El Ministerio de la Igualdad niega el fracaso del programa Jóvenes en Paz y anuncia medidas para evitar su colapso

Con la llegada de Carlos Rosero al Ministerio de Igualdad, en la entidad se siente un cambio de rumbo. La nueva administración trajo consigo una renovación en los niveles directivos y un aire distinto en la dinámica institucional. Según Pablo Zabala, viceministro de Juventudes, el equipo actual llegó “sin el desgaste de la administración anterior. Eso nos viene bien frente a los retos que enfrentamos”, afirma en entrevista con CAMBIO.

Uno de los principales enfoques del nuevo liderazgo, según Zabala, ha sido fortalecer la atención a la diversidad poblacional, un reto estructural que requiere una respuesta articulada desde los cinco viceministerios que componen la cartera. La evaluación interna liderada por el ministro Rosero permitió establecer nuevas directrices políticas y operativas, con especial énfasis en los territorios históricamente excluidos.

Otro de los frentes sensibles ha sido la ejecución presupuestal. Zabala admite que han existido dificultades, pero asegura que ya se están tomando medidas para mejorar el desempeño financiero del Ministerio. En el caso del Viceministerio de Juventud, el funcionario asegura que se están adelantando procesos precontractuales financiados a través del Fondo de Superación de Brechas y que una evaluación integral del presupuesto será realizada directamente por el ministro.

En este nuevo contexto de reordenamiento institucional y reorientación de prioridades, uno de los programas que intenta retomar el rumbo es Jóvenes en Paz, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para prevenir el reclutamiento juvenil en contextos de violencia. Sin embargo, el programa ha enfrentado dificultades significativas, entre ellas el incumplimiento en los pagos tanto a funcionarios como a beneficiarios.

¿Qué es Jóvenes en Paz?

El Programa Nacional Jóvenes en Paz es una de las iniciativas bandera del gobierno de Gustavo Petro, con la que se busca ofrecer una alternativa real a jóvenes de territorios excluidos y con alta conflictividad social, alejándolos del reclutamiento por parte de grupos criminales. Según el viceministro de las Juventudes, “el propósito es competir con las organizaciones criminales y ofrecerles una primera oportunidad a los jóvenes que históricamente han sido parte de los conflictos y las guerras”.

La estrategia se estructura bajo tres componentes: transferencias monetarias condicionadas, corresponsabilidad y educación. Cada joven vinculado recibe cerca de un millón de pesos mensuales, condicionado a su participación en actividades formativas y comunitarias.
La meta, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, es llegar a 100.000 jóvenes durante el cuatrienio. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han vinculado 28.000 beneficiarios.

El convenio fallido

Uno de los grandes tropiezos ha sido el convenio 062 con la Unión Temporal Territorio y Paz, firmado en julio de 2024, con el objetivo de atender a 50.000 jóvenes. En noviembre, cuando Zabala llegó a la cartera, según explica, “el convenio llevaba aproximadamente cinco meses de ejecución y solo alcanzaba un 5 por ciento de avance. Así lo encontramos”.

Añade que en ese momento el programa se encontraba sin jóvenes vinculados, sin profesionales contratados, sin espacios habilitados para las aulas y, por supuesto, sin atención alimentaria. Sobre la razón de esa situación, el viceministro señala que no puede responder por la decisión de la anterior administración y que esa pregunta debe dirigirse esos exfuncionarios.

Pese al revés, Zabala asegura que el programa no está condenado al fracaso. Explica que se han trabajado distintos escenarios para atender a los 50.000 jóvenes inicialmente proyectados y que ya se hicieron las proyecciones presupuestales correspondientes. Sin embargo, reconoce que la situación fiscal del Gobierno nacional ha impuesto restricciones.

“Estamos trabajando con una meta de atención cercana a los 65.000 jóvenes, que es lo que podemos cubrir con los recursos disponibles hoy”, señala. Y aclara que eso no significa que se renuncie a la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo: “No estoy diciendo que ya no serán 100.000. Lo que digo es que, con los recursos actuales, podemos atender a 65.000 jóvenes. Y, desde luego, si se hacen los traslados presupuestales necesarios, llegaremos a los 100.000”.

