Entre la incertidumbre y la esperanza: voces desde las cárceles de El Salvador

Moles grises piedra, guardias con pasamontañas, pasadizos siempre iluminados para nunca anochezca y literas sin colchones ni almohadas para que ni en sueños sea posible escapar. Así son las celdas en El Salvador. Allí,  más de 150 colombianos permanecen privados de la libertad, en medio del régimen de excepción de Nayib Bukele. Sus familias, marcadas por la distancia, la incertidumbre y el dolor, piden empatía y respuestas. Desde la Cancillería, el vicecanciller  de asuntos multilaterales, Mauricio Jaramillo, asegura que el Estado colombiano ha acompañado cada caso, aunque reconoce las limitaciones diplomáticas y judiciales. En esta conversación, la voz de una madre y la del gobierno se entrelazan para mostrar la dimensión humana y política de un drama que sigue sin fecha de cierre.

Detrás de cada persona privada de la libertad, hay una familia que espera con ansiedad, ilusión y sufrimiento. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de conocer a Kelly Alejandra Salazar, una madre que lidera un grupo de más de 60 familiares en Colombia que comparten el mismo anhelo: que sus seres queridos, detenidos en El Salvador, puedan regresar a casa. Ellos cuentan los días con la esperanza de un regreso que nunca llega. Aunque en julio de este año se dio la primera deportación, con la liberación de 14 colombianos, las audiencias se aplazan una y otra vez, dejando a las familias atrapadas en la angustia y la incertidumbre. En medio de la distancia y el silencio oficial, solo resta confiar en que la justicia y la humanidad prevalezcan.

“Nos desmembraron la familia”: madre de uno de los detenidos

En un barrio de Barrancabermeja, Kelly Alejandra espera cada mañana alguna noticia de su hijo, detenido hace más de 2 años en El Salvador. Lleva a todas partes la foto de su hijo en su pecho: estampada en un suéter de algodón blanco que sirve como cartel en el que se lee: “Santiago Andrés Bolívar Salazar, edad 22 años. Colombiano - Rivera, Huila”.

Johanna Bahamón: ¿Cómo han sido estos meses desde que su hijo fue detenido?

Kelly Alejandra Salazar: Han sido muy difíciles. Mi hijo es el mayor de mis ocho hijos, siempre ha estado conmigo, y su ausencia ha dejado un vacío enorme en nuestro hogar. Siento que nos desmembraron la familia. Mis otros hijos lo extrañan profundamente; es como si nos hubieran arrancado una parte de la casa. Aprender a vivir con esta ausencia ha sido doloroso y complicado.

Johanna Bahamón: ¿Qué ha sido lo más duro de tenerlo tan lejos, en una cárcel fuera del país?

Kelly Alejandra Salazar: Todo. El aspecto emocional y también el económico. En El Salvador la moneda es el dólar, y para enviarle los paquetes de alimentación, higiene personal y hasta los uniformes que exigen en prisión —camiseta, pantaloneta, chanclas, toalla, sábanas— el gasto es enorme. Soy madre cabeza de hogar, y él era uno de mis hijos mayores. He tenido que hacer rifas y actividades para reunir el dinero. Ha sido una carga muy pesada.

Johanna Bahamón:  Cada vez que anuncian una audiencia y luego la aplazan, ¿qué siente?

Kelly Alejandra Salazar: Es devastador. Cada audiencia es una luz de esperanza, una posibilidad de que algo cambie, pero cuando la aplazan sentimos que todo se derrumba. Ya han pasado casi dos años y medio. Son prórrogas cada seis meses que significan más incertidumbre, más dolor, más tiempo sin respuestas.

Johanna Bahamón: Si pudiera hablarle a la gente que lee esta entrevista, ¿qué quisiera que supieran?

Kelly Alejandra Salazar: Que no juzguen sin conocer. Mi hijo salió del país buscando mejores oportunidades para él y para su familia, como muchos colombianos. Durante estos dos años y medio he escuchado comentarios crueles: “algo habrá hecho”, dicen algunos. Pero nadie conoce el dolor que vivimos hasta que le toca a su propia familia. Pido empatía. Detrás de cada detenido hay una madre, unos hermanos, una familia que sufre y espera.

Johanna Bahamón: Ha viajado tres veces a El Salvador. ¿Qué encontró allí?

