La mina que amenaza con borrar a Cañaverales: una comunidad afrodescendiente en pie de lucha por su manantial y su dignidad

Desde el sur profundo de La Guajira, en medio del bosque seco tropical y entre acequias que alimentan la vida agrícola, la comunidad del corregimiento de Cañaverales libra una batalla silenciosa, pero decidida contra una amenaza que, de concretarse, podría borrar su historia, su cultura y su futuro: la amenaza del carbón.

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Una amenaza bajo tierra: el proyecto minero en Cañaverales que afectaría el manantial y el ecosistema

La empresa Best Coal Company, filial de la multinacional turca Yildirim Holding, pretende abrir una mina a cielo abierto para extraer más de 7 millones de toneladas de carbón durante diez años. El proyecto se ubicaría a menos de dos kilómetros del manantial que ha sostenido durante generaciones a esta comunidad afrodescendiente. La mina, según denuncian sus habitantes, también afectaría directamente una zona de reserva forestal, parte de un ecosistema frágil que ha sido reconocido como Área de Especial Protección Ambiental.

El manantial, conocido por su caudal constante y por su capacidad de alimentar unas nueve acequias que riegan cerca de 3.000 hectáreas de tierra fértil, es el eje sobre el cual gira la vida en Cañaverales, ubicado en las estribaciones de la Serranía del Perijá. Aquí no hay ríos imponentes ni lagos vastos. El agua se guarda en la tierra, emerge suave desde el subsuelo y se distribuye a través de canales mantenidos por la comunidad. Por ello, su mayor miedo es que el proyecto afecte las fuentes hídricas que les dan para sobrevivir el día a día.

“No estamos hablando solo de una mina, estamos hablando de nuestra agua, nuestra agricultura, nuestros ancestros y nuestro futuro”, dijo Luna Gámez, trabajadora social y lideresa juvenil. Su voz es una entre muchas, pero resume con claridad el sentir de una comunidad que no se opone al desarrollo, sino a la imposición de proyectos que no respetan sus derechos fundamentales.

Una consulta que nunca fue: denuncias de irregularidades

La comunidad afirma que no fue consultada previamente sobre el proyecto, ni se tuvieron en cuenta sus opiniones respecto a la mina antes de iniciar su ejecución. Por ello, para este 14 de junio está convocada una audiencia pública ambiental, con el objetivo de que sus demandas sean escuchadas por las autoridades.

El proceso de consulta previa está contemplado tanto en el derecho nacional como en el internacional para la protección de las comunidades étnicas. Sin embargo, hasta ahora, los reclamos de esa comunidad no han sido atendidos. Por ello, para Geania Gámez, presidenta de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales, el problema es de carácter estructural. Esperan que la audiencia pública permita, por fin, ser genuinamente escuchados.

“Esperamos que sea una consulta muy participativa, pero sobre todo que sea una consulta vinculante, que no sea un procedimiento para cumplir con los requisitos de ley, sino que realmente Corpoguajira escuche nuestras solicitudes, pero sobre todo la información que podemos presentarle: técnicamente, profesionalmente y ancestralmente, sobre el proyecto", dijo en entrevista con CAMBIO.

El Estado ausente: denuncias sobre la institucionalidad

Óscar Gámez, representante legal del Consejo Comunitario, también cuestionó que el Estado no haya consultado a las comunidades antes de otorgar el título minero, lo que, según sus palabras, evidencia un abandono estatal hacia estas poblaciones. “Se entregó sin consultar a las comunidades que hacen parte del territorio incluido en ese título. Y aún hoy no entendemos cómo eso puede seguir siendo válido. Por eso digo que en Colombia la justicia minera es un desastre, como todo el sistema judicial, que en muchos casos no es más que un negocio entre quienes están más cercanos al poder”, dijo.

Además, las maniobras recientes de la empresa para reducir el volumen proyectado de extracción han encendido las alarmas. “Consideramos que es un mecanismo de mala fe porque, con solo el hecho de que la empresa considere que la Anla no es la entidad a nivel nacional encargada de evaluar el proyecto, y sí lo es Corpoguajira, porque bajan los niveles de producción, amañando un poco esas proyecciones, entonces se sale del espectro de la Anla para que no sea esta la que diligencie o lidere el proceso de licenciamiento ambiental”, añadió Geania.

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha reiterado su compromiso con la descarbonización de la economía y la transición hacia modelos sostenibles, el hecho de que la competencia esté en manos de una autoridad regional, y no nacional, limita su capacidad directa de intervención. Para la comunidad, esto genera una sensación de indefensión institucional frente a un proyecto que consideran inviable tanto ambiental como socialmente.

