El proyecto de nueva regulación patrimonial que tiene inquietos a los constructores de Cartagena
Imagen de archivo, donde se ve el Castillo de San Felipe de Barajas y al fondo la estructura del demolido edificio Aquarela, centro de una polémica.
CAMBIO conoció un proyecto de resolución del Ministerio de Cultura que endurece los parámetros de construcción del Paisaje Cultural Fortificado. ¿Cuál debe ser el equilibrio entre conservar y desarrollo urbanístico?
Por: Rainiero Patiño M.
El gremio de la construcción está en alerta en Cartagena. La inquietud está relacionada con una resolución que tiene lista el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con la que se busca declarar como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional el Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias y aprobar su Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). La controversia que se abre es sobre cuál es el punto de equilibrio que debe haber entre la conservación y el desarrollo de nuevas construcciones.
El problema, según los constructores, es que no se trata de una medida administrativa o de reconocimiento cultural más, sino de una resolución en la que se determinan nuevos parámetros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y otros tipos de infraestructura, no solo dentro del casco amurallado de Cartagena, sino que también incluye una extensa área de influencia.
Uno de los puntos clave es que las nuevas medidas limitarían la edificabilidad o construcción de nuevos edificios a solo 1 piso en las áreas afectadas por la resolución. También, definiría alturas máximas y porcentajes de ocupación muy restrictivos para los diferentes sectores que van desde 1 piso (3,5 metros) hasta 3 pisos más altillo (12 metros).
Estas nuevas restricciones abarcarían un área de 43.729 hectáreas, consideradas como de influencia del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias, que están repartidas en 20.680 hectáreas continentales y 23.048 hectáreas marítimas. De igual manera, todo aquello considerado como parte del sistema natural de defensa militar del puerto en los siglos XVI, XVII y XVIII, en el territorio comprendido desde Punta Canoa, en la zona norte, hasta la Isla de Barú, incluyendo el Bajo de Salmedina.
La resolución de 286 páginas, a la que tuvo acceso CAMBIO, explica que entre marzo de 2019 y junio de 2022 el ministerio realizó un proceso de investigación e identificación, a través de un equipo interdisciplinario que caracterizó y valoró la proyección de directrices para la gestión y salvaguardia de los elementos y unidades que conforman el Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias. Luego, en junio de 2022, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio lo incluyó en la lista indicativa de candidatos a Bienes de interés Cultural.
Todo el Paisaje Cultural Fortificado está ubicado dentro del distrito turístico, histórico y cultural de Cartagena, esa delimitación, además incluye una división en cuatro sectores: la Zona Norte asociada a la Ciénaga de la Virgen o de Tesca (5.568 hectáreas), la Zona Centro asociada a la dinámica del Centro Histórico y la Bahía de las Ánimas (5.562 hectáreas), y las Zonas Insulares de Tierra Bomba (1.995) y Barú (7.553).
De historia y otras nuevas medidas
El documento del Ministerio explica que, con sus casi 500 años de historia, Cartagena tiene edificaciones que componían el sistema de fortificaciones militares más grande de la época colonial española y que constituye un ejemplo de la arquitectura militar de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Su historia evidencia que como puerto fue un enlace esencial en la ruta monopólica del comercio transatlántico de las Indias Occidentales, junto con La Habana y San Juan de Puerto Rico, permitiendo todo tipo de intercambios.
El sistema de fortificaciones incluye, entre otros, el muro del recinto urbano, el puerto abatido de San Matías, la torre de San Felipe del Boquerón y fortalezas como las de San Luis, San José, San Fernando, San Rafael, Santa Bárbara, Santa Cruz, San Juan de Manzanillo, San Sebastián de Pastelillo y el castillo de San Felipe de Barajas, sobre el risco rocoso que dominaba la ciudad hacia el este.
Alertados por los posibles cambios, los directivos de la Cámara Colombiana de la Construcción de Bolívar (Camacol) enviaron una carta al Ministerio en el que expresaron sus inquietudes y observaciones al proyecto de resolución.
Irvin Pérez, el representante del gremio le dijo a CAMBIO que reconocen el valor del PEMP como instrumento de conservación, pero advierten que su aplicación a un área de 43.000 hectáreas genera incertidumbre jurídica por la ausencia de parámetros claros sobre el alcance y las reglas de intervención en predios y totalidad de los suelos en Cartagena. Además, cree que la medida puede abrir vacíos normativos que dificultan la planeación urbana y el normal desarrollo de la construcción en la ciudad, porque le resta confianza a los inversionistas.
