El contrato vial plagado de irregularidades que salpicó a dos exalcaldes de Cúcuta
Una intersección vial que prometía aliviar el tráfico en el suroccidente de Cúcuta terminó convirtiéndose en un nudo judicial. La Fiscalía imputó a dos exalcaldes y a un exsecretario general por supuestas irregularidades en la contratación, ejecución y finalización del proyecto.
Por: Juan David Cano
Lo que comenzó como una solución a los trancones entre los barrios Belén, Motilones y aeropuerto terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza judicial para tres altos exfuncionarios de Cúcuta. La obra de la intersección 'Cuatro Vientos', anunciada con bombos y platillos en 2018 como un ícono de movilidad urbana, hoy está en el centro de un proceso penal por presuntas anomalías administrativas y decisiones jurídicas cuestionables.
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La Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde César Omar Rojas Ayala, quien gobernó entre 2016 y 2019, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según los investigadores, Rojas habría delegado facultades de contratación a su secretario general, sustentándose en decretos ya derogados, lo que podría haber viciado el proceso desde el inicio.
Esa persona es Hugo Francisco Márquez Peñaranda, también imputado por el mismo delito. Fue él quien, según el expediente, firmó el contrato de obra en octubre de 2018 por más de 27.000 millones de pesos, a pesar de no tener la competencia legal para hacerlo.
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Además, presuntamente omitió uno de los requisitos fundamentales para avanzar en la construcción: la adquisición de los predios necesarios. Esta omisión provocó retrasos acumulativos, múltiples suspensiones y sobrecostos.
Pero la cadena de irregularidades no se detuvo con el cambio de administración.
Un proyecto con urgencia artificial
El tercer implicado es Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde entre 2020 y 2023. La Fiscalía lo acusa de prevaricato por acción, al haber declarado urgencia manifiesta para terminar la obra cuando, en realidad, el contrato ya registraba un avance del 97,44 por ciento y estaba a un día de vencerse.
De acuerdo con los fiscales del caso, esa declaración no estaba justificada ni en hechos imprevisibles ni en fuerza mayor, por lo que se habría usado de forma irregular para modificar condiciones contractuales.
La investigación busca determinar si hubo un uso político o clientelista de la obra pública, un patrón que ha afectado a múltiples ciudades del país, donde las grandes inversiones en infraestructura terminan atrapadas entre la ineficiencia técnica y los intereses particulares.
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