¿Dónde están los millones de la salud en Magdalena? Contratos mal ejecutados por más de 3.765 millones están bajo la lupa de las autoridades

La Contraloría General de la República está investigando el destino de 3.765 millones de pesos después de una auditoría a los recursos que el Sistema General de Participaciones y el Fondo Local de Salud le transfirieron al departamento del Magdalena entre 2023 y 2024.

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Lo que parecía una ejecución más de los programas de salud pública, terminó revelando una serie de irregularidades que comprometen a la Gobernación del Magdalena y podrían tener implicaciones fiscales y disciplinarias.

Uno de los contratos bajo la lupa es el CI-776-2023, firmado con el hospital Julio Méndez Barreneche por más de 4.362 millones. Su objetivo era desarrollar acciones en salud pública. Pero al revisar la ejecución, la Contraloría se encontró con una sorpresa: las actividades realizadas no se ajustaban al anexo técnico del contrato, sino a un documento paralelo que no tenía ningún soporte legal.

No se hallaron evidencias del uso de 1.867 millones destinados a insumos médicos, reactivos de laboratorio y equipos biomédicos. Tampoco hay rastros de los contratos del personal técnico, ni detalles de los costos por actividad. Todo esto fue calificado como hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y ya fue enviado a la Procuraduría General de la Nación.

El segundo caso es aún más llamativo: en 2024, la Gobernación firmó el contrato PS-0991-2024, por un valor de 4.930 millones de pesos, también para fortalecimiento de la salud pública. De ese monto, 1.900 millones se destinaron a la compra de equipos biomédicos e infraestructura. El problema es que no hay facturas, ni registros de almacén, ni informes de supervisión que demuestren que los equipos realmente fueron adquiridos y entregados según lo estipulado.

Peor aún, la misma Gobernación admitió que los equipos se instalaron directamente, sin pasar por los procedimientos formales. Un acto que, en palabras de la Contraloría, representa una omisión de control y un incumplimiento contractual.

La entidad de control aseguró que los recursos de la salud deben ser ejecutados con eficiencia y transparencia. Cualquier desviación, por mínima que sea, es un riesgo no solo fiscal, sino también disciplinario y penal. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿dónde están los millones que debieron haberse traducido en bienestar para los ciudadanos del Magdalena?