El magnicidio de Uribe Turbay debilita aún más la Paz Total

Aunque, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro afirmó que será la investigación de las autoridades competentes la que precise al responsable del magnicidio del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, expuso la tesis de que entre los determinadores pueden estar el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia (SM) y el Estado Mayor Central (EMC).

Con esta afirmación, a menos de 12 meses de concluir su mandato, la Paz Total —su principal bandera de reconciliación— se debilita aún más. Tanto el crimen del joven líder del Centro Democrático (CD) como las palabras del jefe de Estado tendrán efectos en la confrontación armada y en la actividad legislativa, en la que el Gobierno pretende sacar adelante la ley de sometimiento. El panorama político puede cambiar, pero, al día de hoy, esta iniciativa pierde casi todo el oxígeno político en su trámite legislativo.

Este proyecto, liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, “propone una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación”.

“A grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz”, dice el texto. ¿Qué parlamentario votará a favor de una norma así cuando, en este mismo día, es sepultado uno de sus compañeros de labores? ¿Cómo es posible legislar para organizaciones que aún mezclan violencia armada y política?

¿Adiós a la ley de sometimiento?

Si esta ley no avanza, las repercusiones se sentirán en otras bandas armadas. “Con este escenario marcado por el magnicidio de Uribe Turbay, la Paz Total tiene un desafío enorme en el Congreso de la República”, señala Jorge Mantilla, doctor en Criminología de la Universidad de Illinois y experto en seguridad, crimen y conflicto. Recuerda que de la ley de sometimiento depende también la salida para las negociaciones con algunos grupos urbanos y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o el Clan del Golfo, entre otros.

“Al día de hoy, esa ley la tiene muy difícil para pasar en el Congreso por el escenario de polarización y porque, además, contempla unas penas reducidas para grupos que, al final, pueden estar relacionados con este tipo de violencia”, agrega Mantilla.

En las zonas donde se libra la guerra, la situación también cambia drásticamente. No solo porque estas son tres de las más fuertes organizaciones armadas ilegales existentes en la actualidad, sino porque sus comandantes simbolizan una enorme capacidad para afectar el orden público: Antonio García (ELN), Iván Márquez (SM) e Iván Mordisco (EMC).

Con el señalamiento, la puerta para reanudar una negociación con alguno de estos grupos queda, en la práctica, cerrada. Según informes de inteligencia, el ELN puede tener alrededor de 6.000 combatientes —entre armados y milicianos—, la SM cerca de 2.000 hombres y el EMC aproximadamente 3.500 combatientes.

Con solo uno de estos grupos que continúe su accionar delictivo, el grado de perturbación es enorme. En otras palabras, al Estado solo le queda la confrontación.

Las revelaciones del presidente

De hecho, durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, realizada en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, este martes, el presidente reveló que su Gobierno ha movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN y a la SM, como está ocurriendo.

Al respecto, indicó: “Yo he movido diplomáticamente al gobierno de Venezuela a que golpee al ELN. Y lo está golpeando. Y ahora a la Segunda Marquetalia, que está matando alcaldes en Venezuela (el ELN también) y aquí está asesinando a colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, presuntamente por dinero”.

“Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, el ELN, las denominadas disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ y el Clan del Golfo están al servicio y bajo las órdenes de la Junta del Narcotráfico, a la cual le venden la cocaína que sale de Colombia.

En este punto, manifestó: “Los señores disidentes y el señor ‘Iván Mordisco’ están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la Junta del Narcotráfico multinacional, de las mafias. Y lo mismo el llamado Clan del Golfo, una parte del cual quiere hablar con este Gobierno”.

“El ELN se ha resistido, pero le vende la cocaína a la Junta Nacional del Narcotráfico, que la lleva con ruta La Guajira norte hacia Haití, y acaban con Haití, donde surgió nuestra libertad y donde queremos devolver libertad”, explicó.

El tiempo apremia

“No es muy probable que el Gobierno busque abrir procesos con algunas de estas organizaciones, dado que el tiempo disponible para ello es muy corto y, además, está atravesado por la coyuntura electoral, en la que el progresismo se juega su continuidad”, dice Carlos Arturo Velandia, analista del conflicto armado y exintegrante del ELN.

“Las sospechas sobre la presunta autoría o involucramiento de estas organizaciones armadas en el asesinato de Uribe Turbay constituyen una circunstancia en la que es poco aconsejable adelantar conversaciones de paz. La sensibilidad de la sociedad es que, frente al crimen, debe haber el más duro castigo, y los diálogos podrían ser interpretados como un premio”, añade Velandia.

La información suministrada por el presidente Petro saca a la luz la enorme fragilidad con la que, en su momento, se iniciaron las mesas de conversaciones con estas tres organizaciones.

