
Incremento de la UPC para 2026: las advertencias sobre insuficiencia y riesgos para el sistema de salud
El Ministerio de Salud fijó el valor que destina a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos. Organizaciones de pacientes, gremios y voceros del sector alertan que el aumento podría resultar insuficiente para cubrir los costos reales del sistema.
Por: Jonathan Beltrán
Cada año, el Ministerio de Salud y Protección Social fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes contributivo y subsidiado. Sin embargo, en las últimas vigencias el monto que el Estado destina a las entidades promotoras de salud por cada uno de sus afiliados ha generado preocupación entre pacientes, gremios y expertos del sector.
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La cartera estableció que la UPC para 2026 tendrá un incremento general del 12,94 por ciento, tras analizar los datos recopilados en un estudio técnico realizado junto a la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. Según el Gobierno nacional, ese aumento permitiría cerrar brechas y mejorar la atención a nivel nacional.
En la Resolución 2764 de 2025, el Ministerio de Salud detalló que para 2026 se equiparará al 95 por ciento el nivel de recursos destinados a los afiliados del régimen subsidiado frente a los del régimen contributivo. Además, sostuvo que el monto que se desembolsará por cada paciente se estableció tras evaluar la información reportada por las EPS en lo corrido del año.

En la confirmación de la nueva cifra de la UPC, la cartera sostuvo que en 2026 se registrará un incremento del 9,03 por ciento para el régimen contributivo y del 16,49 por ciento para el subsidiado. Para la Comisión Asesora, la diferencia corresponde a las órdenes de la Corte Constitucional para cerrar brechas de financiación y mejorar el acceso a servicios de salud.
Con la decisión del Gobierno nacional, los recursos para el aseguramiento en salud para el próximo año tendrán un aumento de 11,6 billones de pesos, por lo que el dinero destinado a EPS pasará de 89.8 a 101,3 billones de pesos. El ministerio reiteró que el aumento representa un nuevo esfuerzo fiscal, pero para expertos del sector aún resulta insuficiente.
Las razones por las que gremios y organizaciones cuestionaron el aumento de la UPC para 2026
El Ministerio de Salud sostuvo que el incremento definido para la UPC en el próximo año corresponde a un esfuerzo “comparable al impacto de una reforma tributaria”. En contraste, el gremio de las EPS advirtió que la insuficiencia del monto destinado por cada afiliado podría generar mayores rezagos financieros e incidir en la prestación oportuna de los servicios.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, destacó que la decisión del Ministerio de Salud permite cumplir con la orden de la Corte Constitucional para el régimen subsidiado. Sin embargo, sostuvo que el incremento en el régimen contributivo continúa siendo menor al de los costos reales del sistema.
“El aumento para el régimen contributivo está muy lejos de lo que se esperaría, teniendo en cuenta que allí se concentra la mayor proporción del gasto en salud. Se había hablado de la necesidad de incrementar cerca del 17 por ciento. Esa cifra del 9,03 es un incremento real de 4 o 5 por ciento, con base en la inflación de 2025”, enfatizó Vesga.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), explicó a CAMBIO que se presenta una amplia brecha entre el aumento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC. En ese sentido, sostuvo que las instituciones prestadoras del servicio de salud esperaban una mayor correlación entre ambos ajustes.
El médico cirujano coincidió con la presidenta de Acemi en la necesidad de revisar con especial detalle la cifra de aumento para el régimen contributivo, que cuenta con más de 23 millones de personas afiliadas. “Pedimos al Gobierno nacional que permita mejorar el flujo de recursos para reducir la diferencia entre los gastos obligatorios y los ingresos proyectados”, indicó.
‘Es un atentado contra la vida’: las advertencias de los pacientes sobre la posible insuficiencia de la UPC
El Ministerio de Salud anunció que el aumento en los montos de la UPC para 2026 buscaría cerrar brechas de desigualdad, avanzar hacia la justicia social del sistema y garantizar el derecho a salud en el país. Sin embargo, organizaciones de pacientes advirtieron que el ajuste aprobado resulta insuficiente para eliminar brechas en el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos.

El movimiento Pacientes Colombia indicó que el aumento de la UPC para el régimen contributivo tendría que ser de seis puntos porcentuales más del fijado por el Gobierno nacional. Para la organización, que reúne a más de 200 grupos significativos de pacientes, la insuficiencia podría aumentar las cifras de cierres de servicios de salud, que en el primer semestre del año llegó a 6.084.
“Una UPC insuficiente es una de las causas del desfinanciamiento que hoy tiene al sector al borde de la quiebra. Este desajuste no es una cifra, se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo. La salud no puede seguir dependiendo de decisiones tardías e irresponsables ni de un modelo crónicamente desfinanciado”, explicó el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva.

En la resolución en la que estableció el incremento de la UPC, el Ministerio sostuvo que el valor fijado para el régimen contributivo supera la inflación causada a la fecha. En contraste, la Anif ha reiterado que los incrementos de los últimos años han sido inferiores a las necesidades del sistema y son uno de los factores del déficit que enfrenta el sistema.
El más reciente informe de Así Vamos en Salud reveló que el gasto del bolsillo de los colombianos continúa en aumento y se acerca a los niveles que la Organización Mundial de la Salud considera como catastróficos. En 2021, los gastos destinados directamente por los pacientes para su atención correspondían al 14,2 por ciento, mientras que en 2024 la cifra llegó a 16,8 por ciento.
Las solicitudes y recomendaciones de gremios del sector salud ante el aumento de la UPC
El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, explicó a CAMBIO que una de las principales solicitudes del gremio corresponde a la expedición de una circular para que el incremento fijado se traslade de forma integral desde las EPS a las IPS. Además, reiteró que se deben adoptar medidas para promover un plan extraordinario de liquidez en el sector.

“Si el incremento de la UPC no se refleja de manera efectiva en los contratos y en los pagos a las IPS, el sistema seguirá enfrentando graves problemas de liquidez que ponen en riesgo la continuidad de los servicios y la atención a los pacientes”, advirtió Giraldo.
Ana María Vesga, directora de Acemi, hizo un llamado a reconocer el rezago que se presenta ante las millonarias deudas y la compleja situación financiera que enfrentan las EPS. Para la vocera del gremio, el Ministerio de Salud debería aumentar el diálogo con los demás actores del sistema para aumentar la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), por su parte, detalló que la falta de consenso en las mesas establecidas para definir la UPC ha afectado la cooperación para atender retos financieros del sistema. Por eso, la organización propuso construir una nueva metodología de cálculo basada en datos completos reportados por todas las aseguradoras.

Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, explicó que la fijación anual de la UPC requiere de una corrección inmediata para evitar que el sistema llegue a un punto de quiebre que dejaría a millones de pacientes sin acceso a atención médica. “La UPC subestimada se convierte en el mayor riesgo para la estabilidad financiera, la continuidad del aseguramiento y la garantía efectiva del derecho a la salud”, advirtió.
Finalmente, Afidro planteó la posibilidad de crear un fondo de saneamiento para reducir las deudas históricas que se mantienen con prestadores del servicio. El esquema, que tendría un proceso de construcción a mediano y largo plazo, sería uno de los principales retos del próximo Gobierno para incorporar nuevas fuentes sostenibles de financiación.
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