La sustitución en el Catatumbo, ¿destinada al fracaso?

La experiencia de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca relativamente más exitosa de Colombia transcurrió hace muchos años, en un alejado caserío del Caquetá: Remolino del Caguán.

Allá, adonde se llega desde Bogotá tras un recorrido por avión, carretera y lancha que puede tardar 10 horas, los campesinos erradicaron 3.000 hectáreas de cultivos ilegales que, hasta el día de hoy, según el técnico agropecuario que acompañó ese proceso, Rodrigo Velaidez, “no se han vuelto a sembrar”. Todo ocurrió durante 14 años, entre 1991 y el 2005.

Eso fue posible porque se conjugaron tres factores: el consenso de los campesinos; un acompañamiento técnico y financiero permanente que, paradójicamente, no fue del Estado sino del misionero italiano Jacinto Franzoi; y condiciones de seguridad. Estas se dieron porque la entonces guerrilla de las Farc -que controlaba la zona- respetó la decisión de la comunidad de sustituir las matas de coca.

Y es evidente que ninguna de esas condiciones se cumple hoy en el Catatumbo, una región que, además, requiere enormes montos de inversión social.

Según el ministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es la prioridad del Gobierno dentro del plan de inversiones por 2,7 billones de pesos anunciado para esa zona el pasado jueves en Tibú. De ese monto, 330.000 millones de pesos, es decir el 15,7 por ciento de los recursos, están destinados al programa para reemplazar los plantíos ilegales.

Durante el lanzamiento del llamado Pacto Social por la Paz del Catatumbo, una región agobiada hoy por la crisis humanitaria generada por el enfrentamiento entre el Eln y las disidencias de las Farc, que ha dejado, según cifras oficiales, entre 70 y 80 muertos, quedó claro que ese proyecto arranca sin el consenso de las comunidades. Varios dirigentes le hicieron saber al presidente Gustavo Petro en ese acto que ni siquiera han sido consultados sobre los planes para la zona.

Y a pesar de que la directora del Programa de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, afirmó durante el último consejo de ministros que el Gobierno ya tiene “3.000 hectáreas que van en este proceso en el Catatumbo”, y a que aseguró que los primeros pagos a las familias se harían esta semana, líderes campesinos de la región ponen en duda esos compromisos.

“No creemos que se haya inscrito mucha gente a la sustitución, como dice la directora, porque nosotros somos una de las organizaciones sociales más grandes, con más de 3.000 integrantes y presencia en los 11 municipios del Catatumbo, y no hemos hecho ningún acuerdo todavía”, sostiene por ejemplo Pablo Téllez, presidente de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

De hecho, este dirigente social se adelanta a pronosticar una nueva decepción con el plan de sustitución voluntaria de Petro.

“Va a ser un fracaso. Un programa de sustitución no se puede hacer por fuera del consentimiento de los campesinos. La sustitución tiene que ir más allá, y eso significa que se acuerden los planes de desarrollo con las comunidades, para que la gente vaya dejando paulatinamente el cultivo de la coca. Hasta que el campesino no vea garantías de que puede sobrevivir de otra clase de cultivo, hasta que no tenga garantías de que los niños van a la escuela, de que hay buenos puestos de salud, vías adecuadas para sacar los cultivos y comercio para los productos, no va a dejar el cultivo de hoja de coca”, puntualiza Téllez.

El dirigente campesino le sugiere al Gobierno realizar asambleas con los campesinos en cada uno de los 11 municipios del Catatumbo, porque en varios hay cultivos pequeños, y luego una regional, para buscar el consenso que no existe hoy.

‘Más de lo mismo’

De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el 2023 los cultivos de hoja en el Catatumbo llegaron a 43.867 hectáreas, equivalentes al 17 por ciento de las 253.000 que había ese año en el país. Pero según el Gobierno, la cifra subió a 53.000 hectáreas en esa región el año pasado, y más de la mitad de esos cultivos ilícitos están en Tibú. Justamente en esta población se concentra el plan inicial de sustituir 25.000 hectáreas de hoja de coca.

