“Plomo es lo que vendría”, le advertimos al presidente Petro en nuestro libro

Los titulares de la prensa de este jueves 21 de agosto, que dieron cuenta del estallido de un camión con explosivos en Cali y del ataque con un dron a un helicóptero oficial en Amalfi, Antioquia, lo mismo que la muerte reciente del precandidato Miguel Uribe Turbay recordaron, no sin estupor, el angustioso terrorismo de otras épocas en Colombia.

Disidencias sacuden a Cali con la explosión de un camión cargado de explosivos que deja seis muertos y 70 heridos; ataque a un helicóptero con un dron en Antioquia deja 12 policías muertos; rezaban los titulares. Ya habíamos tenido dos meses seguidos noticias diarias de la batalla por la vida que libraba el precandidato Uribe Turbay en la clínica Santa Fe de la ciudad de Bogotá, después del atentado en la localidad de Modelia.

Los atentados en la primera y la tercera ciudad del país tienen un gran impacto en la opinión pública y, en la percepción ciudadana, multiplican el miedo y la inseguridad; también la sorpresa que viene con la utilización de tecnologías como los drones y la inteligencia artificial. Estos hechos dan la sensación de que, otra vez, las organizaciones ilegales han dado un gran salto y el Estado se ha quedado atrás en la confrontación con el terrorismo.

Las organizaciones ilegales saben de sobra que el miedo y la incertidumbre aumentan en épocas electorales y sirven de jugosa carnada para el debate político; saben que los gobiernos son más vulnerables en momentos de disputas políticas y con estas acciones le echan gasolina a la polarización; saben que una cosa es la agresión a la población en las regiones apartadas y otra la agresión en conglomerados urbanos como Bogotá y Cali.

El gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, tiene al frente dos tareas nada fáciles. Por un lado, disipar la idea de que estamos en una situación idéntica a la de los años ochenta y noventa del siglo XX; y, por otro lado, contener estas acciones atacando con eficacia a sus perpetradores y autores intelectuales.

En el segundo semestre del 2024, cuando ya el gobierno de Petro había cumplido dos años de su mandato, el equipo de la Fundación Pares, bajo mi dirección, publicó, con el Grupo Editorial Pinguin Random House, el libro ¿Plomo es lo que viene? En donde se hacía una comparación entre este momento y los decenios pasados, se evaluaba a fondo la política de Paz Total y se describía con lujo de detalles la presencia de fuerzas ilegales en las regiones, sus estructuras, el control de territorios, sus negocios y el repertorio de acciones contra la población civil; y, para terminar, se hacía una lista de recomendaciones al gobierno nacional.

Al final del siglo XX y a principios del XXI había en Colombia cerca de setenta mil ilegales en armas; una tasa de homicidios que llegó hasta la asombrosa cifra de 70 homicidios por cada cien mil habitantes; años en los que se perpetraron tres mil secuestros y se produjeron seiscientos mil desplazados por la violencia; la situación cambió radicalmente de la mano de políticas de seguridad y de negociaciones de paz y en el 2024 calculábamos entre dieciocho y veinte mil ilegales en armas contando guerrillas y crimen organizado, una tasa de 27 homicidios por cada cien mil habitantes, cerca de trescientos secuestrados y setenta mil desplazados; nada para conformarse, nada para estar tranquilo, pero muy distante del gran incendio que tuvimos en las décadas de mayor infortunio.

El contraste de estas realidades basadas en datos ciertos con perspectiva histórica es muy importante. Al país no le conviene que alimenten la idea de que estamos otra vez en los tiempos de Pablo Escobar, del Cartel de Cali, de los poderosos paramilitares agrupados en las AUC o de las extintas FARC una guerrilla que llegó hasta abrigar igual de efectivos a ejércitos de los países centroamericanos.

Decíamos que el conflicto se había transformado y los actuales grupos ilegales tenían una naturaleza muy distinta al pasado y no había una guerra por “La toma del poder del Estado”. El ELN había declinado su ilusión de la toma del poder y ahora hablaba de “Resistencia” y las disidencias de las FARC tenían como propósito el control de rentas, de territorios y de población en las zonas tradicionales del conflicto, a la par que buscaban afanosamente una expansión de sus estructuras antes que una negociación de paz; por otro lado, el Clan del Golfo y una variada gama de organizaciones mafiosas a la vez que disputaban con saña los negocios ilegales y también algunos negocios legales, estaban cada día más vinculadas el crimen transnacional.

Este viraje en el conflicto armado implica un cambio en la inteligencia del Estado y en la disposición de la fuerza pública. Perseguir negocios ilegales y su articulación con los negocios legales; confrontar organizaciones que están más interesadas en la disputa con otros ilegales por el control del territorio y la población, que en llegar por la fuerza a la Casa de Nariño o a los gobiernos locales; acudir a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial y a los drones, para responder a la avances de los criminales en esta materia; desentrañar de donde viene la contratación de delincuentes comunes de baja monta para producir atentados en las grandes ciudades y quien induce estas acciones; obligan a cambios estratégicos en la fuerza pública con un mayor protagonismo de la policía y de los organismos de inteligencia.

Quisimos alertar el gobierno para que replanteara su política de Paz Total. Le decíamos que, sin declinar la mano tendida para negociar la paz o el sometimiento a la justicia, tenía que examinar uno por uno a los grupos y su verdadera inclinación a buscar su desarme y su desmovilización y priorizar a esos, exigiéndoles de entrada desescalar la violencia. Le decíamos que con los poco interesados en iniciar un proceso cierto de desarme era urgente una estrategia de persecución y contención.

El libro es una exploración por la historia de las negociaciones de paz y por la trayectoria de cada uno de los grupos. También un análisis de la manera como se había organizado el gobierno para las negociaciones. A estas alturas de la vida nacional no es tan difícil valorar la voluntad de negociación de los grupos. Tenemos una gran experiencia acumulada en este campo.

En la tarde del jueves, cuando ya se tenía un balance de la tragedia en Cali y en Antioquia, el Presidente Petro, en un acto público de entrega de tierras a los campesinos en el departamento del Cesar, invocando la ayuda internacional para contener el ascenso de la violencia habló de darles la calificación de “Terroristas” a varias organizaciones, incluyendo al Clan del Golfo y a las disidencias de Iván Mordisco; esto, desde luego, tiene un impacto político importante, pero lo principal es tomar acciones desde el gobierno. Ya se habla de una disposición de fuerzas para perseguir a las disidencias de las extintas FARC en el suroccidente del país.

Ahora bien, en las últimas semanas se ha informado que delegaciones del gobierno y del Clan del Golfo están adelantando conversaciones en Catar con el auspicio del gobierno de ese país. Este es un escenario muy atractivo para las partes, porque Catar tiene experiencia en este campo y además es un país muy rico, pequeño y lejano, ideal para forzar un verdadero des-escalamiento de las acciones de esta organización que es la más poderosa fuerza de los ilegales por su número de efectivos, sus grandes negocios y sus relaciones con el crimen trasnacional.

En la prevención de los atentados a candidatos a la presidencia de la república y al congreso, tiene una importancia capital, los avances en la investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Hablando con algunos exdirigentes de las FARC, entre ellos el senador Julián Gallo, me decían que lo más probable es que fuera un atentado inducido por fuerzas poderosas interesadas en intervenir en la contienda electoral, contaban que ellos mismos, en su época, fueron objeto de esas “inducciones”. Descubrir a los autores intelectuales de esta dolorosa acción le corresponde a la fiscalía general de la nación y esta institución debe ser plenamente consciente de su aporte a la tranquilización del país.