El misterioso e incierto proceso que el Gobierno de Petro inició con los paramilitares

Sin mucho ruido y con consecuencias imprevisibles, el presidente Gustavo Petro abrió una nueva instancia entre las varias mesas que tiene en marcha dentro de la política de paz total. Esta busca “cerrar el Acuerdo de Ralito”, la negociación firmada hace dos décadas entre el presidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La iniciativa se instaló formalmente en Montería, Córdoba. De una parte, están 18 de los principales excomandantes paramilitares, quienes durante años sembraron el terror a lo largo y ancho de la geografía nacional; de la otra y en representación del Gobierno nacional, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán Valencia. El alto comisionado de Paz y máximo responsable de las políticas de reconciliación de esta administración, Otty Patiño, no figura.

El CNMH publicó un comunicado titulado: 'Con un diálogo en Montería, Gobierno y exjefes de las AUC activan el cierre del proceso de Ralito y promueven la reparación a víctimas'.

Para Gaitán, “esta mesa no es para una negociación de paz, sino para el cierre de un proceso que inició hace más de 20 años”. Aunque para la desmovilización de los paramilitares se creó la Ley 975 de 2005 y se puso en marcha el sistema de Justicia y Paz, quienes se acogieron argumentan que nunca se firmó un acuerdo de paz formal. Y Gaitán subraya la importancia de esta instancia para avanzar sobre “lo que el país no conoce”.

Entre quienes intervienen en el proceso figuran nombres que, pese al paso del tiempo, aún generan temor. No es para menos. Las AUC cometieron 94.754 asesinatos. Aún se siguen encontrando fosas comunes donde se estima que habría más de 40.000 cadáveres.

Un catálogo de atrocidades

Son responsables de un catálogo de atrocidades que muestran hasta qué punto se degradó el conflicto en el país: torturas, asesinatos, desplazamiento forzado, masacres, despojo de tierras y del 44por ciento de los desplazados en Colombia, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). De acuerdo con las Naciones Unidas, las AUC son responsables del 80 por ciento de los asesinatos de civiles durante el conflicto armado interno en Colombia.

Los exjefes que participan en este nuevo diálogo son: Salvatore Mancuso (El Mono), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), Hernán Giraldo (Taladro), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar), Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy), Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada), Freddy Rendón Herrera (El Alemán), Edward Cobos Téllez (Diego Vecino) y Héctor Germán Buitrago (Martín Llanos), entre otros.

Todos fueron nombrados gestores de paz en noviembre pasado por el presidente Petro, excepto Mancuso, que ya llevaba un año bajo esa figura. Todos fueron condenados por el delito que los agrupó: narcotráfico.

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que es bastante singular que, 20 años después, se pretenda cerrar un proceso. Esto crea un precedente delicado para otros procesos de negociación, en los que, básicamente, se abandona la guerra, se responde a las víctimas y, a cambio, se reciben beneficios jurídicos. Se abre así una ventana de dudas sobre lo que significa y cómo el Estado o un gobierno brinda certezas sobre lo acordado.

“En segundo lugar, este proceso responde a una lógica que tiene el Gobierno –una lógica respetable y legítima–, según la cual el paramilitarismo todavía existe, algo con lo que no estoy de acuerdo”, dice Arias.

¿Hoy todavía hay paramilitares?

En efecto, uno de los grandes avances que los colombianos podrían valorar es haber pasado esta página vergonzosa en la que las autoridades legítimamente constituidas conformaban alianzas con particulares para ejecutar crímenes. En el Gobierno, sin embargo, tienen una lectura distinta.

Luis Trejos, analista de paz y profesor de la Universidad del Norte, considera que este nuevo espacio abierto se inscribe en una línea de improvisación que ha marcado la política de paz total. A su juicio, esta “mesa de cierre” deja más preguntas que respuestas, pues las víctimas no han sido incluidas y se ignoran los aportes previos de Justicia y Paz, del CNMH, de la academia y de la Comisión de la Verdad.

