Generales, oficiales y suboficiales reconocieron ante la JEP su responsabilidad en ‘falsos positivos’ de la costa Caribe

En el avance de los desarrollos contemplados en el proceso 03, en el que se investigan asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su rol en ejecuciones extrajudiciales cometidas en la costa Caribe.

El acto en el que los uniformados del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad en los delitos se llevó a cabo luego de que el tribunal de justicia transicional identificara inconsistencias en su labor. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, 604 de las 796 bajas en combates presentadas por los comparecientes corresponden a víctimas presentadas como falsos resultados operacionales.

La JEP reveló que los altos mandos de la institución promovieron la configuración de un patrón macrocriminal en el que ejecutaron asesinatos y desapariciones forzadas entre enero de 2002 y diciembre de 2008. En ese sentido, la investigación permitió establecer que 19 unidades militares que operaban en esa región participaron en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

“Se trata de oficiales y suboficiales que fueron imputados por su liderazgo y por su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados por el Código Penal colombiano”, explicó la JEP, tras el reconocimiento en el que los comparecientes se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas.

Los militares imputados reconocieron que las ejecuciones extrajudiciales se presentaron como parte de un sistema de presión por bajas ante exigencias y sanciones a las unidades que presentaban menores resultados operacionales. Además, detallaron que recibieron incentivos y recompensas por presentar a miembros de la población civil como bajas en combate.  

Encubrimiento y falta de controles: los factores que facilitaron las ejecuciones extrajudiciales en la costa Caribe

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró que los uniformados imputados alteraron pruebas para mantener el encubrimiento y dar apariencia de legalidad a operaciones ficticias en el territorio. Para ocultar los crímenes, modificaban las escenas en las que se llevaron a cabo las ejecuciones judiciales y ofrecían información inexacta sobre las identidades de las víctimas, los móviles de los operativos y las circunstancias de los hechos.

Una vez cometidos los crímenes, los altos mandos del Ejército realizaban múltiples actividades para obstruir a la justicia y retrasar las investigaciones disciplinarias para mantener el patrón criminal. Con ese entramado, los uniformados lograron que las denuncias fueran desestimadas para perpetuar la impunidad e impedir el esclarecimiento de los hechos.

Ante el establecimiento de bajas en combate como máximo indicador de victoria militar, los comparecientes reclutaron víctimas e incluso entregaron a miembros de la población civil a otras unidades militares que ejecutaban los crímenes. De hecho, según la JEP, en este macrocaso se ha identificado que los uniformados recibían permisos y estímulos como almuerzos especiales, bicicletas, e incluso electrodomésticos.

El tribunal de justicia transicional destacó que la evidencia judicial y las denuncias de las víctimas resultaron fundamentales para que los comparecientes reconocieron los hechos que han permitido hallar, identificar y entregar los cuerpos de 15 víctimas. En ese sentido, la JEP anunció que los nuevos aportes de verdad serán claves para continuar la búsqueda con otras entidades.

Los mayores Luis Fernando Campuzano, Nelson Mauricio Calderón, Luis Fernando Báez, Orlando Arturo Céspedes y Julio César Rivas fueron algunos de los que reconocieron su responsabilidad en los daños ocasionados y expresaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios. Según la JEP, 25 de los 28 comparecientes también se comprometieron a esclarecer los graves hechos.

Por su parte, el brigadier general (r) Fabricio Cabrera, el mayor general (r) Raúl Rodríguez y el teniente coronel (r) William Peña, comandantes del Batallón La Popa y de la Décima Primera Brigada del Ejército para el momento de los hechos, rechazaron su participación en el acto de reconocimiento e insistieron en su inocencia, a pesar del material probatorio recopilado en su contra.

La JEP reveló que los casos de los tres militares retirados que se negaron a aportar verdad y reconocer su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación. En ese sentido, esa instancia será la encargada de definir el futuro judicial de los imputados en los procesos por los que podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.