¿Qué se sabe de La Mandinga, la mina de oro ilegal del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana?

El nombre no figura en ningún mapa oficial ni en ningún título minero. Sin embargo, La Mandinga existe, opera a gran escala y, según reveló el diario The New York Times el pasado 26 de abril, lo hace en un lugar que debería ser el menos hospitalario para una mina ilegal: los terrenos aledaños, y en parte interiores, de una base del Ejército en Colombia.

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La investigación del fotógrafo y periodista Federico Ríos para el Times expuso que esta mina de oro, controlada por el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), no solo operaba junto al Batallón de Infantería No. 31 Rifles, en Caucasia, sino que sus trabajadores habían cruzado el perímetro militar.

Cuando Ríos sobrevoló la zona con un dron, las imágenes mostraron a mineros con mangueras de alta presión que destruían una zona boscosa dentro de la base. El coronel al mando, Daniel Echeverry, negó inicialmente los hechos. Solo cuando el periodista lo llevó a recorrer el terreno a pie, el oficial se encontró frente a la operación ilegal.

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Según la investigación, el metal extraído ilegalmente habría llegado hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de la normativa que exige que esa institución compre oro de origen estadounidense.

Una finca de 2.000 hectáreas bajo extinción de dominio

La Mandinga es una finca de aproximadamente 2.000 hectáreas que, de acuerdo con la Séptima División del Ejército, se encuentra bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por extinción de dominio, es decir, es un bien que el Estado colombiano incautó al crimen organizado.

Pese a ello, entre 2.000 y 2.500 mineros informales la han ocupado ilegalmente para adelantar explotación de yacimientos sin ningún título ni amparo legal, causando, según el Ejército, un deterioro ambiental severo e irreversible en la región.

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El Ejército asegura que no es un problema nuevo, pues desde 2022 reportó formalmente ante la Fiscalía General y la Procuraduría los daños ambientales generados en estos terrenos, y afirma haber realizado más de 20 intervenciones directas con destrucción de maquinaria. Las operaciones, señala la institución, han provocado reacciones violentas de quienes se benefician de la ilegalidad, incluyendo bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de asonada contra miembros de la fuerza pública.

Cuando el coronel Echeverry llegó al borde de la operación ilegal dentro de su propia base y ordenó a los mineros retirarse, estos respondieron con obscenidades y siguieron trabajando. Solo la llegada de soldados con galones de gasolina, que incendiaron el equipo, logró una retirada parcial y violenta, pues los mineros con machetes y piedras amenazaron con prenderse fuego junto a los uniformados.

Ministro de Defensa ordenó investigación

Tras la publicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una verificación e investigación inmediata y advirtió que no habrá tolerancia con ningún vínculo, omisión o connivencia entre miembros del sector defensa y las economías criminales.

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, afirmó.

El ministro también reportó que en lo que va del año se han intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas, un incremento superior al 40 por ciento frente al año anterior.