Los ecos del ‘tarimazo’ alcanzan los barrios populares de Medellín

Han pasado varios días y al país aún le cuesta digerir lo sucedido el pasado sábado en La Alpujarra, corazón administrativo de Medellín. Allí, el presidente Petro subió a la tarima a los más temibles jefes de las bandas criminales que, precisamente, han sembrado el dolor, el miedo y la zozobra en esa capital.

¿Qué implicaciones tiene la presencia en ese espacio –que luego el presidente Petro hizo retransmitir como alocución oficial– de un jefe de Estado junto a varios jefes de bandas criminales en Medellín, entre ellos los herederos de Don Berna, La Terraza, La Oficina de Envigado, entre otros?

CAMBIO recogió las impresiones de expertos que conocen en profundidad la cotidianidad de los barrios populares de la ciudad, en donde estas organizaciones delictivas ejercen su influencia. Una de las consecuencias, concluyen ellos, es el empoderamiento político que se les otorga a estos individuos.

Alguien que los ve desde un barrio pensará: “Hermano, estoy con los propios, al lado de los que tienen conexión con el presidente. Entonces nos va a ir bien; al propio le va a ir muy bien”.

Desde lo simbólico, esa imagen representa una construcción de autoridad muy fuerte. Ver, por ejemplo, a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas –condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado– al lado del presidente, proyecta una figura de gran ascendencia en las calles donde él reina.

De las balas a los votos

Esto se traduce en un riesgo adicional: la influencia política que se les otorga a personas con poder territorial en Medellín y Bello. En un contexto electoral, esa influencia puede transformarse en votos cautivos, miles de sufragios que podrían capitalizarse en las próximas elecciones, según los expertos.

Por eso, afirman que lo ocurrido el sábado no es poca cosa, ya que ese respaldo simbólico otorgado por el presidente puede traducirse en respaldo electoral. En muchos barrios de Medellín existe un caudal importante de votantes que ven en esas imágenes un estímulo para decantarse.

Hay otro impacto relevante: el que los mismos jefes de las bandas se atribuyen. Según su versión, gracias a sus gestiones, el índice de homicidios y otros delitos de alto impacto en Medellín se ha reducido. Es decir, su actividad criminal –aunque sigue activa– también opera como mecanismo de control. Son jefes de estructuras delictivas que aún mantienen autoridad en los barrios, y esa capacidad de dominio representa un factor para nada marginal.

Y hay también un punto histórico. No es nuevo que existan relaciones entre estructuras criminales y el poder político en Medellín. Lo novedoso es que ahora se sienten al lado del presidente en una plaza pública. “Eso nunca lo habíamos visto”, dicen.

Históricamente, sí han existido acuerdos tácitos con el poder local. Basta recordar el concepto de 'don Bernabilidad', muy utilizado a comienzos del siglo XXI, especialmente durante las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar.

¿Paz sin gobierno local?

Esos acuerdos, afirman los estudiosos del tema, existieron y han sido reconocidos por los propios jefes criminales en conversaciones desde la cárcel. Lo que sucede ahora es que esa relación se muestra de forma abierta, sin diálogo con el gobierno local, lo cual resulta muy grave. Sin embargo, el empoderamiento de los criminales como figuras de autoridad no es nuevo: ha venido ocurriendo desde hace años.

Y aunque inquieta, en algo tienen razón quienes defienden el ‘tarimazo’ al traer a cuento el caso de Gustavo Villegas, condenado por sus vínculos con bandas criminales durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez. Villegas, quien ya había gestionado acuerdos en la administración de Fajardo, fue clave en esas negociaciones con estructuras vinculadas al paramilitarismo. Eso demuestra que las bandas no han perdido poder ni capacidad de negociación con el aparato institucional.

Lo del sábado fue un acto de gran carga simbólica, con implicaciones difíciles de dimensionar. Es cierto que están en diálogos socio-jurídicos, y eso puede tener valor. Pero si esos diálogos no tienen respaldo normativo, se genera una contradicción profunda.

También cabe preguntarse: si no es dialogando con ellos, ¿entonces cómo? Sabemos que desde las cárceles se sigue delinquiendo, por lo que clausurar el diálogo no parece tener sentido. El problema, tal vez, está en las formas: el Gobierno de Petro falla constantemente en ese aspecto. Y aunque estos diálogos pueden ser necesarios, su expresión simbólica puede resultar muy compleja para el ciudadano de a pie.

