La Fiscalía imputó cargos a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por corrupción

Ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual. Según el ente acusador, la exfuncionaria habría direccionado un contrato por 4.950 millones de pesos.

Así como lo reveló una investigación de CAMBIO, en agosto de 2022 se emitió el decreto 1622 que ordenó al Ministerio del Deporte dirigir el proceso de contratación para la puesta en marcha de un software llamado Sistema de Validación Nacional, que permitiría asociar la boleta al documento de identidad de los asistentes de eventos de fútbol y la verificación de antecedentes para aplicar las restricciones de derecho de admisión en los estadios.

Sin embargo, una investigación dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia halló que en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado ni los procedimientos necesarios para determinar el precio del contrato ni el costo de las actividades planificadas. No obstante, sí se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos.

Además, se encontró que la ministra “habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. Aun así, fue seleccionado de manera directa”, dice la Fiscalía.

Según la entidad, Urrutia habría buscado en dos ocasiones a intermediarios para adjudicarles el contrato y los condicionó a subcontratar a una particular con quien, desde el inicio del proceso, se acordó que se quedaría con el proyecto.

“Los elementos de prueba demuestran que la exministra presuntamente desconoció las advertencias hechas en tres oportunidades por su equipo técnico y jurídico en relación con las maniobras ilegales desplegadas durante la contratación. Aun así, suscribió un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022”, explicó la entidad.

La Fiscalía asegura que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en “la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario”; y no se justificó la razón por la cual se contrató directamente.

Por otra parte, el decreto 1622 de 2022 también habilitó a la exministra Urrutia para contratar el “diseño e implementación del sistema de validación nacional”, pero según los hallazgos de la Fiscalía, fue contratado un objeto muy diferente: “El análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.

“En ese sentido, el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos eventos. Por suscribir los estudios previos y el acto administrativo de justificación plasmando hechos contrarios a la realidad”, señaló la entidad.

La Fiscalía no informó si Urrutia aceptó estos cargos o no.

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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 21, 2024

Firma de contratos en tiempo récord

En junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación ya había imputado a Urrutia el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por “su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos en desconocimiento de varias normas y principios esenciales en la contratación pública”. El cargo no fue aceptado por la investigada.

Según la Fiscalía, en ese entonces, luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitó públicamente la renuncia la noche del pasado 27 de febrero, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminados de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión que tenían una vigencia de cuatro meses. Sin embargo, cuatro días después fueron contratados nuevamente, pero a término del 31 de diciembre de 2023, es decir, por unos nueve meses.

“Para la Fiscalía, con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte”, señaló el ente acusador en su momento.