¿Por qué Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares por información sobre el ataque a helicóptero en Amalfi?

En medio de las disputas con el Gobierno de Gustavo Petro por suspender las labores conjuntas de inteligencia, la administración de Donald Trump ofreció una millonaria recompensa para identificar, capturar y judicializar a los responsables del ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia), en el que murieron 13 uniformados.

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En la mañana del jueves 21 de agosto, dos helicópteros Black Hawk llegaron hasta una zona rural del municipio para recoger y trasladar a un grupo de erradicadores de cultivos de uso ilícito. Las aeronaves sobrevolaron el lugar e iniciaron el operativo dispuesto para evitar que las personas en terreno fueran víctimas de las acciones de grupos armados ilegales.

El Ministerio de Defensa confirmó que la intervención de los helicópteros en la zona se ordenó tras recibir una serie de reportes sobre hostigamientos en contra del grupo de erradicadores. Sin embargo, el operativo con el que las autoridades pretendían garantizar la seguridad de los 15 civiles que realizaban sus labores entre hectáreas de hoja de coca terminó en tragedia.

A las 12 del mediodía, la Gobernación de Antioquia informó que miembros de la estructura ilegal atacaron uno de los helicópteros con un dron explosivo. Aunque la otra aeronave logró retirarse de la zona sin contratiempos, el Black Hawk atacado se desplomó tras varias maniobras realizadas por el piloto de la institución para superar el ataque.

Como parte de su ofensiva contra grupos ilegales en América Latina, Estados Unidos se ha mantenido al tanto de cada una de las etapas de investigación mediante apoyo a labores de inteligencia. Ahora, con el ofrecimiento de cinco millones de dólares de recompensa, el Gobierno Trump espera acceder a información que facilite la captura de los responsables.

El rol de Estados Unidos en la investigación por ataque a helicóptero en Amalfi

La participación del país norteamericano en la pesquisa sobre el atentado se inició solo tres semanas después de que se confirmara la identidad de los patrulleros, sargentos, subintendentes y mayores víctimas del ataque. Desde el 14 de septiembre, funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) viajaron a Amalfi para apoyar las labores en terreno.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, explicó que el helicóptero derribado integra los inventarios del Gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, la comisión enviada al país pretendía evaluar la posibilidad de emitir órdenes de extradición para los integrantes de la estructura armada que ejecutaron el ataque.

Para avanzar en la investigación, los agentes de la agencia federal solicitaron material probatorio y apoyaron las labores de investigación desarrolladas en Amalfi. En esa fase inicial se determinó que los responsables del atentado serían miembros del Frente 36 y habrían operado bajo órdenes de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Con la millonaria recompensa, la administración Trump anunció que buscará mantener un papel activo en el seguimiento del caso y en identificar los responsables del atentado en el que resultaron heridos cuatro oficiales. Además, la embajada de Estados Unidos en Colombia explicó que pretende judicializar en territorio norteamericano a los disidentes vinculados al ataque.

La Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado pidió a los ciudadanos aportar información sobre la ubicación de los miembros del Frente 36 y su participación en actividades de narcotráfico internacional. En su oferta, la entidad también incluyó beneficios de reubicación y protección para quienes entreguen material probatorio a las autoridades.

Federico Gutiérrez pidió la extradición de los responsables de atacar el helicóptero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la decisión del Gobierno Trump de ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares para avanzar a un mayor ritmo en las investigaciones. En respuesta a la decisión, el mandatario local indicó que existen pruebas sobre la participación de los disidentes en la planeación y ejecución del ataque.

Gutiérrez pidió a los organismos federales solicitar la extradición de alias Calarcá y de otros altos mandos de sus estructuras ilegales para que respondan ante la justicia norteamericana por los crímenes cometidos. Además, reveló que la recompensa y otras medidas adicionales habrían sido abordadas en su visita a Washington un par de semanas después del atentado.

“Derribaron el helicóptero con ‘cilindro bomba’. Dicho helicóptero era de propiedad de los Estados Unidos. Este tema lo hablamos en nuestra agenda hace dos meses. Espero que llegue mucha información y que estos terroristas sean pedidos en extradición”, indicó el alcalde de Medellín, quien pidió acudir a canales diplomáticos para entregar información.

La millonaria recompensa ofrecida por el Gobierno Trump se confirmó menos de 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro ordenara suspender la cooperación en inteligencia con Estados Unidos. Según el mandatario, la medida se mantendrá hasta que cesen los ataques de tropas del Comando Sur a embarcaciones en el Caribe.

El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la labor de inteligencia de la Policía por no haber anticipado el atentado ni adoptado las medidas necesarias para evitar la tragedia. De hecho, esa fue una de las razones que expuso para justificar la salida del general Carlos Triana de la dirección de la institución. Por eso, la nueva intermediación de Estados Unidos en el proceso podría abrir un nuevo foco de tensiones entre ambos gobiernos.