Errores, correcciones y tecnología

El viceministro admite fallas en el control de los perfiles que ingresaron al programa, el cual está dirigido exclusivamente a jóvenes entre los 14 y 28 años. Señala que se detectaron casos irregulares de personas por fuera de ese rango, incluidos reportes absurdos de beneficiarios con más de 90 años: “Esos casos ya se corrigieron y fueron reportados a los entes de control”, asegura.

Además, reconoce deficiencias tecnológicas heredadas: “Cuando llegamos, todo se gestionaba en Excel y un sistema rudimentario llamado COBO”. Actualmente, el programa funciona sobre una nueva plataforma llamada SISJOPAZ, que organiza y centraliza los procesos de asistencia y seguimiento.

Pagos pendientes y transparencia

Uno de los problemas más sensibles ha sido el pago de salarios a trabajadores del programa. Con corte al mes de abril, todavía no se había hecho efectivo el desembolso. Zabala explica que esa responsabilidad es de la Unión Temporal, que ya ha recibido 54.000 millones de pesos. “No podemos hacer un nuevo desembolso sin productos que cumplan los requisitos mínimos”, enfatizó.

No obstante, asegura que, aunque hubo retrasos en los pagos a los beneficiarios en febrero, a la fecha todos están al día y ninguno ha dejado de recibir su transferencia monetaria.

Además, se comprometió a realizar los trámites necesarios para garantizar que la Unión Temporal Territorio y Paz, entidad encargada de la operación, cumpla con las obligaciones laborales adquiridas con sus trabajadores, quienes, debido a la falta de pagos, están haciendo plantones afuera del Ministerio.

El viceministro no ocultó que uno de los principales obstáculos del programa ha sido la articulación entre las distintas entidades del Gobierno. Reconoce que ha enfrentado varios problemas en la coordinación interinstitucional, lo que ha dificultado la implementación de los distintos componentes.

“Sí, sí ha habido problemas. Cuando uno viene a innovar en cualquier cosa —y más aún en política pública—, se enfrenta a todo tipo de dificultades”, afirma.

Agrega que cada componente del programa está a cargo de una entidad distinta: el de educación lo lidera el Ministerio de Educación Nacional; el de corresponsabilidad, el Ministerio del Interior; y el de transferencias monetarias, Prosperidad Social y el Ministerio de Igualdad asume la coordinación general. “Como se dice asume la cruz, llevamos ese peso”, señala.

Para superar los cuellos de botella, anuncia que próximamente sesionará el Consejo Directivo del Programa Nacional Jóvenes en Paz —una especie de consejo de ministros en pequeño— para aprobar el nuevo manual operativo que busca corregir esas fallas de articulación.

¿Futuro garantizado sí o no?

Sobre la sostenibilidad del programa más allá de este Gobierno, el viceministro es claro en manifestar que su continuidad dependerá del próximo gobierno. “Eso hay que preguntárselo al próximo presidente de la República, porque nosotros estamos hasta el 6 de agosto de 2026”, afirma.

No obstante, aseguró que se dejarán las bases para que el programa continúe. “Sí van a estar las bases, pero lo que le digo, aquí las veleidades de la política... no le podemos responder esa pregunta”, dice.

Al preguntarle si existen planes concretos para asegurar su permanencia, responde: “Sí, sí hay planes. Este es un proyecto estratégico. Nuestra intención es amarrarlo a un CONPES”.

Aun así, reconoce que un documento de ese tipo no garantiza por sí solo la continuidad: “Usted también sabe que un CONPES no necesariamente se cumple”. Y concluye: “Nosotros tenemos toda la voluntad de que esto sea una política de Estado. Pero hasta el momento, es una política de gobierno”.

Lo cierto es que el programa, que debía ser una solución clave para los jóvenes vulnerables, no ha logrado generar resultados concretos. La lentitud en su implementación, junto con la falta de planificación y coordinación, ha hecho que las expectativas se desmoronen. Desde la entidad, esperan que las acciones actuales les permitan retomar el rumbo de una política que fue protagonista en el discurso del Gobierno.