Kelly Alejandra Salazar: He tocado todas las puertas posibles. La Embajada de Colombia en El Salvador ha sido muy humana y atenta, siempre me han recibido y me han dado la información que pueden, aunque están limitados por el régimen de excepción. También agradezco a la Cancillería y al vicecanciller, que ha estado muy comprometido. Pero no ha sido fácil. He viajado con ayuda de un canal de televisión, con recursos propios, haciendo rifas, vendiendo cosas. Todo para poder estar más cerca, aunque no he logrado ver ni escuchar a mi hijo.

La voz del Estado: ¿Qué dice el Vicecanciller de Colombia?

Johanna Bahamón: ¿De cuántos colombianos detenidos estamos hablando actualmente en El Salvador?

Mauricio Jaramillo: Hoy tenemos confirmados 153 colombianos privados de la libertad.

Johanna Bahamón: ¿Qué ha hecho la Cancillería para acompañar a las familias y proteger sus derechos?

Mauricio Jaramillo: Hemos trabajado en tres frentes. El primero es la asesoría directa a las familias, a través de la Embajada y el Consulado, con nuestro asesor jurídico explicando cada proceso. El segundo, en la articulación con organismos de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo en Colombia y su par en El Salvador, para garantizar condiciones dignas de detención y el debido proceso. Finalmente, en acompañar de manera permanente a las familias: nos reunimos con ellas cada vez que es necesario, mantenemos canales abiertos y escuchamos sus inquietudes y solicitudes.

Johanna Bahamón: ¿Por qué es tan difícil el trabajo consular en estos casos?

Mauricio Jaramillo: Porque cada Estado maneja de manera soberana su sistema judicial y carcelario. Podemos hablar con cancillerías y autoridades diplomáticas, pero las decisiones judiciales y penitenciarias dependen de poderes autónomos. Nuestra gestión es humanitaria: velar por la asistencia legal, la comunicación y las garantías mínimas, aunque la incidencia sobre decisiones judiciales es limitada.

Johanna Bahamón: Las familias dicen que las audiencias se aplazan una y otra vez. ¿Qué ocurre?

Mauricio Jaramillo: Entendemos su dolor. Las prórrogas prolongan la incertidumbre. Pero son decisiones que toman fiscales y jueces de otros países, y ni siquiera los gobiernos pueden intervenir en ellas. Lo que sí hacemos es insistir para que haya celeridad y se respete el debido proceso.

Algunas madres sienten que el Estado las ha abandonado. ¿Qué les diría?

Mauricio Jaramillo: Les pido disculpas. Históricamente el Estado colombiano no siempre ha respondido como debería. Las entiendo y no puedo juzgarlas, porque hacerlo sería revictimizarlas. Les aseguro que hacemos todo lo posible por acompañarlas y defender los derechos de sus familiares.

Johanna Bahamón: ¿Habrá repatriaciones o acuerdos concretos con el gobierno salvadoreño?

Mauricio Jaramillo: No puedo dar detalles, porque divulgar fechas podría poner en riesgo procesos en curso. Pero sí, estamos trabajando para establecer protocolos humanitarios que garanticen derechos como la asistencia médica, la comunicación y el respeto al debido proceso. Seguiremos insistiendo hasta lograrlo.

La Fundación Acción Interna ha llevado su propósito más allá de las cárceles en Colombia, extendiendo su labor humanitaria a los connacionales privados de la libertad en distintos países. Mediante la articulación con la Cancillería y el cuerpo diplomático, buscamos visibilizar su situación y promover condiciones dignas de reclusión, en concordancia con las normas internacionales y el respeto por los derechos humanos.

En escenarios como Venezuela, donde no hay certeza del número de colombianos presos; en Panamá, donde nuestros connacionales incluso superan a la población local en algunos centros penitenciarios, o en México y Chile, donde mujeres y profesionales enfrentan procesos complejos**, la Fundación Acción Interna hace presencia con una voz de respaldo firme y un compromiso inquebrantable,** recordando que ningún colombiano debe sentirse olvidado, sin importar las fronteras ni las circunstancias.

Este trabajo también cobija a las familias en Colombia, quienes muchas veces padecen en silencio la ausencia y la incertidumbre. La Fundación les ofrece un puente de cercanía y solidaridad, recordándoles que sus seres queridos no están olvidados. Más que asistencia material, es un gesto de humanidad que dignifica, mantiene vivo el vínculo afectivo y reafirma que la dignidad y la posibilidad de un nuevo comienzo son derechos universales.