Se asume que gran parte del crimen organizado actual proviene todavía de esa generación de paramilitarismo, lo cual también representa un enfoque desafortunado, en palabras de Arias. Para este experto, si bien es una narrativa válida y legítima, en términos prácticos implica posicionar una reedición del paramilitarismo que el presidente Petro dice ver en el Clan del Golfo, pero que no se manifiesta allí de forma concreta, al menos no como se conoció el paramilitarismo en el pasado.

Al margen de esta visión que abre un debate, la instalación de este espacio saca a flote, una vez más, la falta de una visión conjunta dentro del Gobierno en la política de paz total. Esta falta de coherencia ya ha tenido impacto en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la mesa con las disidencias, y vuelve a repetirse en este caso.

Para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se ve viable un proceso de esta naturaleza, mientras que otras instancias del mismo Gobierno sí lo consideran posible.

Un Gobierno, dos lecturas

En ese sentido, este proceso muestra una vez más que no hay una visión compartida en el interior del Gobierno para manejar el tema que llevó a que muchos colombianos votaran por el presidente Petro, al considerar que por su experiencia personal era el llamado a cerrar los ciclos de violencia.

No ha sido así. En los últimos días, dos expresidentes –Juan Manuel Santos y César Gaviria– se han mostrado críticos con Petro, a quien señalan de no tener una hoja de ruta definida, sino de improvisar y reciclar temas que ya se consideraban cerrados. Para Santos, por ejemplo, fue el propio Gobierno el que les dio oxígeno a los disidentes de las viejas Farc para que se reagruparan y conformaran un nuevo actor armado: el Estado Mayor Central de las Farc, con el que ahora se negocia.

Por eso, este nuevo proceso resulta tan sorprendente en medio de la coyuntura actual. A esto se suman varios retos. En primer lugar, garantizar los derechos de las víctimas, sobre todo ante la expectativa que genera la reapertura de una mesa. En segundo lugar, la capacidad o incapacidad del Gobierno para hacer seguimiento a los compromisos asumidos.

En tercer lugar, la procedencia diversa de los exparamilitares involucrados: algunos cumplieron el proceso, como Mancuso, y contaron sus verdades; otros, como HH, se rearmaron, fueron capturados y luego regresaron al proceso de Justicia y Paz; y otros más, como Botalón (confirmado por el propio Clan del Golfo como comandante paramilitar rearmado), representan casos tan complejos como diversos. Ahora están sentados en la misma mesa.

En resumen, esta decisión va en contravía de garantizar la no repetición y el respeto a los derechos de las víctimas, al nombrar como gestores a personas que cumplieron el proceso, otras que lo incumplieron y otras que se rearmaron.

La visión positiva

Sin embargo, Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, considera que, en principio, se trata de una idea relevante, pues hay aspectos del proceso judicial que siguen inconclusos y dificultan el retorno a la vida civil de muchos excombatientes. También estima necesario cerrar el capítulo desde lo político, para que no quede flotando en el debate público indefinidamente.

Para ella, es fundamental conocer los términos de la propuesta, en especial las condiciones que se exigirán a los exparamilitares y las garantías de que no reincidan en actividades ilícitas. Por eso, considera vital que el Gobierno informe con transparencia y en detalle qué está ocurriendo con todos los protagonistas de la violencia.

Para algunos analistas, es posible que se trate de un medio para reabrir el debate sobre la verdad del paramilitarismo, con claras motivaciones políticas de cara a las elecciones de 2026. En ese sentido, es un despropósito presentarlo como un proceso legítimo y resulta especialmente crítico por las falsas expectativas que vuelve a generar en las víctimas, argumenta Arias.

Además, dice Trejos, se desconocen los compromisos adquiridos por los excomandantes y por el Gobierno, lo que genera dudas sobre las intenciones del proceso, especialmente en un contexto preelectoral. Algunos temen que se use políticamente contra la oposición, dado que varios de los participantes han demostrado no tener voluntad real de contribuir a la verdad y la justicia.

