La ruleta rusa de trabajar en el Inpec: 35 trabajadores asesinados desde 2022
En solo siete días fueron asesinados cuatro funcionarios. Las autoridades anunciaron nuevas medidas, pero los líderes sindicales dicen que son insuficientes ante “una masacre sistemática”.
Por: Rainiero Patiño M.
La sangre inunda el pecho del dragoneante Jimmy Franklin Flores, mientras el hombre agoniza sentado en la silla delantera de su carro. Un curioso se acerca a fisgonear a través de la ventanilla, otras personas más corren y gritan alrededor. Segundos antes, dos sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta, le habían disparado a quemarropa. Las imágenes son atemorizantes y dolorosas. Además, prueban la cruel realidad que viven los miembros del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) por la amenaza de las bandas criminales. Una profesión peligrosa que arrastra un saldo trágico de 35 asesinatos en los últimos cuatro años.
Flores fue interceptado por los criminales en la esquina de la Diagonal 30 con Carrera 32, en el barrio de Los Conquistadores de Cali, mientras se dirigía a su casa después de terminar su turno administrativo en la cárcel de Villahermosa. El hombre, de 50 años, fue la cuarta víctima mortal en solo siete días por causa de la oleada de violencia actual contra los funcionarios carcelarios.
El 3 de octubre fue asesinado el dragoneante Manuel Antonio Becerra en Palmira, Valle del Cauca, mientras este se movilizaba en una bicicleta por el sector del Cementerio Central. Ese mismo día también mataron al dragoneante Miguel Ángel Muñoz frente a la cárcel Modelo de Bogotá. Muñoz, de 27 años, resultó con heridas mortales después de que cuatro hombres, a bordo de dos motocicletas, dispararon de manera indiscriminada contra el personal de la seguridad que se encontraba en la entrada, alrededor de las 6 de la mañana.
La cuarta víctima de estos días fue el médico Julián Campo Giraldo, de 39 años de edad, y quien también prestaba sus servicios profesionales en la cárcel de Villahermosa. El doctor fue asesinado también mientras se dirigía a su casa y su vehículo fue interceptado en una calle del barrio Belalcázar.
Organizaciones sindicales del Inpec creen que la situación es insostenible. Los ataques recientes suman también cinco funcionarios más heridos. El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, dice que estos atentados hacen parte de una ofensiva coordinada del crimen organizado y alertó sobre un posible plan pistola en varias regiones del país.
Para el funcionario, los ataques relacionados con una alianza de estructuras criminales que buscan desestabilizar la seguridad penitenciaria. Solo este año los funcionarios carcelarios han recibido 266 amenazas.
Una gran escalada
La ola de violencia en contra de los trabajadores de las cárceles se intensificó en 2023, cuando empezaron a circular panfletos amenazantes marcados con el logo de M.A.G.O. Un grupo autodenominado como “Muerte a guardianes opresores”, nombre que ha sido usado en panfletos para ratificar su responsabilidad en los ataques.
Según las denuncias de los mismos funcionarios, detrás de estos estarían organizaciones criminales como La Inmaculada, liderada por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá; y Andrés Felipe Flórez Sotel, alias Chinga Pipe, señalado de manejar rutas de microtráfico desde la cárcel Villahermosa, en Cali.
A las 10 de la noche del 1 de enero de 2023, según las investigaciones, en una calle del barrio Enciso fue hallado el cuerpo sin vida del guardián Jhonatan Osorio Trujillo, cuyo cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca.
En febrero se presentó el crimen de John Alan Lozano, trabajador de la cárcel de Tuluá. En marzo fue atacado con explosivo un vehículo del Inpec en la vía Pamplona - Bucaramanga. Días después, las disidencias de las Farc secuestraron a otro guardián. En abril fue reportada la desaparición del dragoneante Sebastián Castañeda Ochoa, quien fue raptado por hombres desconocidos en el momento en que se dirigía a un gimnasio en Jamundí, Valle del Cauca.
La lista de hechos violentos en contra de los funcionarios ocurridos ese año es más larga, pero entre estos se destacan el asesinato en septiembre de otro funcionario que pertenecía al grupo de guías caninos; y el desayuno sorpresa enviado al director de la cárcel Modelo de Bogotá que incluía una granada.
2024: otro año sangriento
El año 2024 también empezó con malas noticias. En enero se registraron ataques simultáneos a distintas cárceles del país, entre ellas las de Palmira y Buga, en el Valle del Cauca. Las fachadas de estos establecimientos fueron atacados con armas de fuego.
En febrero se registraron ataques contra funcionarios de las cárceles de La Plata (Huila) y El Pedregal (Antioquia). Circularon nuevos panfletos amenazantes de MAGO en redes sociales, en los que se anunció un “plan pistola”. Además, circuló un video en el que hombres encapuchados, portando fusiles y armas cortas, amenazaron a los guardianes del Inpec.
Ese mismo mes se presentaron atentados en contra de establecimientos de la región Caribe, por lo que el Ministerio de Justicia y las directivas del Inpec declararon la emergencia carcelaria. El tema se tornó más álgido en abril, cuando nuevamente aparecieron amenazas, con panfletos y videos de parte de MAGO hacia los trabajadores de las cárceles del Valle del Cauca, a lo que se le sumó un atentado en contra de un funcionario de la cárcel de Villavicencio.
