Defensoría del Pueblo exige tener en cuenta a las víctimas en la Ley de Sometimiento

El camino de la Ley de Sometimiento está lleno de obstáculos. A los recientes atentados que han sacudido al país —y que han llevado a amplios sectores a exigir que no es el momento de ceder ante las organizaciones criminales— se suma un Congreso más centrado en las elecciones que en atender al Gobierno. A ello se agregan las alertas hechas por una de las instituciones más serias: la Defensoría del Pueblo, que lidera Iris Marín Ortiz.

En la mañana de este miércoles se conoció un documento en el que la Defensoría del Pueblo advierte sobre las graves consecuencias que tendría la aprobación de la Ley de Sometimiento, tal como marcha hasta ahora.

Este es un tropiezo para una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro en su propósito de salvar su política de “paz total”. ¿Por qué? La propuesta busca reglamentar tratamientos penales diferenciados para facilitar el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley.

“De ser aprobada la iniciativa en su conjunto, se abriría el camino para ofrecer beneficios penales a los responsables de los hechos sin considerar seriamente los derechos de las víctimas a la reparación”, señala la Defensoría en su concepto sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025. “Esto desequilibraría la política, favoreciendo a los responsables y relegando a las víctimas”, agrega.

Las líneas rojas

Aunque la Defensoría reconoce de forma positiva el inicio de un debate legislativo para establecer mecanismos judiciales que permitan investigar y juzgar a integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), trazó varias líneas rojas.

Así, recomienda revisar detenidamente distintos aspectos de fondo con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la participación, la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición para ellas y la sociedad.

La entidad recordó que el Gobierno adelanta conversaciones con varios grupos armados, de acuerdo con la Ley 2272 de 2022, conocida como de Paz Total. Sin embargo, subrayó que, aunque el propósito es loable, no existe una hoja de ruta clara ni un método preciso para alcanzarlo.

“Estos procesos de paz se desarrollan sin claridad respecto al marco jurídico que, en caso de avanzarse hacia el desarme de los grupos y el sometimiento de sus estructuras, permitiría que rindan cuentas ante la justicia, las víctimas y la sociedad”, indicó la Defensoría.

El Congreso tiene la palabra

En este contexto, precisó, corresponde al Congreso definir tanto los tratamientos penales para miembros de grupos armados al margen de la ley como para la criminalidad organizada, “a través de un debate amplio y plural en torno al proyecto de ley”.

Para la Defensoría, la discusión pública y participativa de esta iniciativa en el legislativo, con la presencia de todos los sectores y especialmente de las víctimas, permitirá construir un esquema legal sólido para los esfuerzos de paz, con respeto pleno a los derechos de quienes han sufrido la violencia.

Este punto es crucial y ha sido uno de los más criticados durante la administración del presidente Petro. Se ha convertido en una auténtica paradoja, pues fue elegido con el apoyo de numerosos movimientos de víctimas que vieron en él una esperanza para ser escuchadas.

Sin embargo, muchos sienten que durante su gestión se ha prestado más atención a los victimarios que a quienes han sufrido sus agresiones. Un ejemplo de esto son los llamados gestores de paz, como los paramilitares, o la presencia en una tarima, en Medellín, de los jefes de bandas que han martirizado a esa ciudad.

Las alertas

La lista de puntos críticos señalados por el despacho de Marín Ortiz es amplia:

• Participación de las víctimas y pueblos étnicos: se requieren audiencias regionales y consulta previa con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

• Reparación integral: el proyecto carece de definiciones claras sobre cómo se garantizará la reparación colectiva e individual, especialmente en el caso de las víctimas de la criminalidad organizada, que hoy no cuentan con un programa administrativo de reparación. La concesión de beneficios a responsables de crímenes graves debe ir acompañada de políticas públicas efectivas de atención y reparación, actualmente desfinanciadas.

• Reserva estatutaria: algunos contenidos deberían tramitarse mediante normas estatutarias, ya que regulan instrumentos de justicia transicional.

• Reincidencia: es inconveniente y riesgoso otorgar beneficios a quienes ya accedieron a mecanismos de justicia transicional y reincidieron en la violencia. Para estos casos solo cabría el sometimiento a la justicia ordinaria. Además, los nuevos beneficios deben ser compatibles con los sistemas de sanciones de la Ley de Justicia y Paz y la JEP, evitando incentivos perversos.

• Riesgo de excarcelación anticipada: no deben concederse libertades condicionales únicamente por haber cumplido cinco años de prisión, sin evaluar aportes efectivos a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, ni el riesgo de reincidencia o fuga.

• Protesta social: es un derecho fundamental y no debe confundirse con criminalidad organizada. Su regulación debe tramitarse en una norma específica, partiendo de su carácter garantista.

• Articulación institucional: el proyecto debe coordinarse con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el Acuerdo Final de Paz.

• Ejecución penal y capacidad institucional: no está claro cómo se ejecutarán las sanciones, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema penitenciario en espacios de reclusión, proyectos de resocialización y mecanismos alternativos de vigilancia. Además, la implementación requiere fortalecer a la Fiscalía, jueces penales, el ICBF, el sistema penitenciario y la Defensoría Pública, pero no se asignan recursos para ello, lo que genera riesgos de colapso.

Una puerta que se abre

Eso sí, con el cumplimiento de estas condiciones y de ser aprobada, la ley establecería un marco jurídico claro para regular los mecanismos que facilitarán el tránsito a la legalidad de los miembros de esos grupos.

No obstante, la Defensoría advirtió la necesidad de ajustes de fondo para garantizar plenamente los derechos de las víctimas y evitar riesgos de inconstitucionalidad.

La entidad valoró positivamente la apertura del debate, destacando avances como: Incluir la responsabilidad penal de financiadores y colaboradores (“terceros”), y articular medidas judiciales y extrajudiciales de verdad como requisito para acceder a beneficios.

También aplicar un enfoque de investigación macrocriminal (centrado en los máximos responsables y en estructuras organizadas) y fortalecer la justicia ordinaria, evitando crear nuevas instituciones.

La Defensoría enfatizó en que la legitimidad de este proyecto dependerá tanto de su contenido como de la participación efectiva de las víctimas, quienes deben estar en el centro del debate.

Asimismo, llamó a equilibrar cualquier beneficio otorgado a los responsables con los derechos de las personas y comunidades afectadas por la violencia, en especial el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Otro llamado de atención

Por lo visto hasta ahora, el proyecto tiene más posibilidades de hundirse que de convertirse en ley. Hay varios factores que juegan en contra.

Tratar de aprobar una iniciativa de semejante envergadura cuando el Gobierno enfrenta un escenario político adverso y los parlamentarios están enfocados en las elecciones es muy difícil. Los congresistas que ya se han pronunciado han anunciado tajantemente que votarán en contra. Ni siquiera dentro del alto Gobierno hay unidad para llevarlo a buen puerto.

Al debilitado músculo parlamentario que tiene el Gobierno en el Congreso se suma la presión tanto interna como externa. En el plano local, diversas encuestas muestran que la ciudadanía cree que la Paz Total ya fracasó.

De hecho, el temor no es porque los actores armados silencien sus fusiles —algo en lo que pocos creen—, sino porque estos intenten interferir con sus armas en las elecciones.

A la alertas de la Defensoría se suman las de la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha señalado posibles riesgos para las elecciones de 2026, relacionados con el recrudecimiento de la violencia en el marco de la Paz Total.

“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, argumenta el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. “Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”.