La iniciativa también tiene un componente político claro, ya que se lanza en vísperas de la campaña electoral para renovar el Congreso y elegir presidente en 2026.

“Sin traición y sin miedo a la verdad”

El primer paso en este proceso con los paramilitares se dio el 14 de agosto de 2023, cuando Mancuso fue designado como gestor de paz. En octubre de ese año, durante un encuentro con él en Montería, Petro anunció que su Gobierno se encargaría de “terminar el proceso de desmovilización”, esta vez “sin traición y sin miedo a la verdad”. Criticó que no se hayan entregado los bienes a las víctimas y propuso instalar la mesa para cerrar el proceso iniciado por Uribe.

En ese momento, el presidente Petro también se refirió, en una crítica implícita a Uribe, a las acusaciones de traición por la extradición de los paramilitares en 2005. Uribe, por su parte, ha defendido esa medida, argumentando que continuaron delinquiendo desde prisión.

La mesa instalada en Montería materializa la idea de Petro, pero resulta compleja, pues, a diferencia de otros procesos de paz, la contraparte no es un grupo armado activo. Eso explica la ausencia del comisionado Patiño.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz se dice que no existe un diálogo formal con estos excombatientes. Por esta razón, quien representó al Gobierno fue la directora del CNMH, Valencia.

Quienes tienen una mirada optimista del proceso anotan que los excomandantes, desmovilizados hace 23 años, se han comprometido a ayudar en la búsqueda de desaparecidos, entregar tierras y realizar nuevos actos de reconocimiento a las víctimas.

Juan Carlos Villamizar, asesor del proceso, citado por El País de Madrid, explica que también han solicitado el cierre definitivo de sus procesos judiciales en el marco del sistema de Justicia y Paz. Señala que este proceso durará tres o cuatro meses. Si el Gobierno acepta la propuesta y no surgen obstáculos legales, los exparamilitares quedarían exentos de sus obligaciones judiciales pendientes.

¿Una jugada política?

Villamizar también ve en esta mesa una jugada política: “No es descabellado decir que cerrar el Acuerdo de Ralito sería una victoria política de Petro sobre Uribe”, afirma, aludiendo a uno de los mayores logros que el expresidente atribuye a su gestión.
El proceso ha pasado inadvertido en la opinión pública, en parte por la baja visibilidad que le ha dado el Gobierno.

Se espera, entonces, que el CNMH presente un informe sobre la implementación del Acuerdo de Ralito, los compromisos pendientes y los plazos para cumplirlos. Carlos Blanco, abogado de varios desmovilizados, también citado por El País, anunció que se celebrará una nueva reunión en Bucaramanga para consolidar una mesa nacional de exintegrantes de las AUC y presentar propuestas al Gobierno.

A través de la resolución 453, el presidente designó como gestores de paz a los exjefes de las AUC, en una decisión que generó críticas, especialmente porque estuvo seis meses sin avances hasta el reciente evento que se realizó en la Universidad de Córdoba.

Al encuentro asistieron varios de los gestores, entre ellos Mancuso y Macaco, quienes pidieron perdón a las víctimas y firmaron compromisos relacionados con la búsqueda de desaparecidos, la reparación y el esclarecimiento de la verdad. “El informe de cierre del proceso de Ralito será entregado al presidente de la república. Invitamos al Centro Nacional de Memoria Histórica a participar en su elaboración”, aseguró Mancuso.

Gaitán celebró la iniciativa y recordó que el CNMH asumió esta tarea tras la invitación pública hecha por el presidente el 3 de octubre. Durante el evento, entregó una propuesta de trabajo que abordará temas como bienes, desmovilización y desaparecidos, y afirmó que el objetivo es construir una Colombia más justa.

Para Gaitán, “es importante que, una vez se cuente con el informe de hallazgos y recomendaciones, la Oficina del Comisionado de Paz acompañe el proceso, aunque por su misionalidad, actualmente le corresponde al CNMH encabezar esta labor”. Mientras tanto, en la oficina del alto comisionado optan por el silencio.