Los CAI y las interceptaciones: el caso de corrupción que persigue al gobernador de Antioquia
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Andrés Julián Rendón es investigado por la Fiscalía, junto a nueve personas más, por obras contratadas cuando fue alcalde de Rionegro. El ente investigador dice que hay indicios suficientes para seguir con el caso. El mandatario asegura es una persecución ideológica. Estos son los detalles del proceso.
Por: Rainiero Patiño M.
Las interceptaciones de 71 días de llamadas son hoy el material central de la nueva etapa en la investigación del caso de corrupción que tiene como protagonista al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Un enredo que lo persigue desde sus días como alcalde del municipio de Rionegro, que no se ha esclarecido del todo y que podría terminar quebrando el curso normal de su mandato actual.
El gobernador y unas nueve personas más, varios exfuncionarios de su círculo más cercano, están siendo investigados por la posible celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, detrimento patrimonial y violación al régimen de inhabilidades, por la contratación para la construcción de dos CAI (Comandos de Atención Inmediata de Policía) en el municipio de Rionegro.
Los contratos que salpican a Rendón suman 1.269 millones de pesos. Y fueron obras firmadas durante su periodo como alcalde entre 2016 y 2019. Se trató de los CAI del sector de Cuatro Esquinas, por 433 millones de pesos, y el de San Antonio de Pereira, por 836 millones.
Con base en esas pruebas, en estos momentos la Fiscalía General está investigando a Rendón, a través de la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia -por su fuero como gobernador-.
Las nuevas llamaditas
El caso, que había estado casi que paralizado durante la Fiscalía de Francisco Barbosa, fue reactivado este año. Desde el 14 de mayo de 2025 y durante 71 días fueron autorizadas las interceptaciones al celular de Rendón y de los otros nueve investigados. Varios de ellos también son funcionarios actuales de la Gobernación de Antioquia.
Según el expediente, el 27 de mayo fueron emitidas las últimas órdenes judiciales para estas interceptaciones. Y las grabaciones fueron legalizadas por el fiscal del caso en una audiencia el pasado 23 de julio. El gobernador y su defensa legal calificaron la medida de desproporcionada y atemporal por tratarse de hechos que son investigados desde hace varios años.
El caso primero llegó al despacho de la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, quien no aceptó la legalización de las interceptaciones. Pero la decisión fue apelada y pasó al Tribunal Superior de Bogotá que, hace apenas unas semanas, revocó el fallo de la juez y determinó que las grabaciones sí eran necesarias para el desarrollo del caso.
Junto a la de Rendón fueron interceptadas las líneas de Martha Correa Taborda, quien fue gerente general de Edeso, funcionaria de la Alcaldía de Rionegro y actual secretaria general de la Gobernación; la de Hugo Parra, exsecretario de Gobierno y Tránsito de Rionegro en 2016; Carlos Gómez, exfuncionario y contratista; Hernán Álvarez, exfuncionario de Rionegro; y Carlos Moreno, exfuncionario y contratista.
Los investigadores de la Fiscalía también escucharon llamadas de Carlos Enrique Lopera, quien fue el supervisor del contrato del CAI de San Antonio de Pereira; María Teresa Vélez, representante legal de una de las empresas subcontratadas; Duverney Pérez, exsubsecretario; y Guillermo Antonio Castro, excontratista.
La Fiscalía detalló, con base el expediente del caso que fue publicado por la Revista Raya y El Colombiano, que la necesidad de monitorear dichas líneas telefónicas surgió para recopilar elementos materiales probatorios útiles a la investigación, debido a que se detectaron conversaciones de estas personas “referentes a la construcción de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, aunado que Martha Patricia Correa es la actual secretaria privada del Gobernador de Antioquia y fue la secretaria general de la Alcaldía de Rionegro”.
El fallo del Tribunal también consideró adecuada la interceptación y reveló que en una de las conversaciones interceptadas a Rendón hay “una presunta instrucción por parte del entonces alcalde de ese municipio para que los contratos se hicieran con determinadas empresas, máxime que esos CAI no fueron puestos en funcionamiento en esa época”.
La letra chica del caso
Los detalles de la contratación para los CAI en Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira indican que la construcción fue hecha a través de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (Edeso), por medio de contratación directa. Pero luego esta subcontrató con otras empresas más pequeñas y sin experiencia la ejecución.
Esto, según varias denuncias, trajo como consecuencia problemas técnicos y administrativos, al igual que largas demoras en la entrega de los CAI. Y más llamativo aún, estos fueron inaugurados por Rendón sin entrar en funcionamiento, entre otras cosas porque la Policía Nacional señalaba que no estaban listos para prestar un buen servicio.
En septiembre de 2022 y con la evidencia de los CAI inoperativos, la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público denunció a Rendón y los contratos por presunto detrimento patrimonial, al tratarse de inversión de dineros públicos en obras que no cumplían con su fin.
La Veeduría señaló, entre otras cosas, que a los bienes usados se les había cambiado de manera irregular su destinación, ya que estos habían sido adquiridos con cargo al presupuesto de infraestructura deportiva del municipio. Los denunciantes también llamaron la atención sobre posibles irregularidades en los contratos.
