Plan para erradicar 25.000 hectáreas de coca: escepticismo en el Catatumbo

“Como decía el poeta: ‘Todo nos llega tarde… ¡hasta la muerte!’”, afirma Jairo Oviedo, de la Fundación para la Participación Comunitaria (Parcomún). “En Tibú, uno de los municipios más golpeados por esta crisis, le hubiéramos dado las gracias a Dios si nos hubieran hecho esta propuesta hace un par de años. Ahora es muy difícil que se haga realidad”, agrega.

“En estos momentos no es nada fácil”, dice, por su parte, Carmen García, de la Asociación Madres del Catatumbo. Ella habló con CAMBIO mientras participaba en una Mesa Humanitaria en Caño Indio en el marco de la comisión de verificación Abracemos el Catatumbo.

“Hay hambruna en el territorio debido a la violencia entre los grupos armados”, agrega. “Es muy complejo presentar propuestas que requieren tanto detalle en medio de estas circunstancias”.

En efecto, se trata de una grave situación que el propio presidente Gustavo Petro calificó como “un problema de soberanía”: La expulsión de su territorio de 55.000 habitantes empujados con los fusiles por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). ¿Para qué? “Para, entre otras cosas, controlar la bonanza de la coca que otra vez está a muy buen precio”, dicen en esta región.

Así es. El combustible de esta confrontación son 50.000 hectáreas de coca. La mitad esparcidas en el municipio de Tibú. Para Petro, allí se concentrará su plan de erradicación de cultivos que se sustenta en incentivos económicos a los campesinos que se sumen al programa. “La paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino de erradicar la hoja de coca”, dijo el mandatario en el segundo consejo de ministros televisado, en la noche de este lunes.

1.280.000 pesos por núcleo familiar

La directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Gloria Miranda, anunció que serán 1.280.000 pesos mensuales para cada núcleo familiar que campesino. Se espera comenzar con los primeros pagos la semana próxima. Aún es incierto cómo, a quién y cuándo se pagará.

En principio, los estimativos del programa son para un año. De ahí, surge un escollo. Si funciona, se sostendrá esa iniciativa hasta cuando, en marzo de 2026, el país ya estará en modo campaña electoral y el Gobierno nacional empacando maletas. Queda un año y cinco meses para el final de esta administración.

“Estamos hablando de sustituir todo el circuito económico y no solo el cultivo. La coca se vende transformada en pasta base para agregarle valor, y nosotros vamos a hacer lo mismo con productos legales como cacao y café”, afirmó Miranda. ¿Es eso posible? ¿Aceptarán los campesinos acogerse a esta idea cuando ellos saben por su propia experiencia que una mata de cacao da su primeros frutos entre cinco y seis años y la de café entre dos y cuatro años?

Otro de los desafíos es la rentabilidad comparativa entre los cultivos ilícitos y los legales. Hoy, una hectárea de coca puede generar hasta 2.500.000 pesos mensuales en ganancias netas para los campesinos, cifra que supera ampliamente el subsidio ofrecido por el Gobierno para el Catatumbo.

Ante esta preocupación, Miranda reconoció la dificultad de competir con el narcotráfico en términos económicos, pero enfatizó otros beneficios.

“El mercado ilícito siempre pagará más, pero no ofrece estabilidad ni paz. Con este programa, además del subsidio, los campesinos recibirán proyectos productivos, apoyo en comercialización y mejoras en vivienda e infraestructura”, dice. Es un discurso que parte del buenismo similar al que se usó con la paz total: “Los grupos armados deben dejar la violencia porque la sociedad la rechaza”, han dichos funcionarios de esta administración esperando que ellos reflexionen. Y, obvio, no hicieron caso.

Una oportunidad que llega tarde

Para Jairo Oviedo, quien conoce a profundidad el Catatumbo, la iniciativa llega en un momento crítico. “Es bastante difícil. Si el Gobierno hubiera impulsado esto hace unos años, cuando había una crisis por la hoja de coca y los compradores desaparecieron, el proceso de desincentivación habría sido mucho más fácil. La gente empezó a intercambiar gramos de coca por alimentos porque ya no tenía valor comercial. En ese momento, un programa como este habría sido clave”, dice al recordar la situación de 2023. En ese momento, una arroba de coca llegó a valer 20.000 pesos.

