Miles de millones de pesos de regalías para fomentar empresas agroindustriales terminaron en IPS, ópticas y agencias de publicidad

Un total de 82 empresas fueron beneficiadas con plata de regalías para desarrollar proyectos de innovación tecnológica en el Atlántico. En el papel, un programa loable para aumentar la productividad en el departamento, pero, en la realidad, una iniciativa que terminó con graves irregularidades y 14.000 millones de pesos embolatados, según un informe de la Contraloría. De acuerdo con la auditoría conocida por CAMBIO, gran parte de las ayudas fueron a parar en compañías tan lejanas del agro como una óptica, una IPS y otra dedicada a la logística. Esta es la historia.

El 12 de noviembre de 2019, el Ocad de Ciencia y Tecnología del Atlántico aprobó un proyecto para el “fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento”. El valor asignado a la iniciativa fue de 15.050 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

Según lo aprobado por el Ocad, la Gobernación fue la encargada de ejecutar el proyecto y como meta se fijó “incrementar las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas derivadas de la introducción de bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados”. Específicamente se fijó como objetivo un incremento del 0,93 por ciento en las ventas de las empresas beneficiadas.

Para desarrollar la operación del programa, la Gobernación ⎯dirigida en ese entonces por Elsa Noguera⎯ contrató directamente a la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), una firma fundada en 2016 con experiencia en servicios prestados a entidades públicas. El convenio empezó a ejecutarse el 1° de diciembre de 2020 con un plazo de 29 meses. El contrato terminó en febrero de este año y Funcesi recibió 14.385 millones de pesos por la operación del proyecto. De parte de la Gobernación, la dependencia encargada del programa fue la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo en ese momento de Miguel Vergara Cabello.

La metodología del proyecto fue la siguiente: por un lado, capacitar a los trabajadores de las empresas beneficiarias, y por otro, otorgarles unos “vouchers de innovación”, es decir, una especie de bonos para que las empresas pudieran adquirir servicios tecnológicos y de innovación. Según el informe de la Contraloría, cada compañía tenía derecho a máximo tres vouchers de 40 millones de pesos cada uno para invertirlos en una bolsa de 40 proveedores previamente seleccionados.

La Contraloría estudió los 12 requisitos exigidos para acceder al programa. Entre ellos está acreditar el domicilio principal o sucursal en el Atlántico, tener objeto social o actividad económica relacionada con el sector agroindustrial y contar con solvencia jurídica, es decir, no estar en quiebra o proceso de liquidación.

El problema es que, de acuerdo al informe, de las 82 empresas que resultaron beneficiarias, 79 no pertenecían al sector agroindustrial, según su Registro Único Tributario (RUT). En otras palabras, fueron seleccionadas incumpliendo los requisitos que el mismo programa había fijado.

“Esta omisión sistemática de los requisitos técnicos no solo invalida la legitimidad del proceso de selección, sino que desvió los recursos y desnaturalizó por completo el objeto del convenio”, dice la auditoría.

En la lista de empresas conocida por CAMBIO hay casos llamativos como el de Carhaz Óptical S.A.S, una IPS de Barranquilla dedicada a prestar servicios de salud visual. Su representante legal es la optómetra Amalín Hazbún Escaf, hija de la reconocida diseñadora de modas Amalín Escaf de Hazbún, ‘la aguja de oro’, como se le conoce en el círculo de la alta sociedad barranquillera. La representante suplente es Mayra Avendaño Hazbún, también diseñadora de prendas exclusivas. Este medio se comunicó con un número de la empresa. Allí indicaron un correo electrónico de contacto para enviar las inquietudes. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Pero Carhaz no es la única IPS en el listado de empresas beneficiarias de los apoyos para la agroindustria. También está el Centro Neurológico del Norte, una institución dedicada a la atención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas en la capital del Atlántico y propiedad del médico Guillermo Miranda Higgins. CAMBIO intentó comunicarse con esta institución, pero el número de su página web solo atienden mensajes de WhatsApp a través de un bot y el correo que está público no existe.

También está la empresa Medical & Nutrition S.A.S., dedicada a comercializar productos medicinales, farmacéuticos y cosméticos. Al igual que la firma Dr. Dorian S.A.S., que también participó del programa. Ambas fueron contactadas por este medio y con la primera no hubo respuesta y en la segunda contestó un exempleado que pidió los datos del periodista para una llamada posterior, la cual no se ha producido hasta el momento.

Otro ejemplo es el de Hypersoft.Co S.A.S, una empresa de software clínico, empresarial y de gestión documental. Según su registro único empresarial, en las actividades económicas que realiza no hay nada relacionado con el sector agroindustrial. Para conocer su versión, los contactamos vía WhatsApp, pero no hubo respuesta hasta el momento.

