Las denuncias por nepotismo y despidos irregulares en la Superindustria de Cielo Rusinque

En la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se libra una batalla silenciosa. No tiene que ver con la protección al consumidor ni con los monopolios del mercado. Esta vez, el conflicto es interno: decenas de funcionarios denuncian que, tras la implementación del concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la entidad está desconociendo derechos laborales adquiridos, despidiendo a personas que, por ley, deberían tener estabilidad reforzada.

Mientras eso ocurre, en el corazón del área de Talento Humano se dio una reubicación exprés. La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Personal, Luz Marina Ulloa, logró que su hijo, quien no superó el concurso de méritos y estaba en provisionalidad, fuera reubicado en tiempo récord. El argumento fue una discapacidad por un problema muscular. Dentro de la entidad, varios denuncian que esta situación podría ser un caso de nepotismo.

Lo que está pasando en materia laboral en la entidad es especialmente grave en el grupo de los prepensionados, aquellos funcionarios que están a meses o pocos años de jubilarse. Según testimonios recopilados por CAMBIO, al menos 50 empleados en esta condición han sido apartados de sus cargos sin previo aviso o sin posibilidad de reubicación, a pesar de que muchos de ellos superaron el concurso de méritos y quedaron en listas de elegibles. En varios casos, los jueces les han dado la razón.

“El concurso se llevó a cabo y la mayoría de los funcionarios lo pasó, quedando en las llamadas 'listas de elegibles' aunque no en los primeros lugares. Sin embargo, la planta no se amplió, simplemente unos salían y otros se posesionaban. A los prepensionados no nos reubicaron, a pesar de que tenemos derecho”, contó a este medio una exfuncionaria que pidió la reserva de su identidad.

Una omisión con consecuencias

La historia comienza con la convocatoria 430 de 2016, abierta en 2023 para la SIC y otras superintendencias. El proceso fue ejecutado por la Universidad Libre, contratada por la CNSC. Al hacer la convocatoria, la entidad no advirtió que muchos de los cargos ofertados estaban ocupados por prepensionados. CAMBIO conoció la prueba de uno de los casos en los que, a pesar de ser de prepensionados, fueron ofertados.

“La CNSC le preguntó expresamente a la Superindustria si esos cargos estaban ocupados por personas cercanas a la pensión. Respondieron que no. Esa omisión permitió que los puestos fueran ocupados sin ninguna restricción, violando el derecho a la estabilidad reforzada”, explicó un abogado laboralista que asesora a varios afectados.

No obstante, algunas personas pueden haber alcanzado el estatus de prepensionadas en medio del concurso y esa puede ser una de las razones por las cuales la SIC no le informó a la comisión que el cargo no estaba libre.

Por su parte, la entidad respondió a CAMBIO que la situación que se está presentando “no se deriva de la voluntad de la administración sino de una obligación constitucional y legal”. Además, dijeron que la SIC lo que debe hacer en los casos de especial protección de cargos es: “Todo lo posible no para garantizar estabilidad ante la ausencia de cargos, sino en que sean los últimos en ser despedidos”.

Estabilidad ignorada

En Colombia, la ley protege a ciertos grupos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada: personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, prepensionados y personas con fuero sindical. Aunque los cargos sean ofertados en concurso, el principio es claro: no se puede sacar a estas personas sin que se les garantice reubicación o una solución equivalente.

“Yo ya tengo la edad para pensionarme, pero me faltan semanas. Aun así, me sacaron. En mi caso, el perjuicio es claro, porque si no me reintegran, el Estado tendrá que pagarme una indemnización y luego la pensión anticipada”, denunció otra exfuncionaria, quien interpuso una acción de tutela que está en proceso.

Ya hay por lo menos dos tutelas falladas en favor de prepensionados en las que los jueces han ordenado su reintegro y el respeto a su estabilidad. Para los jueces, si no hay cargos disponibles, la entidad debe pensionarlos directamente o crear vacantes equivalentes.

“¿Cuánto le cuesta al Estado esta obstinación?”, se pregunta un funcionario de la SIC, quien pidió la reserva de su nombre. “Si no los reubican, van a tener que indemnizarlos y después reintegrarlos por orden judicial”, agrega.

La entidad que hoy lidera Cielo Rusinque cuenta con una planta de más de 1.500 empleados, y las decisiones sobre concursos y nombramientos afectan directamente la estabilidad institucional. De los 50 prepensionados afectados, solo una pequeña parte ha logrado que los jueces amparen sus derechos. Los demás siguen esperando una solución administrativa que, por ahora, no llega.