Otra prueba de la ausencia del consenso necesario para comenzar la sustitución fue lo que manifestó el jueves el vocero del Resguardo Motilón Barí, Juan Titira, durante el lanzamiento del Pacto Social por el Catatumbo. En la tarima, le dijo al presidente que su comunidad no iba a suscribir el pacto hasta no ver en él “cosas concretas”.

Ese día, Petro demostró que tiene muy claro lo que se debe hacer para transformar en zonas de producción agrícola los que hoy son enclaves de cultivos ilícitos: infraestructura de vías, educación, salud y acompañamiento financiero y técnico a los campesinos. Hasta habló de la necesidad de comprometer vigencias futuras para garantizar que el Estado tenga allí presencia e inversión permanente.

Por eso la pregunta es ¿por qué el presidente del cambio no llegó al Catatumbo y a otras regiones que concentran cultivos de hoja de coca con un plan de esa naturaleza en los días siguientes a su toma de posesión, hace dos años y siete meses?

En cambio, cuando le queda poco más de un año de gobierno anuncia un programa de sustitución que, además, es muy parecido al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que forma parte del acuerdo de paz de La Habana, y que Petro abandonó al llegar a la Presidencia.
Tan es así que, según Eduardo Díaz, quien fue director del PNIS en el gobierno de Juan Manuel Santos, el año pasado el Ministerio de Hacienda le retiró un billón de pesos a ese programa por falta de ejecución.

Díaz señala, sin embargo, que el golpe de gracia al PNIS lo dio el gobierno de Iván Duque.

“Lo destruyó. No incorporó una sola familia nueva –asegura-- y sacó a la ONU del programa, que era la encargada de coordinar los proyectos de sustitución, y las entregó a unas uniones temporales de dudosa reputación. Las comunidades fueron las víctimas de todo eso”.

Para el investigador Ricardo Vargas, quien durante años se ha dedicado a seguir el tema de los cultivos ilícitos, no solo en Colombia sino también en la región andina, la propuesta del gobierno de Petro para el Catatumbo es “en sustancia, más de lo mismo”.

Según el anuncio de la actual directora del Programa de Sustitución, los campesinos de esa región que acepten erradicar sus cultivos de coca para sustituirlos por otros productos agrícolas recibirán un pago mensual de 1.280.000 pesos durante 12 meses, y tendrán acceso a créditos para desarrollar proyectos productivos que agreguen valor a sus cosechas.

Para Vargas, esto no se diferencia del PNIS del gobierno Santos. “Decirle a la gente: ‘nos comprometemos con un apoyo de más de un millón de pesos mientras usted erradica, lo vamos a hacer por un año y mientras tanto vamos a estructurar otros proyectos productivos’, no hace diferencia con lo que terminó siendo el acuerdo de paz con las Farc”.

El plan de Petro para el Catatumbo contempla un gasto de 881.000 millones de pesos en seguridad y 1,4 billones en inversión social, desde salud, educación y caminos, hasta pensiones para adultos mayores.

Pero Vargas recuerda que también el acuerdo de paz con las Farc reconoció las causas socioeconómicas que llevaron a los campesinos a sembrar hoja de coca y planteó un programa de inversiones para revertir las malas condiciones en las que han vivido.

“El problema estuvo en que, a la hora de implementarlo, se volvió a meter por la puerta de atrás la reducción de los cultivos de hoja de coca como indicador del éxito de la sustitución, cuando comenzaron a hacer acuerdos individuales con los campesinos”, subraya el investigador.

Para él, primero hay que solucionar los problemas estructurales que han empujado a los campesinos a cultivar hoja de coca, y luego sí implementar los acuerdos de una sustitución voluntaria paulatina.

También el presidente de la Asociación Nacional por la Unidad Campesina, César Jerez, sostiene que, así como está planteado, el plan de Petro para el Catatumbo no va a funcionar. “En vez de botar a la basura los 330.000 millones de pesos destinados para la sustitución, el gobierno debería dedicarse primero a combatir los problemas de propiedad y formalización de la tierra, de vías y de infraestructura de educación y salud”, agrega.

