Porfirio Garcés, el guerrero mayor de Los 11 de Jericó
Porfirio Garcés Garcés, uno de los campesinos de Jericó que se opone al proyecto minero.
Con 86 años de edad, este campesino del municipio del suroeste antioqueño se ha convertido en un símbolo de resistencia. “Esto se trata de lo esencial, de defender la tierra, porque sin agua todos tendrían que emigrar y muchos no los están viendo así”, dice tras más de dos décadas de lucha.
Por: Rainiero Patiño M.
A veces la cabeza no le ayuda mucho, pero se toma su tiempo para responder. Como estrategia, alarga las sílabas finales de las palabras hasta que encuentra las precisas. “Esto se trata de lo esencial, de defender la tierra, el árbol y la comida, porque sin agua todos tendrían que emigrar y muchos no los están viendo así”, dice. Se llama Porfirio Garcés, tiene 86 años, es el mayor y una de las caras más visibles de Los 11 de Jericó, el grupo de campesinos de este municipio del suroeste antioqueño que desde hace más de 20 años lucha por la defensa de la tierra y sus fuentes de agua. En el pueblo, algunos los llaman “héroes”, pero esa lucha los tiene en medio de una seria disputa legal con la minera AngloGold Ashanti.
De sombrero, carriel, manta y manos de dedos gruesos, Porfirio es el segundo de una familia de 16 hermanos, todos hijos de Emilio y Mercedes Garcés, un par de primos que, como se acostumbraba en la región, se casaron entre ellos. Hace 14 años que vive solo, pero celebra tener un par de vecinas que lo quieren como si fueran familia.
La tierra fue su primera enseñanza. En la misma casa de la vereda de Palocabildo nacieron todos sus hermanos. Es decir, son jericoenses puros. No tiene hijos, ni ha tenido esposa. Su vida siempre ha sido el campo. Desde los 10 años empezó a trabajar. La pobreza de la familia lo obligó a alternar los estudios de primaria con la siembra de café, plátano, yuca, maíz y frijol.
Para algunos de sus paisanos, Garcés es como una memoria viva del pueblo. De ahí creen que viene su lucha. También es el representante del acueducto de la vereda. Él cuenta que desde hace 20 años, con la llegada de la compañía minera, las cosas cambiaron, porque entró a “tratar de acabarlos, cambiar la cultura y a dividir no solo las comunidades, sino las familias, incluyendo a las del grupo de Los 11”.
Y es evidente que el pueblo está fragmentado. Por un lado, quienes respaldan los argumentos de Los 11, y en el otro extremo, los que ven la llegada de AngloGold Ashanti como una buena posibilidad laboral y económica, una opción de mejores jornales. Por eso el choque de posiciones ha acabado con amistades y hasta separado familias.
Lo más grave del problema es que los campesinos dicen que en la zona donde se quiere instalar la explotación hay múltiples nacederos de agua, fuentes cristalinas de donde se aprovisionan pequeños acueductos usados para el consumo de la comunidad y para el cultivo del café, que tiene una larga tradición en el pueblo.
Según AngloGold Ashanti el proyecto Quebradona se encuentra a 12 kilómetros del área urbana del municipio y el depósito está a 400 metros de profundidad de la superficie, por lo que se planea explotarlo de manera subterránea. La duración planeada es de unos 4 años de construcción, 21 años de producción, 3 de cierre y 10 post cierre. Se esperan sacar 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales.
El proyecto está en etapa de estudios para despejar dudas técnicas y así presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con lo cual espera obtener la licencia ambiental y los permisos necesarios para iniciar la construcción. El área del título minero es de 4.881 hectáreas, sin embargo, a zona de Intervención es de aproximadamente 500 hectáreas en superficie que corresponden a predios en las Veredas Cauca y Quebradona.