Exfuncionarios denuncian nepotismo en la Superintendencia

En medio de las tensiones internas que vive la Superintendencia de Industria y Comercio hay un nombre que genera particular incomodidad entre funcionarios y exfuncionarios: Luz Marina Ulloa de Zambrano. Desde su cargo como coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Personal, Ulloa ha sido una de las piezas clave en el manejo del concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como en la asignación y renovación de contratos dentro de la entidad.

Según varias denuncias, hay cuestionamientos alrededor del favorecimiento del hijo de Ulloa, Miguel Ángel Zambrano Ulloa, quien tenía un cargo provisional, se presentó al concurso de méritos, pero no ganó. Luego, fue reubicado con velocidad inusual (menos de un mes) en la dirección de Signos Distintivos, amparado por un certificado de discapacidad que estableció un problema osteomuscular.

“Mientras tanto, a funcionarios con diagnósticos graves, incluso oncológicos, los están sacando sin contemplaciones”, señaló una fuente que conoce de cerca los procesos de personal. La esposa de Miguel Ángel Zambrano Ulloa, es decir, la nuera de Luz Marina Ulloa, tiene un contrato de prestación de servicios con la SIC.

Sobre este nombramiento, la SIC aseguró que Zambrano fue nombrado por la anterior administración, el 2 de octubre de 2023, y que para la fecha Ulloa no trabajaba en la entidad. De igual manera, confirmaron que se le realizó un nombramiento, aunque dijeron que no fue solo a él, sino a varios funcionarios cuya vinculación provisional fue finalizada y acreditaron un certificado de discapacidad. Además, dijeron que las reubicaciones aún se están presentando.

La SIC se ha escudado en sentencias como SU-003 de 2018 y T-421 de 2024 para justificar la salida de prepensionados bajo el argumento de que deben dar prioridad a personas con discapacidad. La jurisprudencia, en efecto, respalda la estabilidad reforzada para quienes presentan limitaciones médicas.

Según la entidad le respondió a CAMBIO, el orden de prelación para reubicar a los funcionarios fue el dispuesto por el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015: 1. Discapacitados y personas con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras; 2. Mujeres en estado de embarazo o licencia de maternidad; 3. Madres o Padres cabeza de familia; 4. Prepensionados, y; 5. Personas con fuero sindical.

Cargos vacantes, pero no para los reclamantes

Mientras decenas de funcionarios protegidos por la figura de estabilidad laboral reforzada luchan por conservar sus empleos, según varias denuncias de exfuncionarios, en la Superindustria hay cargos que están vacíos y, sin embargo, no han sido usados para reubicar a quienes la ley exige proteger.

Según estas denuncias, hubo empleos que no fueron ofertados justamente porque los estaban ocupando personas que estaban cerca a la pensión en ese momento. Como el concurso de méritos duró más de dos años (la convocatoria fue en 2023 y la lista de elegibles se publicó en junio de 2025), muchas personas se jubilaron durante ese tiempo, dejando vacantes que la SIC podría utilizar para reubicar a funcionarios que gozan de la protección especial y que no pasaron el proceso.

“Yo solicité la reubicación en enero de este año”, cuenta uno de los exfuncionarios afectados. “La respuesta fue que una vez saliera la lista de elegibles iban a verificar caso por caso de los que no pasaron para revisar quién tenía discapacidad o era cabeza de hogar. Pero cuando salió la lista en abril, no hicieron nada. A todos nos declararon insubsistentes”.

La situación se repite en otros casos. Otro funcionario relató que presentó una declaración juramentada de su esposa, explicando que él era el único ingreso del hogar y estaba al cuidado de su hija de dos años. La respuesta de la SIC fue que necesitaba más pruebas. Pocos días después, lo despidieron.

“Nos están exigiendo requisitos por encima de los que ya definió la Corte Constitucional”, dijo. “La SIC quiere quedarse con esos puestos y entregarlos a sus apadrinados políticos. Es indignante que esto ocurra en un gobierno que se dice defensor de los derechos laborales”, advirtió el funcionario afectado.

La superintendente, Cielo Rusinque, dijo que las denuncias son “falsedades” y advirtió que por ahora no puede responder porque “tenemos muchas urgencias, señora periodista. Corremos todos los días para dar cumplimiento a nuestra misionalidad en beneficio de los consumidores. Respondemos siempre claro. Pero contestar sus preguntas no es lo único que tenemos por resolver”.