Pero no se hizo. Y ahora la situación es distinta: las organizaciones ilegales ejercen una presión con puño de hierro y el conflicto se agravó a límites infames.

Además de que el negocio de la coca se reactivó, los precios subieron, y la lucha por el control territorial ya no es soterrada, sino abierta. “En este contexto, implementar el programa es sumamente complejo”, explica.

Oviedo también señala experiencias similares. El PNIS tuvo un impacto muy bajo en el Catatumbo. “Solo estuvo presente en dos municipios: Tibú y San Juan de Mata. Los resultados fueron mínimos. Las condiciones del programa, tanto operativas como logísticas, eran muy limitadas”, dice.

Más allá del subsidio: desafíos estructurales

Otro factor que preocupa a los campesinos es la reacción de los grupos armados. “¿Se va a quedar quieto el ELN y va a mirar cómo la gente se erradica por voluntad propia?”, preguntan voceros de organizaciones campesinas que prefieren reservarse el nombre por temor a las represalias. “Lo más probable es que ejerzan una fuerte presión sobre la población, lo que representaría un riesgo alto”, dicen.

El dilema para los campesinos es enorme. Ahora, por ejemplo, hay una fuerte competencia con la agroindustria de la palma. “Los pequeños productores quedan atrapados entre los intereses de los cultivadores de palma, que son grupos económicos fuertes, y el control territorial de los grupos armados”, explica un líder campesino.

Una mujer cultivadora sostiene que el Catatumbo tiene un gran potencial productivo: yuca, plátano, maíz, piña, caña, son productos que brotan en esta tierra. “Sin embargo, el problema de siempre es la comercialización”, opina.

“Las vías del Catatumbo son sumamente precarias. ¿Quién le garantiza al campesino que, si deja de sembrar coca y apuesta por cacao o yuca, podrá vender su producción? ¿Cómo van a garantizar condiciones justas de compra? Esto está directamente ligado a la posibilidad de acceder a créditos”, dicen.

Y aquí surge otro obstáculo: la titulación de tierras. “El acceso a crédito es muy difícil en la región porque muchas tierras aún están bajo la Ley Segunda, lo que impide su formalización y limita las opciones de financiamiento para los campesinos”.

Si el campesino va al banco a pedir un préstamo, lo primero que el banco le va a preguntar es cuáles son las garantías. El campesino tiene la posesión de una mejora, pero no cuenta con los títulos que lo acrediten. Entonces, el banco le dirá: “Lo siento, señor, no podemos otorgarle el préstamo”.

¿Un plan viable?

Hay otro obstáculo a la vista de todos: la falta de infraestructura. Hoy las vías entre Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y Hacarí, entre otros, son consideradas trochas. ¿Desplegará el Gobierno nacional un afanado y eficaz programa de carreteras para que en caso de que los pobladores decidan dedicarse a la agricultura legal tengan como sacar sus cosechas?

Sin vías de acceso, hay que sumar la ausencia de canales de comunicación permanentes y con metodología entre el Gobierno central y las autoridades locales. Todas las fuentes consultadas para este artículo en la región dicen que el plan anunciado por el presidente Petro tendría que estar muy bien articulado entre las distintas autoridades: Gobierno nacional y Gobierno territorial -esto es la gobernación del departamento y las alcaldías-. “Esa es la percepción que tenemos desde la sociedad civil: no hemos visto una articulación clara entre el Gobierno nacional y las autoridades locales”, dice un vocero de una ONG.

La queja permanente de los alcaldes es que el Gobierno avanza, en ocasiones, en diálogo directo con algunas organizaciones sociales sin coordinar con las alcaldías. Esto genera una especie de tensión: el alcalde no sabe qué está haciendo el ministerio, el gobernador tampoco, y cuando un funcionario del ministerio llega al territorio, se reúne con algunos actores sociales, pero no con todos ni con las autoridades locales.