“La posible vinculación de las disidencias al crimen de Uribe Turbay muestra, por un lado, que el Gobierno inició un proceso de diálogo con las disidencias sin establecer ningún tipo de condiciones y sin tener una caracterización adecuada del tipo de grupo con el cual se estaba sentando”, señala Gersón Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

“Peor aún, lo que se concluye con esta probabilidad es que el Gobierno se apresuró a otorgarle un carácter político a algo que ya definitivamente no lo tiene”, añade.

Una iniciativa debilitada

Ahora bien, ¿cómo queda la Paz Total luego de que se confirme que todo apunta hacia allá? Por un lado, queda muy debilitada porque el grado de credibilidad que tienen estos procesos es cada vez menor. En segundo lugar, queda claro que un tipo de negociación de carácter político no cabe con estos grupos. Y, en tercer lugar, se evidencia que estos grupos no tuvieron ningún incentivo para sentarse a dialogar seriamente; al contrario, se fortalecieron, se expandieron territorialmente y, lo más preocupante, están haciendo uso de la violencia política como no se veía desde hace años.

“La Paz Total es un fracaso, y ese fracaso no lo dicen ni los líderes de la oposición ni quienes estudiamos la actualidad política: lo ha dicho el propio presidente. La Paz Total fracasó porque no tenía un marco jurídico”, afirma Carlos Arias, analista político.

Con las declaraciones del presidente respecto a la posible participación de las disidencias —las de ‘Mordisco’ o las de Iván Márquez—, el panorama queda aún más fracturado.

Y es que el panorama es incierto. Aunque se hayan reiniciado algunas conversaciones, el ELN ya ha manifestado expresamente, a través del Comando Central (COCE), que con este Gobierno no hay forma de avanzar porque no existe un marco jurídico.

Las bandas delincuenciales, muchos de cuyos miembros se subieron a la tarima en Medellín junto a la senadora Isabel Zuleta —y cuya salida fue autorizada por el presidente—, también han declarado que no hay marco jurídico.

¿Cómo queda Montealegre?

Para los analistas, esta vinculación mencionada por el presidente deja sin maniobra política al ministro Montealegre para moverse en el Congreso. Y aunque el jefe de la cartera de justicia ha planteado crearlo, no existe ambiente político para ello debido al asesinato de Uribe Turbay y a que dicho marco jurídico estaría por fuera de las normas constitucionales, en concepto de varios juristas.

La conclusión de los expertos es de escepticismo. Afirman que, en este contexto, es muy difícil que la paz total se reactive en este Gobierno, ni en lo jurídico, ni en lo político, ni en el territorio.

De hecho, previamente al ataque a bala contra Uribe Turbay, el jefe de Estado ya había recibido muchas críticas que lo señalaban de estar cruzando una línea muy delgada en sus acuerdos, amparados en el discurso de la Paz Total, con bandas delincuenciales y otros grupos armados ilegales.

Esto, decían sus críticos, generaba dudas sobre la seguridad de los candidatos en diferentes regiones, no solo presidenciales, sino también aspirantes a Cámara y Senado que han planteado una clara y férrea oposición al Gobierno y a varias de sus reformas.

Aunque el presidente hizo sus afirmaciones como parte de una hipótesis, es natural que, por la dimensión de su cargo, el asunto adquiera gran relevancia. Expertos que conocen a fondo a la guerrilla del ELN señalan que, por lo menos en su caso, lo dicho en la Escuela General Santander aleja cualquier posibilidad de retomar esa mesa de negociación.

¿Qué hacer ahora?

Mantilla también recuerda que, en el caso de la Segunda Marquetalia, las negociaciones aún vigentes, por ejemplo en Nariño y Putumayo, y los eventuales acercamientos con Iván Márquez, ya no tienen margen de maniobra. Por lo tanto, este último año será muy difícil de avanzar en esta materia.

“Las hipótesis sobre la autoría intelectual o la investigación sobre posibles determinadores hacen que las miradas se dirijan a tres organizaciones con las cuales el Gobierno no tiene diálogos de paz”, advierte Velandia.

En consecuencia, dicen los analistas, el Gobierno debe emplearse a fondo para llevar a buen puerto las negociaciones con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Guerrillera, ambos procesos en Nariño. En estos casos, hay que mostrar desarrollo regional, protagonismo de la sociedad local, garantizar seguridad y evitar el reciclaje de la violencia.

Se prevé también que el Gobierno se concentre en procesos de carácter territorial, como los de los Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, los diálogos sociojurídicos de Buenaventura, Quibdó, el Valle de Aburrá y el del Clan del Golfo.

Y, claro, muy probablemente se incrementará la acción punitiva del Estado contra las fuerzas que dirigen Antonio García, Iván Márquez e 'Iván Mordisco'. Lo que deja un escenario para los doce meses que le quedan al presidente Petro de abierta e incierta confrontación armada.