Los enredos legales
El enredo legal le terminó de cambiar la vida a Garcés, pasó de levantarse a las 3:30 de la mañana para “beneficiar” el café, a salir corriendo a las reuniones de líderes o “colaborar en lo que se pueda en la comunidad”. Se reúnen en una finca, un café de la plaza o en una casa prestada: cualquier lugar es bueno para discutir sobre el futuro del pueblo.
Hace una semana, el juez del caso rechazó la solicitud hecha por la Fiscalía que pedía detención domiciliaria contra los 11 miembros de la comunidad, que fueron imputados de los delitos de hurto calificado, secuestro simple y lesiones personales. Los hechos habrían ocurrido en medio de manifestaciones, movilizaciones y plantones organizados por los campesinos entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.
Los anuncios de las querellas y demandas contra la comunidad empezaron a escucharse hace unos 15 años. Para Garcés, esa fue la respuesta de la compañía al notar que ellos empezaban a “estorbarles”. “Lo último fue llevarnos ante el juzgado para tratar de contenernos, quitarnos la libertad, creyendo que así nos ataban las manos. El deseo de ellos era que nos dieran como mínimo la casa por cárcel”, agrega con indignación.
El líder de Palocabildo niega los delitos e insiste en que la minera “los cambió”, porque ellos nunca secuestraron a nadie, ni robaron ninguna máquina. Por eso, cree que las denuncias no llegaron a nombre de la empresa, sino de otras personas, como el dueño de una propiedad privada donde se tiene previsto montar una de las plataformas de extracción, sin contar con el visto bueno de los demás vecinos.
Lo que sí reconoce es que siempre le han exigido a los empleados de la empresa los permisos para estar y hacer trabajos en las reservas que pertenecen al pueblo. “Una vez encontramos como a 10 o 12 sin uniformes, camuflados como campesinos y les dijimos que tenían que esperar a que llegaran las autoridades ”, relata.
Otro día, según Garcés, se dieron cuenta de que a mitad de la noche la empresa intentaba ingresar materiales y maquinaria pesada en la zona. La comunidad salió, no los dejaron avanzar, sacaron todo y lo entregaron a la Policía. Y en otra ocasión, a plena luz del día, según su relato, hombres vestidos como recolectores de café también trataron de montar una plataforma, creen que se trataba de trabajadores de la minera.
La defensa: “los estaban empapelando”
La abogada Claudia Serna, quien hace parte del equipo de la Corporación Jurídica Libertad y de la defensa de Los 11 de Jericó, le dijo a CAMBIO que trabajan en el acompañamiento de alrededor de 70 campesinos que fueron querellados entre el 2022 y 2023.
En medio de esos procesos se dieron cuenta que había una fiscalía que estaba solicitando, “casi que de manera secreta”, información al inspector de policía de Jericó de los radicados que tuviesen relación con el proyecto minero de Quebradona. Por esta razón, pidieron a la entidad relacionar los nombres de los campesinos involucrados en los casos.
Sin embargo, la fiscal ni el investigador a cargo, según Serna, respondieron a los requerimientos. Pero, de manera simultánea se dieron cuenta que estaban siendo llamadas a declarar todas las personas que se sintieran vulneradas por las acciones de protesta de los campesinos. Luego vino la primera citación a la audiencia de formulación de imputación, el 23 de abril pasado, a la que se le dio continuidad el 16 de mayo y el 19 de junio, cuando fue la más reciente.
“Fue un cuestionamiento que hicimos en la primera audiencia, porque la Fiscalía tiene como obligación investigar con imparcialidad, libre de estereotipos y practicar pruebas que también puedan favorecer la investigación en favor de los procesados”, dice Serna.
Lo que encontró la defensa es que mientras no se había realizado ninguna entrevista a los campesinos, si se le había hecho a 19 trabajadores de la minera, por lo que la abogada presume que, como se diría “criollamente”, los estaban empapelando.