Una política pública de esa magnitud tendría que estar muy bien cohesionada de principio a fin porque a las gobernaciones le interesa, por ejemplo, que haya un proceso productivo a gran escala. En aplicación del principio de territorialidad, debería garantizarse esa coordinación en las políticas públicas.

En ese sentido, Petro ha mostrado que prefiere mantener una línea directa en muchos aspectos con las comunidades de base. Así, por ejemplo, ante su idea de crear un departamento en el Magdalena Medio, Juvenal Díaz, gobernador de Santander, expresó su desacuerdo: “No es viable y no estamos de acuerdo”. Petro le contestó: “Quien debe estar de acuerdo o no con la creación del departamento del Magdalena Medio, o departamento del Río, es la población que habita el Magdalena Medio”.

¿Para esta propuesta se habrá concertado todo con el gobernador de Norte de Santander y los 11 municipios que componen el Catatumbo?

Esta, sin embargo, no es la primera vez que se propone estimular con dinero a los cultivadores para que sustituyan sus plantas. Ya en el Catatumbo, otros gobiernos han puesto en marcha planes similares y han fracasado.

No es la primera vez

Catatumbo ha tenido coca desde los años 80, como otros departamentos, pero nunca en las cantidades de ahora. El presidente Juan Manuel Santos hizo un acuerdo con algunas organizaciones campesinas, como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). En ese momento, había poca coca en la región, 3.000 hectáreas, según varios estimativos.

Pero después de la negociación, la coca se disparó. El Gobierno dejó de erradicar, dejó de fumigar y entregó un incentivo también en metálico a cada campesino para que dejara de cultivar. Se entregó el dinero, pero el cultivo continuó, y desde entonces la coca ha crecido de manera exponencial en el Catatumbo.

Ese es precisamente el riesgo de cualquier proceso de desarrollo alternativo. Si se paga por erradicar, pero no se garantiza la continuidad en el proceso, al final el Estado pierde dinero y los campesinos pueden volver a cultivar.

La solicitud en este caso de los campesinos es que los acuerdos que se hagan se cumplan. Y no solo porque el campesino debe recibir lo prometido, sino porque se deben generan procesos de desarrollo reales. Si no hay continuidad, todo volverá a un punto cero.

El gobierno de Petro camina hacia los tres años y no ha podido sacar adelante ningún plan de sustitución. ¿Por qué ahora así?

García, una de las lideresas de este territorio, dice que será muy difícil, aunque no imposible. Sin embargo, la situación actual, marcada por la agudización del conflicto armado que se está viendo de manera estremecedora en la actualidad y el temor de la población, hace poco probable que la gente se acoja a esta propuesta. “Los grupos armados ilegales no lo van a permitir”, cree ella.

La señora García comparte la opinión de que es posible que la tarea se haya dejado para última hora. “Creo que esto pudo haberse logrado cuando había cese al fuego entre los dos grupos. Como campesinos, queremos una nueva oportunidad, pero aquí la gente erradicó y nunca le cumplieron, lo que genera miedo y desconfianza”, dice al resumir las experiencias de su comunidad.

El riesgo de repoblar de coca la región

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), si el pago de los subsidios está condicionado a la erradicación previa con monitoreo, podría reducir esas hectáreas. Sin embargo, esto se convierte en un incentivo para la siembra y renovación en lugares cercanos, limitando el alcance del programa. Así sucedió con el PNIS y otros programas de erradicación, que terminaron impulsando la expansión en zonas adyacentes.

“Es probable que esto ocurra en Catatumbo, donde aún hay miles de hectáreas que podrían destinarse al cultivo de coca. Incluso, podría llevar a una relocalización en las áreas bajo dominio del ELN, beneficiando los intereses de ese grupo armado”, dice el experto.

