto de renta, un impuesto al ahorro es negativo. En otros lugares en los que existe este impuesto, su tarifa es relativamente más baja y se concentra en una capa muy reducida de personas con altísimos patrimonios”, dice el experto.
Con esta postura coincide Luis Orlando Sánchez, socio de impuestos internacionales y transacciones de EY Colombia. El experto cree que su eliminación “tendría un impacto fiscal relativamente acotado frente al tamaño total de los ingresos tributarios de la Nación”, pero piensa que la discusión no puede limitarse al monto recaudado.
Así como Mejía, Sánchez advierte sobre el incentivo que crea este tipo de gravámenes para que personas con patrimonios altos trasladen su residencia fiscal.
“Desde una perspectiva estrictamente fiscal, eliminar el impuesto al patrimonio, en particular de personas naturales, parece viable dado su bajo peso relativo en el recaudo total. Ahora, la discusión no debería ser solo cuánto recauda este impuesto, sino si sus costos económicos y sus efectos sobre la inversión, el ahorro y la permanencia de contribuyentes de alto patrimonio justifican los recursos que aporta al Estado”, concluye el socio de EY.
Sánchez también cuestiona que este impuesto puede generar una situación de doble imposición, considerando que el patrimonio se ha acumulado a lo largo del tiempo a partir de rendimientos y utilidades que ya estuvieron sujetos a impuestos.
El problema del impuesto a las empresas
El impuesto al patrimonio sobre las personas tiene efectos adversos; sin embargo, las críticas son más complejas por el lado del gravamen a las empresas y ha generado importantes controversias jurídicas y económicas.
Para el impuesto al patrimonio creado de manera extraordinaria para personas jurídicas durante el estado de emergencia (Decreto Legislativo 0173 de 2026), el Gobierno informó un recaudo cercano a 5,1 billones, una cifra inferior a las expectativas iniciales, de 8,3 billones.
Por el lado jurídico, la Corte Constitucional aún no adopta una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Desde lo económico, convertir este gravamen en un impuesto permanente para las sociedades probablemente daría lugar a un intenso debate de política tributaria.
“El principal argumento en contra es que la riqueza, en última instancia, pertenece a las personas naturales, mientras que las sociedades constituyen instrumentos jurídicos para organizar y administrar dicha riqueza. En consecuencia, podría configurarse una doble imposición patrimonial: a nivel de la sociedad y, a su vez, a nivel de las personas naturales sobre el valor de sus acciones, salvo que se adopten medidas para evitarlo”, explica Sánchez.
Vargas, por su parte, considera que el impacto del impuesto no solo debe medirse sobre el patrimonio, sino también contra la capacidad de generar utilidades. “Es de ahí de donde va a salir el dinero para pagarlo”, cuestiona el experto, quien plantea como una “barbaridad”, por ejemplo, cobrar el impuesto en un año en que una empresa no genere utilidades, sino pérdidas.
“No siempre el impuesto al patrimonio ha gravado a las empresas. Pero cuando lo ha hecho, el resultado ha sido desastroso”, concluye el experto.
Desde lo teórico, el impuesto al patrimonio busca gravar a las personas con mayor capacidad económica, y tiene el propósito de fortalecer la progresividad del sistema tributario.
Las críticas del impuesto al patrimonio se centran en que se trata de un impuesto que castiga el ahorro, a pesar de que esta es la principal fuente para financiar inversiones futuras que, a su vez, generan más riqueza, y por ende más rentas que podrían tributar. Es una especie de círculo vicioso.
El presidente y el ministro de Hacienda deberán decidir en los próximos meses cuál será su apuesta para el presupuesto del próximo año y la reforma tributaria, si cumplirán su promesa de campaña o si, como otros gobiernos, aprovecharán los impuestos del patrimonio de los más ricos.
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