Según Jerez, “si el Gobierno no hace eso, todo será un fracaso, como lo fueron el plan de sustitución de 2013 después del paro campesino en la región y luego los compromisos del acuerdo de paz de La Habana”.

La frustración campesina con los resultados de lo prometido en el acuerdo de paz es “entendible”, según el exdirector del PNIS en la administración Santos, Eduardo Díaz. Sin embargo, hace énfasis en que el fracaso del que hablan debe atribuirse también al escaso tiempo que tuvo Santos para ponerlo en marcha: 14 meses, entre el 2017 y agosto de 2018.

“Tengo que reconocerlo –afirma Díaz--: tuvimos muy poco tiempo y, concretamente en el Catatumbo, avanzamos básicamente en la erradicación de 1.000 hectáreas en Caño Indio (Tibú) y en Sardinata”. Explica que a nivel nacional se alcanzaron a erradicar 46.000 hectáreas mediante acuerdos que, en todo caso, contaron con el consenso de los campesinos.

Los obstáculos de una región en conflicto

Un factor decisivo para el éxito de cualquier plan de sustitución de cultivos ilícitos es el de la seguridad. En los 90, los campesinos de Remolino del Caguán pudieron pasar de la economía de la coca a la vida agrícola tradicional porque, con la intermediación del misionero Jacinto Franzoi, consiguieron que las Farc respetaran el proceso.

Pero en estos días el Catatumbo es un escenario de guerra, como lo ha sido en muchos otros periodos de la historia reciente. La ofensiva desatada por el Eln para sacar de la zona a las disidencias de las Farc y controlar por completo las economías ilegales y el paso fronterizo hacia Venezuela, ha dejado, además de decenas de civiles muertos, una alta cifra de desplazados, 56.000, que equivalen al 14 por ciento de los habitantes de esa región.

Varios de los dirigentes sociales que acudieron el jueves al acto con Petro en Tibú dijeron estar amenazados y relataron cómo sus comunidades viven confinadas. El líder campesino Holmer Pérez terminó apresurado su intervención y le dijo al presidente: “Nos tenemos que retirar por cuestiones de seguridad porque, como dice el dicho, el camino es largo y culebrero”.

El mismo Petro señaló que los miembros del Eln “matan y desplazan porque lo que quieren es la tierra para que siga el cultivo de hoja de coca en manos de súbditos”, que obedezcan sus órdenes.

Aunque el componente de seguridad del plan de Petro para el Catatumbo será el de mayor presupuesto e incluye el desplazamiento de 10.000 efectivos de la Policía y el Ejército a la zona, es muy difícil que ese despliegue resulte suficiente para asumir el control territorial de una región que lleva décadas de gobernanza criminal.

El líder campesino César Jerez señala que muchos de los dirigentes cocaleros del Catatumbo, con los que se tendría que concertar el programa de sustitución, están hoy como desplazados en otros lugares del país por las amenazas del Eln y por la violencia desatada contra ellos en medio del enfrentamiento de esta guerrilla con las disidencias de las Farc.

“Hoy el Eln se opone a todos los planes de Petro”, señala.

¿Cómo sacar adelante entonces un plan de sustitución voluntaria cuando varias de las condiciones necesarias para que tenga éxito, como la seguridad, el consenso de los campesinos y la financiación a largo plazo, más allá del gobierno de Petro, no están dadas?

“La reducción de los cultivos ilícitos -dice Ricardo Vargas- viene como consecuencia de todo eso. Si la gente tiene mejoras en las condiciones de vida, no hay argumentos para sembrar hoja de coca, y el campesino lo entiende”.

Y así lo ratifica el líder social del Catatumbo Pablo Téllez. “El día que el campesino vea que tiene otra alternativa, va dejando la coca. Y si se dan las condiciones, el gobierno tiene razón para meter erradicación forzada, porque el que no se acoja a un programa que realmente le cambia la vida, es porque no tiene voluntad para sustituir los cultivos de coca”.