En mayo de 2024 ocurrió uno de los hechos más repudiables y violentos. El día 17 de ese mes, dos semanas después de recibir las primeras amenazas, fue asesinado el coronel Elmer Fernández Velásquez, director de la Cárcel Modelo de Bogotá. Unos sicarios lo acribillaron sobre la Carrera 30, una de las vías más transitadas de la capital, cuando el funcionario se movilizaba sin escoltas y en una camioneta sin blindaje especial. En reemplazo temporal de Fernández fue nombrada la mayor Nancy del Socorro Pérez, quien también fue amenazada.
La racha criminal no paró. En la noche del 5 de agosto de 2024 dos sujetos armados asesinaron el dragoneante Richard José Hernández, quien después de cumplir su turno de trabajo se dirigía a su residencia en el barrio Finzenú, en Montería. .
La región Caribe siguió siendo una de las más peligrosas para los guardias. A comienzos del mes de septiembre fue asesinado Valentín Payares Pertúz, quien fue acribillado mientras regresaba a su casa, en el barrio Las Malvinas de Barranquilla. El hombre prestaba sus servicios en el centro carcelario El Bosque. En esos días también fue atacado a balas el centro carcelario de Valledupar.
Octubre llegó con peores noticias. Una patrulla del Inpec, que iba de Popayán a Cali, fue emboscada en la Vía Panamericana, en el Valle del Cauca. El saldo fue de dos muertos: el inspector Óscar Darío Bravo Pasuy y el dragoneante Michel Carlosama Pechene.
El 9 de noviembre hubo dos atentados en Bogotá. Uno ocurrió muy cerca de la Dirección general del Inpec; y el otro en inmediaciones de la cárcel La Picota, y al parecer fueron ejecutados por la estructura criminal denominada como Satanás. Tres semanas después fue instalado en un explosivo de menor poder en las cercanías de la propia dirección del Inpec. En diciembre fue anunciado por M.A.G.O otro “plan pistola”.
Voces de auxilio
Las cifras de los ataques registrados este año no son muy claras, los sindicatos y la dirección manejan informaciones diferentes. Pero para Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), la situación actual es “una masacre sistemática en contra de los trabajadores penitenciarios”. Por esto pidió la intervención directa del presidente Gustavo Petro, los ministros del sector, los gobernadores, alcaldes, el alto comisionado de la paz y la Fuerza Pública para que intermedien con las bandas criminales.
Robayo reiteró la alarmante cifra de ataques y víctimas fatales en los últimos cuatro años. “Es un llamado de auxilio decirles que nos están matando y que le den la relevancia y la importancia para terminar esta masacre en contra los trabajadores penitenciarios”, dijo Robayo en un mensaje casi en tono de súplica.
Johan Pardo, líder del sindicato de la OSP, dice que hoy la sensación es de temor y zozobra, porque se trata de situaciones repetitivas y para las que no se ven medidas suficientes.
“A nivel de los administrativos se habla de muchas renuncias y solicitudes de traslados, especialmente en el Valle del Cauca, que es donde está la situación más delicada y más compleja”, explica.
Para el líder sindical, esto también está causando serias afectaciones a nivel de salud mental, sobre todo en aquellos trabajadores que ya fueron víctimas de ataques y en sus familiares. El mismo Pardo tuvo que ser trasladado de la cárcel donde trabajaba, por motivos de seguridad.
Cada ola de atentados y ataques provoca una serie de anuncios de parte de la dirección del Inpec y del Gobierno nacional. Así como en estos días que se habla de unos planes de protección y medidas para mitigar el riesgo, sobre todo en los momentos de los relevos, en la entrada y la salida de los establecimientos.
Pardo y Robayo vienen advirtiendo que las medidas no son suficientes ni adecuadas.
“Son unas medidas que atacan el riesgo de manera momentánea. Por ejemplo, los anillos de seguridad alrededor de las cárceles. Esto ya se venía implementando en años anteriores y con el pasar del tiempo estas medidas pasan a un segundo plano o se dejan de implementar”, señala Pardo.
Más anuncios
Después de los lamentables hechos de esta semana, el director del Inpec anunció un paquete de 10 medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y la seguridad de los servidores penitenciarios.
Estas son:
-Suspensión preventiva de visitas en Bogotá y Valle del Cauca, sujeta a evaluación permanente.
-Alistamiento de segundo grado en todo el país para fortalecer la capacidad de respuesta institucional.
-Acompañamiento de la Policía Colombia y el Ejército de Colombia en horarios de ingreso, salida y desplazamientos del personal.
-Jornada laboral de 24 x 48, aplicada de forma excepcional en los ERON que lo requieran.
-Suspensión de traslados y remisiones en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca, salvo casos médicos urgentes o judiciales virtuales.
-Trabajo en casa y flexibilidad horaria para personal administrativo.
-Suspensión temporal del programa Buena Esa.
-Una feria exclusiva con la empresa de armas Indumil para el Inpec, en la que los guardianes van a poder adquirir armamento oficial.
-Capacitaciones sobre uso responsable, manejo y mantenimiento de armamento.
-Acciones de coordinación interinstitucional con las Fuerzas Militares para reforzar la seguridad penitenciaria.
Más allá de la avalancha de anuncios, los trabajadores penitenciarios siguen escépticos y las crudas imágenes de las víctimas se siguen multiplicando por toda Colombia. La mañana del 9 de octubre otro guardián sufrió un ataque sicarial en Cartagena. En el video se ve como el hombre corre despavorido mientras un sicario le dispara a quemarropa. Por fortuna salió ileso. Pero el miedo sigue rondando a los guardianes y cada día en el trabajo o de camino a casa es como jugar una mortal ruleta rusa.
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