
“La preocupación más grande viene cuando nos dejen de ayudar”: CAMBIO habló con damnificados por la ola invernal en diferentes zonas del país
Más de 100.000 familias en Colombia han resultado afectadas por la temporada de lluvias que comenzó en marzo. Inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos han provocado muertes, desapariciones y miles de damnificados. Lo que ha ocurrido en los últimos días en comunidades como Medellín, Bello, Bojayá y Villavicencio son el reflejo de la peor parte de la ola invernal.
Por: Gabriela Casanova
Según un reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante la temporada de lluvias, que comenzó a mediados de marzo, se han reportado emergencias en 31 de los 32 departamentos, con 601 municipios y más de 100.000 familias afectados. La situación se ha agravado en los últimos días, pues las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos han causado inundaciones y deslizamientos de tierra que han dejado varios heridos, fallecidos y damnificados en diferentes zonas del país, como Antioquia, Chocó y Meta.
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“Hay personas con miedo de regresar”: líder social de Medellín, Carlos Andrés Mesa
En abril pasado, el alcalde Federico Gutiérrez declaró la calamidad pública en Medellín, dado que en los últimos meses se registraron precipitaciones por encima de los valores normales. Dos meses después, el 24 de junio, el desbordamiento de la quebrada La Negra causó una avenida torrencial que afectó el barrio Santo Domingo Savio y un deslizamiento de tierra en la vereda Granizal del municipio de Bello.
La tragedia no solo dejó 27 fallecidos en Bello, sino también cientos de damnificados en ambas poblaciones, quienes ahora se encuentran en albergues siendo atendidos por las entidades territoriales.

En diálogo con CAMBIO, Carlos Andrés Mesa, líder social y director de la Fundación Lectores a la Hamaca, contó que su organización acogió a más de 700 personas durante los primeros dos días después del incidente, mientras las alcaldías de Medellín y Bello se organizaban para trasladar a las personas a los albergues.
“Hay personas que lo perdieron todo, personas que perdieron familiares, personas con miedo de regresar, personas que piensan en volver al lugar, pero con mucho miedo”, manifestó Mesa.

Desde la tragedia, la fundación ha enviado más de seis toneladas de ropa y más de 800 mercados a los damnificados. Sin embargo, Mesa aseguró que la comunidad teme lo que pasará cuando dejen de recibir ayuda institucional.
“La comunidad nos dice que la preocupación más grande viene ahorita, cuando ya las personas dejen de ayudar. Las alcaldías les van a garantizar arriendo por tres meses. Entonces, quienes perdieron sus casas están preocupados porque no saben adónde irán después de que se terminen las ayudas”, dijo.
“Los vientos han destechado y tumbado viviendas”: líder social de Bojayá, Máxima Asprilla
A mediados de junio, el departamento de Chocó se declaró en emergencia por la ola invernal, luego de que 23 de sus municipios resultaran afectados por las lluvias, con más de 34.000 familias damnificadas y daños en viviendas, cultivos e infraestructura comunitaria. Semanas después, en un reporte de principios de julio, la Gobernación informó que en el municipio de Istmina hubo inundaciones en varios puntos y un deslizamiento de tierra que obstruyó el acceso vial principal. También, en el municipio de Medio Baudó, el desbordamiento del río Pepe causó afectaciones en viviendas y pérdida de enseres.
Sin embargo, hay un municipio del Chocó que ha sufrido los estragos de las lluvias mucho antes de la declaratoria oficial de emergencia. Se trata de Bojayá, que lleva ocho meses enfrentando precipitaciones intensas que han destruido sus cultivos, una de sus principales fuentes de sustento.

“En Bojayá estamos viviendo una situación nunca antes vista desde hace más de 40 años. El crudo invierno que azota nuestra región afecta significativamente la economía de nuestra gente, ya que somos territorio agrícola y nuestros cultivos se encuentran a orillas de los ríos, siendo estos los más afectados por las continuas lluvias”, afirmó Sebastián Palacios, coordinador de Gestión del Riesgo del municipio.
Desde noviembre de 2024, Bojayá ha sufrido más de tres crecientes súbitas en los ríos aledaños, con más de 3.500 familias afro e indígenas afectadas por pérdidas en viviendas, cultivos y animales. La infraestructura pública, como puentes peatonales, acueductos, alcantarillado, centros de salud e instituciones educativas, también ha presentado daños. Palacios aseguró que la capacidad de respuesta del municipio “se ha desbordado”, por lo que pidieron ayuda a la Gobernación y al Gobierno nacional.
Por su parte, la lideresa social Máxima Asprilla aseguró que la mayoría de los deslizamientos han ocurrido en parcelas con cultivos, y no en zonas pobladas. No obstante, según la líder social, las viviendas no se han salvado de los fuertes vientos.
“Los vientos han tumbado viviendas en el corregimiento de Pogue y destruido casas en La Loma de Bojayá y en la comunidad de Cuití. En muchas comunidades de Bojayá, el viento ha destechado viviendas, pero en esas que mencioné, las ha destruido completamente”, relató.
Asprilla y Palacios insistieron en la necesidad de reubicar a la comunidad de Pogue, cuyos habitantes llevan más de diez años viviendo en zozobra por el riesgo constante de inundaciones y deslizamientos. El territorio está en medio de dos ríos y colinda con el río Atrato.

“Hace muchos años no pasaba algo de esta magnitud”: Diana Espitia, una de las afectadas por las lluvias en Villavicencio
A principios de julio, las lluvias intensas, crecientes súbitas, desbordamientos, remociones en masa e inundaciones afectaron a 15 municipios del departamento del Meta, entre ellos Acacías, Castilla la Nueva, Cumaral, El Calvario y Villavicencio, dejando más de 5.000 familias damnificadas.
Particularmente, fueron días difíciles para Villavicencio. El 1° de julio, un deslizamiento en el barrio Villa Lorena cobró la vida de un adulto mayor. También hubo inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Se identificaron 24 zonas críticas por inundación y seis por deslizamientos.
Diana Espitia, secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Doña Luz, uno de los más afectados, relató: “La calamidad empezó el primero de julio en la madrugada. Ya desde la noche anterior llovía, pero el golpe más duro fue como a las 4:20 de la madrugada. El río Ocoa se desbordó hacia este sector, afectando a Aranjuez 2, Pacandé y Doña Luz. Para las 8 de la mañana ya no teníamos agua en el barrio”.

Según Espitia, más de 95 familias fueron afectadas en el barrio. Aunque no se perdieron viviendas, muchos hogares quedaron sin muebles y varios vehículos resultaron dañados; tampoco se reportaron fallecidos en el sector. Para ella, este tipo de emergencias no son comunes; la última vez que vivió algo similar fue hace 14 años. “Hace muchos años no pasaba algo de esta magnitud”, dijo.
“Las autoridades nos han colaborado mucho. El señor alcalde envió cuadrillas desde temprano para ayudar: sacaron escombros, limpiaron, retiraron muebles inservibles, lavaron fachadas, calles y también trajeron electrobombas para evacuar el agua sucia. Además, enviaron carros con agua potable”, explicó.
Un día después de la tragedia, la alcaldía logró solucionar el taponamiento en las fuentes de captación del sistema de acueducto y restableció el servicio, priorizando a los barrios más afectados, entre ellos Doña Luz.
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