Entre la esperanza y el miedo: cómo vive hoy la comunidad

La comunidad también teme que la Audiencia Pública Ambiental convocada para este 14 de junio sea apenas un paso formal para legitimar un proyecto ya decidido. “Lo que queremos es que Corpoguajira nos escuche, pero que no se vuelva un simple procedimiento y que ellos ya tengan la decisión tomada… Que evalúen toda la información que se les está dando para que actúen lo más profesional posible. Y tenemos la fe en Dios de que van a escuchar y van a tomar la decisión que realmente le conviene al departamento de La Guajira, y en especial a Cañaverales”.

El miedo, sin embargo, no es solo técnico ni legal. Es también físico, emocional, cotidiano. “Algunos de nuestros mayores nos han contado que sienten miedo en las noches. Tienen temor de que la empresa entre de repente al territorio, sin que nos demos cuenta. Y eso nos genera un estrés constante, por todas las maniobras que puede tener una empresa de este tipo”, afirma Luna. “Aunque hoy estemos en medio de una audiencia pública, el miedo no se ha ido”.

La experiencia del Cerrejón también está viva en la memoria de Cañaverales. No como un recuerdo ajeno, sino como una advertencia vecina. “Tenemos el espejo de lo que ha pasado con comunidades vecinas afectadas por la mina del Cerrejón. Ellos también eran agricultores, también cultivaban, también tenían agua. Hoy, en la Alta Guajira, hay un problema inmenso de alimentación”, señala Luna a CAMBIO. “Vivimos en un ecosistema de bosque seco tropical, y eso también se vería muy afectado”.

Más allá del impacto ambiental, el tejido social también está siendo afectado. “Una de las herramientas de las grandes empresas es dividir a las familias, fracturar a la comunidad. Y eso ya ha pasado. Aun así, seguimos viendo a los otros como hermanos. Seguimos buscando cómo proteger lo que somos, porque toda persona de Cañaverales, esté donde esté, ama su pueblo”.

La comunidad ha solicitado acompañamiento nacional e internacional. Piden presencia de medios, defensores de derechos humanos, organizaciones ambientales, observadores independientes. Y lo hacen no solo para protegerse de una posible imposición, sino para dejar constancia. "Esta defensa y resistencia del territorio no termina aquí. Pero esperamos que Corpoguajira no la dé”, afirma Geania.

Defender el territorio: más allá de la mina, una lucha por la vida

El mensaje final de Óscar es un llamado al Gobierno nacional: “Mi llamado al presidente es que ya es hora de tomar una decisión definitiva sobre este proyecto. Hay suficiente evidencia para obligar a la empresa a desistir de esta mala fe y esta intención de destruir un territorio, sobre todo en un departamento como La Guajira, donde el recurso hídrico escasea, el hambre golpea y la injusticia social ha sido histórica”.

El territorio, dicen, no se negocia. “Nosotros realmente no estamos diciendo que nos consulten. Esa no es la intención. La intención es parar el proyecto, primero por las irregularidades, porque no se cumplió el debido proceso, pero sobre todo porque queríamos evidenciar que el Estado colombiano no protege a su población”, dijo Geania.

Y cuando se les pregunta qué es lo que más temen perder, la respuesta es contundente: “Ese manantial es el corazón de nuestra tierra. Es el que nos ayuda a producir alimentos y a irrigar alrededor de nueve acequias, con unas 3.000 hectáreas aproximadamente que sirven para producir. Eso perderíamos. Perderíamos la esencia”.

La consecuencia más dolorosa, aseguran, sería tener que abandonar su territorio. Si el manantial se ve afectado por las excavaciones mineras o si su caudal disminuye, la comunidad perdería su única fuente de agua, lo que haría inviable seguir habitando la zona. “Nosotros nos sentimos orgullosos de decir ‘soy cañaveralero’. Pero si llega un proyecto minero, ese será el nuevo signo. Lo que se recordará ya no será la historia, sino el socavón. (…) Eso es desterrarnos. Eso es acabarnos. Y no es justo”, concluyó.

Hoy, la lucha de Cañaverales no es solo por agua o territorio. Es por el derecho a seguir existiendo. A que siga naciendo gente cañaveralera en su territorio. A que no se borre la memoria que habita en cada acequia, en cada surco, en cada calle. A que el futuro no se escriba con carbón, sino con agua, siembra y vida.

CAMBIO intentó contactar a Corpoguajira para conocer su versión, pero al momento de cerrar esta edición no recibió aún respuestas.