Otro aspecto que no se puede ignorar es el de las víctimas. Algunos de los jefes de las bandas utilizan una expresión muy problemática: “Verdad sin delación”. Esto implica que el poder reparador de la verdad hacia las víctimas queda muy incompleto, sobre todo en casos en los que hubo connivencia con agentes del Estado.

Así las cosas, los expertos creen que el Gobierno de Petro está usando a las víctimas de manera muy cuestionable. Pero, insisten, eso tampoco es nuevo: en el caso de Don Berna, también se llevaban víctimas a la cárcel de Itagüí antes de su extradición. Incluso se recuerda el dramático caso de una mujer que, al verlo, sufrió un infarto.

Las víctimas están subyugadas

Los intentos de reparación entre miembros de La Oficina y las víctimas han existido, pero el problema radica tanto en las formas como en el fondo. Las víctimas siguen estando subyugadas, tanto simbólicamente como en sus barrios, donde siguen mandando los mismos victimarios. Ninguna víctima se atreverá a dar la cara con una postura crítica mientras estas personas conserven el control territorial.

Lo del sábado fue un espectáculo cargado de símbolos, con un impacto potencial profundo, especialmente en el ámbito político-electoral.

Luis Trejos, analista y docente universitario especializado en conflicto armado, subraya que la implicación de mayor peso es de tipo político. Señaló que representa un desafío a la administración local de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, territorios donde el presidente no ha tenido apoyo electoral significativo.

Trejos considera que el Gobierno nacional busca atribuirse la reducción de algunos indicadores de inseguridad, como el homicidio, como resultado de su política de Paz Total y no de las acciones locales en seguridad y convivencia ciudadana.

Además, calificó el acto como una “tabla de salvación” para una política de paz que ha tenido más sombras que luces. Alertó sobre el riesgo de control político por parte de estas estructuras, especialmente en un contexto preelectoral, donde podrían influir directamente en el voto de las comunidades bajo su dominio territorial.

La hora del exhibicionismo

Esta percepción que se tiene en los barrios de Medellín se complementa con las reacciones de distintas voces que han expresado su alarma por lo sucedido. El exsenador y negociador del proceso de paz con las Farc-EP, Humberto de la Calle Lombana, calificó el hecho como grave.

“Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos, sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, a la Fiscalía, a la justicia y a las Fuerzas Armadas”.

Para él, una cosa es desmovilizar y otra muy distinta es “el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir”.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que la construcción de paz debe basarse en la reafirmación del Estado de derecho:

“¿Qué significa eso? Que los responsables de los crímenes más graves sean sumisos ante la ley. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”.

Marín añadió que, cuando se confunde el papel de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay posibilidad real de paz, porque se diluyen los límites entre lo admisible y lo inadmisible.

El desaliento de la defensora

La defensora del pueblo también hizo énfasis en la ruptura que hay entre el Gobierno nacional y las autoridades locales, en este caso la de Medellín y la de Antioquia:

“Desalienta ver la falta de coordinación del Gobierno nacional con el municipal. Se advierte rivalidad. La ciudad de Medellín no debería ser el escenario de disputa política entre los mandatarios. La obligación del presidente y del alcalde es la de articularse, en el marco de sus competencias constitucionales, para poner fin a la violencia”.

Para Marín, “la paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral. Cualquier mensaje que lleve a pensar que se está utilizando el proceso para otros fines políticos puede hacerle daño a la ciudad. El centro no debe ser la rivalidad de los mandatarios y sus formas de ver la paz, sino la reducción de la violencia y la garantía de los derechos de las víctimas”.

“Los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del presidente Petro de llamar a su lado a un grupo de criminales, sacándolos de la cárcel para que lo acompañaran desde su tarima en una concentración política en La Alpujarra”, dijo, por su parte, el expresidente César Gaviria Trujillo.

Para el exsecretario general de la OEA se dibuja un futuro incierto. “Suponemos que la ‘Constitución Petro’ se hará con una papeleta para ejecutar el ‘Pacto de La Picota’, evidenciado de manera vergonzosa en la tarima de La Alpujarra. Buscar el apoyo de organizaciones criminales agrava aún más la intentona de Petro por romper el orden constitucional”.