“Cualquier persona se pregunta las implicaciones en términos normativos, de permisos y autorización, al encontrarse dentro de un área declarada de protección. Resulta indispensable que el Ministerio de Cultura defina criterios técnicos y procedimientos precisos que permitan compatibilizar la protección patrimonial con la seguridad jurídica y el desarrollo ordenado de la ciudad”, puntualiza Pérez.
Uno de los interrogantes administrativos alrededor del proyecto de resolución es que esta establece una jerarquía normativa del PEMP sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente y la normativa urbanística local. Lo que, dicen los constructores, puede generar incertidumbre y desafíos prácticos en su aplicación.
“La implementación efectiva de esta jerarquía requiere una articulación y coordinación expedita entre el Ministerio y el Distrito de Cartagena. La falta de una homologación clara y ágil de las normativas podría generar vacíos, interpretaciones diversas y, en última instancia, paralización de proyectos”, señala Pérez, por lo que propone la creación de una mesa técnica permanente de articulación normativa y para la definición de plazos perentorios y mecanismos de seguimiento para la efectiva incorporación de las nuevas disposiciones.
Sobre las posibles restricciones técnicas de la construcción dentro de la zona de influencia, el gremio cree que la delimitación tan amplia y la aplicación de restricciones técnicas de construcción, particularmente en términos de alturas y densidades, representan una amenaza significativa para la viabilidad de nuevos proyectos y la densificación urbana necesaria.
Para Camacol, si bien se comprende la necesidad de preservar las visuales y el entorno del BIC, las restricciones planteadas podrían generar desincentivo a la inversión, puesto que la baja edificabilidad limita el retorno de la inversión, haciendo inviables muchos proyectos. Por esto, le pidió al Ministerio revisar y flexibilizar esos parámetros, especialmente en aquellos sectores que no impactan directamente las visuales principales o que ya presentan un desarrollo urbano consolidado.
La tradición y las nuevas tecnologías
Otro de los puntos que llama la atención es que el Artículo 62 de la resolución determina el uso de técnicas y materiales tradicionales para las construcciones, lo que le pondría una exigencia mayor a los constructores. Por eso, Camacol pidió permitir la incorporación de tecnologías y materiales modernos que sean visualmente compatibles con la estética tradicional, pero que ofrezcan ventajas en términos de sostenibilidad, eficiencia energética, durabilidad y costos.
Y el otro gran interrogante surge porque el Ministerio establece con las nuevas reglas la necesidad de un “concepto favorable” de la cartera para decisiones distritales sobre nuevas obras en la zona. Lo que, señalan los constructores, puede convertirse en un cuello de botella administrativo, “generar una doble ventanilla y alargar significativamente los tiempos de los proyectos, afectando su viabilidad económica y la competitividad de Cartagena como destino de inversión”.
La controversia es mucho más larga e incluye muchos más detalles. Como ejemplo reciente de la magnitud del problema está el caso del edificio Aquarela, que se convirtió en todo en un enredo jurídico y una polémica nacional sobre el manejo del paisaje patrimonial de la ciudad, pero que terminó con una orden de demolición del mismo.
Sobre estas posibles nuevas medidas para la ciudad, la Alcaldía de Cartagena señaló que siempre han sido respetuosos de las decisiones del Ministerio y recordaron que en diversas ocasiones han trabajado de la mano. Como ocurrió con la demolición del edificio Aquarela o con en el problema con el Baluarte de la Gente, conocido antes como el Café del Mar.
Pero, sobre los detalles de estas nuevas condiciones, la alcaldía indicó que desde la Oficina Asesora Jurídica del Distrito están estudiando el documento para presentar unas observaciones.
“La Alcaldía de Cartagena ha sido partícipe del proceso, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y de la Escuela Taller; y aunque reiteramos nuestro respeto al Ministerio, no compartimos varios elementos. Los cuales, incluso, a gremios como Camacol los tiene inquietos”, le explicó a CAMBIO la administración distrital.
Según la alcaldía es necesario crear espacios de concertación para presentar observaciones a las nuevas reglas urbanísticas propuestas por el Ministerio. Lo cierto es que la discusión está abierta desde antes de la publicación de la nueva resolución, lo que es una clara señal de lo polémica que puede llegar a generar la búsqueda de un punto perfecto entre la conservación patrimonial y la nueva ciudad.
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