En el caso de Cuatro Esquinas se habrían firmado las obras sin contar con los avales previos requeridos (estratégico, operativo, técnico, jurídico y catastral). “El contrato se firmó el 28 de diciembre de 2016, pero sólo obtuvo el aval estratégico operativo el 31 de marzo de 2017, es decir meses después de que el contrato se encontraba en ejecución, por lo que se materializa la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, se puede leer en la denuncia de la época. Además, la Veeduría señaló que fue suscrito “irregularmente el otrosí 01 del 7 de julio de 2017 por 144 millones de pesos, cuando la obra ya había sido inaugurada el 4 de julio de 2017”.
Otra cosa llamativa, según la Veeduría, es que aunque la liquidación contractual de esa obra fue oficializada el 1 de junio de 2018, en el momento de la denuncia en 2022, el CAI no prestaba ningún servicio.
Sobre la construcción del CAI de San Antonio de Pereira, la Veeduría denunció que el contrato 282 del 24 de octubre de 2018 había sido suscrito de forma irregular, ya que no contaba con los avales previos requeridos. Además, que el acta de terminación anticipada fue firmada por la alcaldía y la empresa descentralizada, aunque estos no contaban con los certificados necesarios. Otro detalle grave que señalan es que “dentro de la fase de ejecución de la obra el Comando de Policía de San Antonio no había avalado la ejecución de las obras; y la liquidación contractual fue realizada mediante acta el día 18 de junio de 2021, transcurriendo a la fecha más de un año sin que las obras estén prestando el servicio para el cual fue contratada”.
En ese momento, la Contraloría General de la Nación investigó y concluyó que había pruebas suficientes para determinar una planeación deficiente, que no se estaba prestando el servicio, por lo que existía un daño patrimonial, que hubo irregularidades contractuales y se incumplieron las normas técnicas específicas para la construcción de los CAI.
El ente de control confirmó que las obras fueron contratadas sin los avales e informes de viabilidad jurídica, técnica y catastral. En los días de esa revisión, la Contraloría señaló que ninguno de los dos CAI estaba prestando sus servicios, aunque el alcalde los había entregado oficialmente, por lo que los recursos invertidos fueron considerados “improductivos”.
Más grave aún, la Contraloría determinó que a los contratos les hicieron otrosí o adiciones de manera irregular después de las supuestas entregas. La institución también consideró muy grave que en la contratación y construcción de los CAI no se tuvieron en cuenta las normas técnicas de los mismos, reglamentadas por la Resolución 913 de 2009 (“Manual para el Comando de Atención Inmediata, CAI”) y el Instructivo 008 Disec ‑Arcos 70 de la Policía Nacional, entre otros.
La Alcaldía de Rionegro, en cabeza de Rendón, se defendió y dijo que los CAI habían sido entregados e inaugurados, como prueba adjuntaron registros de prensa. Argumentos que para la Contraloría no coincidían con los requisitos legales y que no eran suficiente para demostrar funcionalidad operativa ni que los CAI cumplían su fin social.
Después de realizar su propia investigación, la Contraloría respondió que los contratos y la ejecución de las obras tenían “hallazgos con incidencia fiscal y presunta faltas disciplinarias de los responsables, por las irregularidades detectadas”. La entidad cuantificó un perjuicio al erario por más 1.269 millones de pesos por obras innecesarias o no operativas y pidió que se tomaran las medidas para esclarecer las responsabilidades.
Por los hechos, Rendón estuvo a punto de ser imputado en julio de 2023, pero unas dilataciones del proceso no se llegó a ese punto. Luego, por haber sido elegido gobernador, Rendón adquirió fuero especial, lo que implica que la investigación debe tramitarse a través de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa del gobernador
Rendón ha dicho que se trata de un tema muy claro y, prácticamente cerrado. Insiste en que los CAI fueron entregados. Incluso, dice que se trata de un tema con más fondo político y una persecución ideológica.
El mandatario calificó como “muy graves para la democracia” las interceptaciones a su teléfono . Que estas violan su intimidad y que, incluso, han construido el caso para sacarlo del camino, instrumentalizar a la justicia y permitirle al presidente Petro usurpar su cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026.
El choque pasó a otro nivel después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ofreció una rueda de prensa el pasado 24 de junio en la que se refirió a la situación jurídica del gobernador. En esta, y ante la pregunta de una periodista, dijo que la investigación contra Rendón la lleva “una fiscal delegada ante la Corte por delegación mía, en la cual (...) ya se formuló imputación y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”.
Como el caso está aún en etapa de indagación, Rendón recusó a Camargo argumentando que la fiscal emitió una opinión (“errada”) que podría ser determinante en su caso. “Se está realizando una afirmación sesgada de la realidad, la cual influye directamente en sus subalternos (especialmente en delegados ante la Corte), con el mensaje de que hay que imputar”, detalló la defensa del gobernador.
Pero la Corte Suprema de Justicia negó la petición de Rendón al considerar que aunque Camargo dirige y coordina las acciones generales de la Fiscalía, esto no anula ni compromete la garantía de imparcialidad en la administración de justicia, ni la autonomía de los fiscales y funcionarios directos del caso.
Después de largos años inoperativos, los CAI fueron puestos en servicio. Rendón insiste en que todo fue entregado correctamente, que se trata de una persecución. Y la Fiscalía parece tener todos los elementos para mantener viva la investigación. ¿Quién ganará el pulso?
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
