Por accidente de un par de drones, Contraloría estableció un presunto detrimento millonario en el Dapre

La Contraloría General de la República alertó por un aparente detrimento fiscal luego de un accidente de unos drones adquiridos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para tareas de observación y vigilancia. Al realizar una auditoría financiera en 2024, el ente fiscal identificó un hallazgo por 8.954 millones de pesos.

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La adquisición de las aeronaves se dio en el convenio 483 de 2021 que buscaba fortalecer el reconocimiento aéreo y espacial sobre zonas estratégicas. Fue firmado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), que se adscribe a la Dapre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC).

Según la Contraloría, en sus dos fases este proyecto presentó fallas e irregularidades. En un principio, el acuerdo destinaba 38.868 millones de pesos para adquirir los drones. Sin embargo, hubo una falta de supervisión de los fines de la contratación, que resultó en el uso prolongado de la figura de suspensión y prórroga, sin justificación aparente.

En su primera frase se destinaron aproximadamente 10.000 millones de pesos a la iniciativa, de los cuales el 90 por ciento fue usado para comprar los drones que se accidentaron, y que no contaban con una póliza de seguro. La situación llevó a un detrimento patrimonial de 8.954 millones de pesos por las aeronaves accidentadas. Del siniestro no se reportó ninguna información documental.

A pesar de estos incidentes técnicos graves, se procedió con la segunda fase. En esta se asignaron 28.000 millones de pesos adicionales para adquirir dos aeronaves más, que, al momento de la auditoría, el proveedor todavía no había entregado.

En total, “se comprometieron más de 38.000 millones de pesos sin lograr resultados concretos, mientras persisten fallas técnicas, administrativas y de supervisión”, dijo la Contraloría en su informe.

🚨Establecimos un hallazgo fiscal por 💵 $8.954 millones en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para el periodo 2021-2025, porque el Convenio 4️⃣8️⃣3️⃣ de 2021, destinado a la adquisición de drones, no cumplió su objetivo de fortalecer la… pic.twitter.com/AY80aVwdzM

— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) August 4, 2025

Uso de drones para la vigilancia el control territorial

Pese a que el convenio se firmó en el año 2021, y desde entonces ha crecido el uso de esta tecnología en el conflicto armado, en Colombia el proyecto de ley que busca regular estos sistemas se radicó hasta este año.

La propuesta legislativa de los ministerios de Defensa, Transporte y Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia contempla regular la tenencia, uso, comercialización, transporte y control de los dispositivos.

Uno de los principales argumentos de la normativa es el empleo de estos sistemas contra la población civil. Como lo advirtió el ministro de Defensa Pedro Sánchez, “los grupos criminales están empleando estas tecnologías para afectar a la población civil y a la fuerza pública, que ha sufrido 162 de estos ataques durante este año, un incremento de 138 por ciento frente al año pasado”.

Adicionalmente, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han advertido sobre el riesgo de esta tecnología. En un informe de 2022, la ONG británica observa: “Las operaciones militares con drones se desarrollan en el secretismo más absoluto. Las víctimas civiles son numerosas. Nadie rinde cuentas por los ataques. Rara vez los Gobiernos investigan. Nadie se sienta en el banquillo por los ataques a gente inocente. Ninguna víctima civil recibe reparación por los daños sufridos”.

Adicionalmente, la iniciativa surge en medio del conflicto en el sur de Bolívar en el que el uso de drones explosivos se ha convertido en una estrategia de los grupos armados ilegales para aislar a la población e impedir el paso de la ayuda humanitaria.