El proyecto minero El Alacrán ante la Anla: cómo funciona el licenciamiento ambiental

El proyecto minero El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, es una iniciativa de explotación de cobre que actualmente no se encuentra en fase de producción, sino en proceso de evaluación ambiental. Su viabilidad depende del licenciamiento que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un trámite diseñado para analizar, con rigor técnico, los impactos ambientales, sociales y territoriales de proyectos de alta complejidad.

De acuerdo con la información técnica y normativa expuesta por la propia Anla, el caso de El Alacrán ilustra cómo la entidad evalúa este tipo de proyectos, qué criterios activa y cuáles son los alcances –y límites– de las instancias que intervienen en la toma de decisiones ambientales.

En Colombia, el licenciamiento ambiental no es un procedimiento uniforme. Desde 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó el Sistema Técnico de Clasificación para los procesos de licenciamiento ambiental, un instrumento que permite identificar qué proyectos requieren una evaluación reforzada y qué instancias deben intervenir en ese análisis. Este sistema se estructura a partir de criterios técnicos de clasificación y reglas de decisión que determinan el nivel de complejidad de cada iniciativa.

Bajo ese marco normativo, El Alacrán fue clasificado como un proyecto que debe ser analizado por el Consejo Técnico Consultivo (CTC), una instancia asesora de la Anla que se activa cuando un proyecto cumple determinados criterios definidos en la regulación ambiental.

Según la evaluación técnica adelantada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el proyecto minero El Alacrán cumple varios de los criterios que, de acuerdo con la normativa vigente, justifican su análisis por parte del Consejo Técnico Consultivo. Entre ellos se encuentra el desvío de una fuente hídrica superficial –la quebrada Valdés–, así como la implicación de reasentamiento de población en su área de influencia. Adicionalmente, el proyecto ha sido clasificado como una iniciativa de alta complejidad técnica, ambiental, social y económica, lo que exige un análisis especializado y una evaluación reforzada por parte de la autoridad ambiental.

El Consejo Técnico Consultivo y los tiempos del licenciamiento

Desde la Anla se sostiene que la activación del Consejo Técnico Consultivo no implica que exista una decisión tomada ni un calendario cerrado. El CTC no es una instancia resolutiva ni emite conceptos definitivos en una sola sesión. Su función es analizar, contrastar y formular recomendaciones técnicas, y puede sesionar las veces que se consideren necesarias para cumplir ese objetivo.

En el caso de El Alacrán, las sesiones del CTC se iniciaron el 28 de enero de 2026 con la participación de la empresa solicitante y de distintas entidades cuya especialidad técnica resulta necesaria para evaluar los criterios de clasificación aplicables al proyecto. Este espacio está concebido para profundizar el análisis, revisar estudios y fortalecer el sustento técnico que respalda la decisión final de la autoridad ambiental.

Este diseño institucional, aunque técnico, suele generar tensiones en los territorios, donde las expectativas de decisión inmediata chocan con los tiempos del Estado y con procesos que, por definición, avanzan de manera gradual.

La Anla sostiene, además, que los tiempos del Consejo Técnico Consultivo hacen parte del modelo de licenciamiento ambiental y no deben interpretarse como retrasos injustificados ni como la antesala de una decisión automática. El objetivo declarado es reducir la incertidumbre técnica en proyectos con impactos significativos sobre el territorio.

Otro aspecto relevante es el alcance real del licenciamiento ambiental frente a la actividad minera. El proyecto El Alacrán cuenta con un título minero vigente desde el primero de julio de 2009 y con horizonte hasta el 30 de junio de 2039, con posibilidad de solicitar su prórroga. 

En ese sentido, una eventual negación o archivo de la licencia ambiental, explica la Anla, no implica, por sí misma, el fin definitivo de la actividad minera en la zona. La normativa vigente permite que el solicitante pueda volver a iniciar el proceso, siempre que presente nuevos estudios que atiendan las observaciones técnicas formuladas por la autoridad.

El proyecto y sus características técnicas

Dentro de la documentación evaluada por la Anla se encuentra la propuesta técnica del proyecto, que plantea un método de explotación a cielo abierto (open pit), seleccionado en función de las características de la mineralización y de su cercanía a la superficie. Este método contempla perforación y voladura convencionales, así como el uso de maquinaria pesada para el cargue y transporte del material hacia la trituradora primaria, áreas de almacenamiento temporal o zonas de disposición, según el tipo de material.

Estos elementos hacen parte del análisis integral que adelanta la autoridad ambiental y que incluye variables hídricas, ambientales, sociales y territoriales, precisamente las que motivan la activación de instancias técnicas especializadas como el Consejo Técnico Consultivo.

Participación ciudadana y decisiones ambientales

Más allá de los aspectos técnicos, la Anla subraya que el licenciamiento ambiental está atravesado por el derecho fundamental a la participación ciudadana. De acuerdo con la legislación vigente, las entidades públicas deben diseñar y garantizar espacios de participación a lo largo de todo el ciclo de la gestión pública, y de manera particular en las decisiones ambientales.

En los procesos que lidera la Anla, la ruta de participación inicia incluso antes de la etapa formal de evaluación, con la verificación del derecho a la consulta previa cuando aplica, y se mantiene durante la evaluación y el seguimiento de los proyectos. Estos mecanismos buscan garantizar el acceso a la información pública ambiental, la participación efectiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, con énfasis en poblaciones y grupos de especial protección constitucional.

Desde esta óptica, El Alacrán no es solo un proyecto minero en trámite, sino un caso que permite entender cómo funciona el licenciamiento ambiental en Colombia cuando confluyen variables técnicas, sociales y territoriales de alta complejidad. Entender ese rol no elimina la controversia alrededor del proyecto, pero sí permite que el debate público se dé sobre hechos, procedimientos y responsabilidades institucionales, y no únicamente sobre percepciones o expectativas.