Pero en la lista de beneficiarios no solo aparecen empresas vinculadas al sector salud, sino que también hay otros campos de negocios, igualmente muy distantes de lo agroindustrial. Es el caso de Proteger Seguridad S.A.S., una firma de Barranquilla que presta servicios como videoporteros, cámaras de vigilancia, botones de pánico y alarmas. Al ser consultada por CAMBIO, indicaron que la gerente regresaría la llamada, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. 

O la empresa Martinique S.A.S., fundada en 2015 y que se dedica a producir y comercializar pasta artesanal. Además, tiene un restaurante italiano con el mismo nombre en el centro de Barranquilla. No hubo contacto efectivo en el número fijo reseñado en los registros públicos de la empresa.

La Casa 81 también aparece en el listado que hizo la Contraloría de beneficiarios del programa que no tienen actividades agroindustriales. Se trata de una agencia digital que ofrece servicios de desarrollo web, diseño y estrategias en redes sociales. Caso parecido al de Branding Co, una empresa de publicidad que también apareció como beneficiaria. Con ninguna fue posible establecer contacto.

Además, en el listado de empresas cuestionadas por la Contraloría hay otras que, si bien están en negocios vinculados al agro, en el RUT no aparece registrada la actividad agroindustrial, como lo exigían los requisitos del programa. Uno de estos casos es el de Genética Superior del Caribe S.A.S., dedicada a la cría de ganado. A la fecha, su representante legal es Natalie Horta Ballestas, quien ha estado vinculada como contratista durante varios periodos a la Gobernación del Atlántico desde mayo de 2023, época en la que el programa de beneficios estaba en su recta final. CAMBIO se comunicó con un teléfono de la empresa vía telefónica y WhatsApp, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

¿Qué pasó con la plata?

Además de los beneficios a empresas que no están en el negocio agroindustrial, la Contraloría también halló compañías que ni siquiera tienen su sede principal en el Atlántico. Son los casos de Básculas y Balanzas de la Costa (Santa Marta), Sierra Coffee (Santa Marta), Vinal Colombia (Bogotá), Macom Rental (Bogotá) y Corporación Centro de Innovación Anfibio (San Martín de Loba, Bolívar).

“Lo anterior contraviene lo dispuesto en los términos de referencia del proyecto”, concluyó el equipo auditor de la Contraloría. 

Otro de los hallazgos del órgano de control es que de las 82 empresas beneficiarias, 29 no renovaron su matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio para el año 2025. Para la Contraloría, esto mostraría que una parte de las compañías que recibieron el subsidio no tenían la idoneidad jurídica requerida para el programa. De hecho, hay casos llamativos de algunas compañías cuya última renovación fue en 2021, mientras estaban siendo beneficiados con el programa. Esto también pone en duda la efectividad de los apoyos. 

La auditoría también encontró que dos empresas que sí cumplieron con el criterio agroindustrial presentaron una disminución del 48 por ciento en su facturación entre 2023 y 2024, “lo que refleja la ineficacia del proyecto para generar impacto y fortalecer las capacidades innovadoras del sector”. 

Precisamente, al revisar los informes sobre la ejecución del programa, el equipo auditor no encontró documentos que dieran cuenta sobre cómo se usaron los vouchers y si tuvieron el efecto positivo que se buscaba en las empresas beneficiarias. Esta ausencia de trazabilidad impide saber la efectividad del proyecto y de la inversión que se hizo con dinero público.

Finalmente, tres entidades beneficiarias incumplieron los criterios mínimos de elegibilidad, al encontrarse en proceso de liquidación o con medidas cautelares registradas, en contravía de lo establecido en el documento técnico del proyecto.

La Contraloría determinó que, por las irregularidades encontradas, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 14.180 millones de pesos. 

En el informe se deja constancia que no hubo respuesta de la Gobernación del Atlántico sobre los hallazgos. Esto, a pesar de que en el mismo documento se informó sobre irregularidades en otro programa, y de ese sí hubo réplica de la entidad departamental. Los resultados de la auditoría fueron enviados por el contralor delegado intersectorial de regalías, José García Llorera, al gobernador Eduardo Verano en septiembre pasado. CAMBIO contactó a la Gobernación, la cual indicó que, según el área jurídica, no había sido notificada al respecto. 

Por su parte, este medio buscó a Funcesi, la institución a la que se le adjudicó la ejecución del proyecto, mas sin embargo ninguno de los números que están en su RUT y en la propuesta que le presentó en 2020 a la Gobernación están activos. Además, no ha habido respuesta vía correo electrónico.