Nuevas normas del espacio público para Bogotá: lo que tienen que saber los vendedores ambulantes
La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó nuevas normas para reordenar el espacio público de la ciudad. Según la administración, las medidas cuentan con criterios técnicos y sociales para evitar el menor impacto posible a la ciudadanía.
Por: Juan David Cano
Bogotá le apostará al reordenamiento del espacio público de la capital. La Alcaldía Mayor expidió el decreto 117 de 2026, con el que busca organizar, recuperar y preservar zonas como andenes y calles, para que sean seguras y transitables para toda la ciudadanía.
La norma prioriza el interés general y pretende garantizar la seguridad, la movilidad, la convivencia y la mitigación de riesgos en materia de salud. En ese sentido, las autoridades establecerán zonas específicas donde se permitirán las ventas informales y ambulantes, así como áreas en las que, por razones de seguridad, no podrán desarrollarse estas actividades.
La Alcaldía asegura que los procedimientos para definir estas zonas respetarán el debido proceso, reconocerán la dignidad de las personas que se dedican al trabajo informal y promoverán alternativas económicas, con el fin de evitar acciones arbitrarias o sanciones. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo se logrará esto en la práctica?
Los beneficios para integrar a los vendedores ambulantes
La estrategia no desconoce los derechos ni las realidades económicas de miles de ciudadanos que dependen de las ventas informales para su sustento.
“El distrito le va a poner fin al caos que hoy vivimos en el espacio público de Bogotá y así garantizar que todos podamos convivir en el espacio público, tanto los vendedores que requieren un sustento como los peatones e incluso vehículos de emergencia”, explicó el concejal David Saavedra.
Aunque el decreto plantea una transformación estructural del uso del espacio público, también introduce beneficios como reglas claras para los vendedores ambulantes y la posibilidad de ocupar ciertos espacios bajo condiciones definidas.
En concreto, las autoridades delimitarán Zonas de Manejo Especial, es decir, lugares que, por su función o importancia estratégica, no permitirán el desarrollo de actividades económicas no reguladas, como las ventas informales.
“Estas zonas serán definidas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en un plazo máximo de seis meses, e incluirían sectores cercanos a estaciones de Policía, instalaciones militares, embajadas y despachos judiciales”, explicó Saavedra.
Sin embargo, quienes actualmente ejercen su actividad en estas áreas no quedarán desprotegidos. Podrán trasladarse a las Zonas de Aprovechamiento Económico, espacios dispuestos por las autoridades distritales para organizar la venta informal. Estas áreas serán administradas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), entidad que también definirá cuántas personas podrán ocupar estos espacios por localidad y sector.
“A las Zonas de Aprovechamiento Económico llegarán también los vendedores que deban reubicarse desde las Zonas de Manejo Especial, donde por seguridad no podrán permanecer”, añadió Saavedra.
Se estima que la medida impactará a cerca de 20.000 vendedores informales en la ciudad, según cifras del Instituto para la Economía Social (Ipes).
“Andenes bloqueados, estaciones invadidas, procedimientos de ortodoncia en plena calle, pipetas de gas poniendo en riesgo vidas y rutas de evacuación tapadas. Bogotá estaba en el caos y hoy, por fin, hay una respuesta”, afirmó el concejal Jesús David Araque.
Y agregó: “Aquí no se trata de perseguir a nadie, sino de algo básico: el espacio público es de todos. El desorden, que termina alimentando la inseguridad y abriendo la puerta a mafias, no puede seguir siendo la norma”.
Otras medidas y apoyos para los vendedores
Entre las nuevas disposiciones, se prohíbe la ocupación indebida del espacio público en zonas restringidas. También se limita el uso de elementos peligrosos, como pipetas de gas; actividades que afecten la convivencia; el bloqueo de vías; el trabajo infantil; la venta de armas, y la obstrucción de hidrantes.
Pero la estrategia no se limita a restricciones. El Ipes iniciará jornadas de caracterización e identificación de vendedores informales para construir un mapa de necesidades. Esto permitirá fortalecer la estrategia Ruta IN, orientada a reducir las brechas de inequidad y facilitar la transición gradual hacia la formalidad.
La estrategia incluye formación en habilidades, fortalecimiento de relaciones interpersonales, prevención de la violencia y otras herramientas destinadas a consolidar oportunidades económicas para quienes se integren al programa.
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