Otro efecto preocupante del anuncio es que puede incentivar una siembra adicional con el fin de recibir el subsidio, como sucedió en 2015. “Es decir, podría pagarse el subsidio y erradicarse, pero sin lograr una reducción real del área sembrada con coca, ni siquiera en la región”.

Esto ha ocurrido en el pasado con distintos programas de sustitución de cultivos con incentivos económicos.

Finalmente, hay un problema con la escala y el costo del programa: lo planteado equivale a la mitad de lo logrado con el PNIS y a una fracción del costo de este último. No está claro en qué consistirán los ahorros, pero probablemente se relacionen con la ausencia de programas de sustitución mediante asistencia técnica, inversión subsidiada, articulación con redes empresariales de procesamiento agroindustrial o inversión en infraestructura. Sin estos elementos, el programa no logrará sustituir la economía ilícita.

Otra situación relevante es la declaración del presidente Petro. Al presentar el plan, afirmó: “Muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander López, el director del DNP, están permeadas por las armas, subordinadas a ellas. Aun así, hay que quitarle la población a las armas; no se trata de quitarle recursos a las armas”.

ASCAMCAT publicó un comunicado solicitando una rectificación: “Señor presidente, como sujetos del cambio reconocidos en su plan de desarrollo, le pedimos que rectifique sus afirmaciones realizadas ayer en el consejo de ministros televisado, ya que agudizan la estigmatización de nuestra organización campesina, suprimen nuestras garantías para la participación política, profundizan las condiciones de riesgo e incrementan las dificultades para la concreción de los esfuerzos que hemos desplegado en esta ruta humanitaria que activamos”. Esto significa que las relaciones no empezaron bien y en una situación tan urgente es clave tender puentes.

El plan de Petro para reducir a la mitad los cultivos de coca en el Catatumbo durante la vigencia de la conmoción interior (hasta 270 días como máximo) es, entonces, incierta. De ser exitosa, podría darle un vuelco a la actual realidad.

Con un área de al menos 253.000 hectáreas de coca en todo el país, el año pasado apenas se destruyeron 9.500, el resultado más bajo en la historia de la lucha antinarcóticos. Y con una cifra que asusta en Estados Unidos: 2.664 toneladas potenciales de alcaloide cada año.

Una buena idea que no se tuvo en cuenta

En entrevista con CAMBIO, Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del Partido Comunes, expresó que la situación no funciona porque el Gobierno no ha articulado correctamente la estructura del Acuerdo de Paz ni ha coordinado las distintas instituciones responsables de su implementación.

Un ejemplo, dice, es la falta de articulación es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), un programa que surgió del Acuerdo de Paz, bien diseñado y estudiado, pero que ha sido desestimado. Ahora, el presidente Petro simplemente anuncia que se comprará la hoja de coca a los campesinos, cuando el PNIS contemplaba no solo la producción, sino también proyectos productivos y obras de infraestructura en las regiones, anota él.

Cuando se le preguntó si los grupos armados han crecido significativamente, Londoño respondió que la falta de implementación del Acuerdo y la persistencia del conflicto en las zonas de cultivos ilícitos han permitido la continuidad de la violencia. Esto facilita el reclutamiento de jóvenes y el fortalecimiento de los grupos armados.

El motor de la guerra en Colombia es el narcotráfico. ¿Con la implementación del Acuerdo de Paz, este habría disminuido? “Sí. Le doy un ejemplo: el PNIS. Cuando se diseñó en La Habana, me reuní con más de 30 líderes cocaleros del país, quienes pasaron tres días elaborando insumos para la mesa de negociación. Hicimos un cálculo: si el programa se implementaba como estaba planteado, la producción de hoja de coca en el país se reduciría en un 70 %. Si ese programa se hubiera ejecutado correctamente, la situación en Colombia sería otra”, afirmó Londoño.

Ese es precisamente el reto: lograr la articulación entre todas las entidades del Estado para resolver los problemas. Finalmente, Miranda explicó que el destino para quienes erradiquen la hoja de coca de raíz en sus territorios será distinto. “Es un cambio de vida y de economía: la oportunidad de vivir en paz,”, prometió.