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País

El Estado recuperó el predio ‘Cuba libre’, un baldío que estaba en manos familias menonitas en Puerto Gaitán, Meta

La Agencia Nacional de Tierras logró hacer efectiva una resolución administrativa sobre el predio ‘Cuba libre’, un territorio ancestral de los indígenas Barrulia Sikuani ubicado en Puerto Gaitán que estaba en manos de familias menonitas de origen mexicano.

Por: Juan David Cano

Trece años tardó el Estado colombiano en recuperar un predio baldío de 63 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, que había sido ocupado por miembros de la comunidad menonita establecida en esa región del país. El predio, conocido como Cuba Libre y ubicado en la vereda Nuevas Fundaciones, vuelve formalmente a ser propiedad de la Nación tras una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y una orden judicial que permitió, finalmente, el acceso de los funcionarios al territorio.

Antecedentes de la disputa legal con la comunidad menonita

El primer indicio formal del problema data de septiembre de 2013. Cuando aún existía Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad realizó un diagnóstico catastral en la zona y detectó irregularidades en la historia jurídica del predio.

Lo que encontró entonces, y lo que la ANT confirmó años después, es que Cuba Libre nunca fue adjudicado legalmente por ninguna autoridad agraria. El predio figuraba a nombre de Peter Rempel Fehr, Bernhord Rempel Fehr y Cornelius Rempel Fehr, apellidos de familias menonitas.

Sin embargo, la entidad concluyó que ninguno de ellos pudo acreditar que el bien hubiera sido adjudicado válidamente: todas las transferencias registradas en el folio de matrícula inmobiliaria carecían de soporte legal suficiente. La conclusión fue que Cuba Libre es un baldío de la Nación.

Además de eso, en un informe técnico elaborado de 2023, la ANT también determinó que el predio se superpone en un cien por ciento con áreas protegidas por solicitudes de comunidades indígenas y con zonas de licencia ambiental de la ANLA. Es decir, estaban haciendo actividades de cultivo en zonas protegidas.

El obstáculo: nadie podía entrar

Tener la resolución no fue suficiente. Aunque la ANT emitió la primera decisión en septiembre de 2023 y la segunda instancia quedó resuelta en agosto de 2024, los funcionarios de la entidad enfrentaron durante años un problema concreto: los menonitas les impedían físicamente el acceso al predio.

Según conoció el diario El Tiempo, fue necesaria una tutela del Juzgado Primero Promiscuo del Meta, emitida el 14 de enero de 2026 a solicitud de la Defensoría del Pueblo regional, para desbloquear la situación. El fallo ordenó a la comunidad menonita abstenerse de impedir el tránsito de las comunidades indígenas accionantes hacia sus territorios ancestrales.

Y es que ese fallo menciona precisamente a los indígenas porque detrás de esta recuperación del baldío había cuatro comunidades indígenas, los Barrulia Sikuani, Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, que debían haber ocupado Cuba Libre desde 2024. Sin embargo, fueron desalojados por la Policía de Puerto Gaitán y desde junio de ese año permanecían hacinados en el polideportivo del municipio, en condiciones precarias.

Hoy, miembros de la comunidad Barrulia Sikuan  ya están haciendo posesión provisional de Cuba Libre. La ANT adelanta el proceso de adjudicación definitiva y el Ministerio del Interior trabaja en el reconocimiento formal de las comunidades bajo la figura de resguardo indígena.

¿Cuándo llegaron los menonitas a Colombia?

Los menonitas llegaron a Puerto Gaitán hace poco más de 13 años y desde entonces han acumulado, entre sociedades comerciales y personas naturales, más de 33.000 hectáreas en la región, dedicadas principalmente al cultivo de soya, maíz y arroz. En su mayoría son familias mexicanas de ascendencia europea que practican una forma estricta de cristianismo anabaptista, viven en comunidades cerradas y han desarrollado en el Llano colombiano una operación agroindustrial de considerable escala, con maquinaria de última generación y vínculos comerciales con empresas colombianas de alimentos.

Su presencia ha sido cuestionada desde varios frentes. Cormacarena y la Fiscalía llevan años monitoreando el impacto de su expansión sobre los bosques que conectan la región Amazónica con la Andina.

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