“Hay que seguirle apostando a la constitución de 1991”: ¿es necesaria una asamblea constituyente en Colombia?

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Treinta y cuatro años después de la Constitución de 1991, el Gobierno nacional reabrió el debate sobre la convocatoria a una nueva asamblea constituyente, una propuesta que despierta inquietudes sobre el rumbo institucional del país.

Para comprender si esta sería la vía para resolver los problemas estructurales, o, por el contrario, representaría un riesgo de concentración del poder, CAMBIO y el Ministerio del Interior organizan el foro 'Una Constituyente: ¿para qué?', espacio en el que funcionarios del Gobierno, académicos, constitucionalistas y algunos de los protagonistas de la Asamblea de 1991 analizaron si el país necesita una nueva Carta.

En el panel 'Constituyente: ¿herramienta de cambio o riesgo democrático?', el abogado Iván Cancino y la directora de Dejusticia, Diana Esther Guzmán, dialogaron sobre lo que implica abrir el pacto constitucional, los posibles riesgos en retroceso de derechos y las áreas de la actual constitución que se beneficiarían de un cambio.

La Constitución de 1991: ¿qué implica reabrir el pacto constitucional?

Inicialmente, tanto Guzmán como Cancino se refirieron a la actual Carta Magna de Colombia, la Constitución de 1991.

De acuerdo con la directora de Dejusticia, al país “le hace falta más debate y más discusión sobre cómo estamos con la Constitución de 1991”, y es importante que ese debate no esté centrado en corrientes políticas. Además, mencionó que una de las principales dificultades a las que se enfrenta Colombia en materia de una posible reforma en su Constitución es la “falta de claridad sobre cuál es el propósito y cuál es la vía” para llevarla a cabo.

Esto se centra en que hay “poca claridad sobre ¿para qué y sobre qué?” se necesita la constituyente, sumado a dudas sobre el supuesto “bloqueo institucional” al que se enfrenta Colombia. Por ello, Guzmán es clara en que “hay que seguirle apostando a la Constitución de 1991”. 

“Me parecería un error que, como resultado de este debate, terminemos de deslegitimar una constitución que fue muy importante”, explicó. Además, reiteró que los problemas en Colombia “no se solucionan cambiando el texto” sino “ cambiando la consulta y el respeto a la norma”.

¿Es el momento correcto para una asamblea nacional constituyente?

Aunque “la Constitución de 1991 se dio en un contexto electoral”, según Guzmán, el principal problema de llamar a una asamblea nacional constituyente actualmente es que “no es una propuesta que viene del pueblo [...] no hay apoyo social”.

Según ella, “uno no puede asumir que el presidente es quien mejor interpreta la voz del pueblo”. Hace falta “una movilización social en la que se promuevan acuerdos y conversaciones”.

En ese sentido, Cancino aclaró que “consenso no es igual a unanimidad”, pero sí es llegar a “puntos comunes luego de ver las necesidades de cambio”. Para el abogado, el momento correcto para una constituyente “lo va dando el país”, y aunque “tiene que respaldarlo el presidente [...]  tiene que ser del pueblo”.

“El fenómeno se va creando de abajo hacia arriba, vamos mirando qué necesidades hay y cuales de ellas necesitan reforma constitucional”, para Cancino, es necesario “identificar los problemas, identificar cuáles necesitan una reforma constitucional y luego hacer la reforma”, no al revés.

Límites y riesgos: ¿qué se puede hacer con una constituyente?

Según Guzmán, una vez se establece una asamblea nacional constituyente, “no es certero cómo puede funcionar”. Para ella, uno de los principales riesgos de reescribir o modificar la actual Carta constitucional es que se pierdan dos consensos básicos de partida que son fundamentales para Colombia: una constitución de derechos y un estado con límites al ejercicio del poder.

Uno de los riesgos de una gran reforma es que haya “un retroceso de derechos”, pues explica que “hay sectores que no necesariamente se movilizan o se visibilizan tanto”, pero que “estarían dispuestos a participar en el escenario para hacer retrocesos” en ese escenario. Estas serían apuestas populistas y autoritarias que son peligrosas para el Estado.

Cancino coincidió con este punto: “Llevamos 34 años de constitución pero una lucha muy larga, y nosotros no podemos esperar que una constituyente quiera echar para atrás los derechos de las minorías”, explicó. Entre ellos habló, no solo de las comunidades indígenas, raizales y afrocolombianas, sino del matrimonio igualitario y la adopción del mismo sexo.

Si hubiera una reforma constitucional, ¿qué debería cambiar?

Para Guzmán, dos aspectos que requieren reforma son: el tema del ordenamiento territorial y las facultades de elección a quienes conforman las altas cortes. En cuanto al plan de ordenamiento territorial, explicó que este “no ha funcionado”, ha sido “contraproducente” y ha contribuido a la formación y permanencia de “inequidades” en varios territorios del país.

Además advirtió que, a pesar de los múltiples intentos por cambiarlo a través del congreso, el ejercicio no ha funcionado. Aunque estas dimensiones podrían beneficiarse de una transformación en la Constitución, ambos panelistas coinciden en que esto no necesariamente significa que haya un bloqueo institucional.

Ambos señalaron que en Colombia hay alternativas posibles, y aunque algunos unos temas son más complejos que otros, porque históricamente no se ha logrado debatirlos a profundidad, allí es donde valdría la pena centrar el debate. Un debate que, además, “debe tener claridad política y conceptual”.