Al igual que Garcés, Serna considera que en los hechos de la investigación no se configuran los delitos imputados. Primero, porque lo que hubo fue una devolución de elementos y no un hurto; y que lo que calificaron como secuestro son acciones que “hacen parte de la protesta social y pacífica que realiza la comunidad en el territorio, que suelen limitar algunos derechos, en este caso la movilidad y la circulación”.
De las acusaciones de lesiones personales, la defensora señala que que se trató de la mordedura que un perro que acompañaba a un campesino le dio a uno de los trabajadores de la minera. El mismo animal que dos días después amaneció muerto, envenenado por desconocidos, “como si se hubiesen desquitado con él”.
La abogada señala que el futuro del proceso depende de si la Fiscalía va a continuar con el ejercicio de la acción penal, para lo que tendría que citar a una nueva audiencia de acusación.
La defensa también planteó que en la denuncia no queda claro porque la minera, sin ser poseedor del predio referido en la investigación, podía impulsar una acción legal. Y que, incluso, la persona que la impulsó tampoco aparecía como un propietario, sino su esposa con quien había liquidado su sociedad conyugal.
“De ahí que se pueda cuestionar el cumplimiento de algunos requisitos formales para la concesión de parte de la minera. Y hay que tener en cuenta que ha habido sanciones por parte de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia por aprovechamiento ilícito del bosque y otra multa por una afectación a una quebrada”, agrega la jurista.
Lo anterior lo respaldan Garcés y otros miembros de la comunidad, quienes dicen que ha faltado concertación y socialización de la información con los campesinos que desconocen, por ejemplo, dónde se va a perforar, qué propósito tiene la perforación y cuánto tiempo va a durar. Sin hablar aún de la contaminación auditiva que se puede generar.
“Ellos no se oponen a la minería, porque también es una actividad económica tradicional en este país en algunos territorios. Lo que se oponen es que se haga en cualquier parte, donde las empresas multinacionales o las empresas crean que hay un interés porque aunque hay unos metales muy ricos, como en esta montaña de Jericó, sin ser su vocación tradicional”, remata Serna.
“Del oro no queda ni una chispita”
Cuando se le pregunta si sintió miedo de ir preso, Garcés dice que no, porque a su edad y por vivir solo podía resolver más fácil los problemas que esto le podría causar. En cambio, le preocupaba más el futuro de sus otros 10 compañeros, porque en su mayoría son personas con hijos pequeños o mujeres embarazadas, quienes necesitan trabajar y no pueden estar encerrados.
Se siente orgulloso de haber estado ahí frente al juez defendiendo la tierra. Pero le impresionó “la forma en que la fiscal del caso defendió a la empresa minera y sus secuaces”. En el fondo también cree que más le indigna, el incumplimiento de la palabra por parte de la minera, que inicialmente dijo que iba a mantener sus trabajos lejos de las fuentes de agua.
Como en todo buen pueblo, después de la audiencia de Los 11, los comentarios están a flor de piel. Mucha gente le ha manifestado a Garcés su respaldo y le dicen que no actúan por no entrar en discrepancias. Otros son más indiferentes y Garcés cree que es por ignorancia, “porque no saben que el problema los toca a todos”.
Dice que está orgulloso de su lucha, con convencimiento señala que “de esos sueños de oro a la comunidad no le queda ni una chispita, todo se va a los grandes bancos en el extranjero y dejan la tierra acabada, las aguas contaminadas y exterminadas, porque con esos túneles todo se derrumba”.
No quiere dar consejos, pero manda un mensaje a las comunidades de Colombia que están en la misma situación de ellos en Jericó, que “miremos un poco más allá del día de hoy, utilicemos la mente y no pensemos con los deditos de los pies”.
Hasta ahora la lucha de Garcés y sus compañeros ha sido más efectiva que toda la legislación minera del país, porque en 20 años la empresa no ha podido arrancar con las extracciones, pero el caso está abierto.
“¿Cómo puedo estar tranquilo con eso?”, dice Porfirio, subiendo el tono de la voz, alargando las sílabas finales de las palabras de la pregunta.
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