Implosión en la Universidad de Sucre: ¿qué hay detrás de las denuncias de sueldos, la batalla política interna y el choque entre rector y profesores?
Uno de los edificios de la Universidad de Sucre. Créditos: página web Universidad de Sucre
Lo que empezó como una protesta de los profesores de planta, terminó con denuncias de lado y lado y una crisis institucional. ¿Quién dice la verdad y qué hay detrás?
Por: Rainiero Patiño M.
Los profesores y los estudiantes se declararon en asamblea permanente, cada uno por su lado. El choque entre la rectoría y los docentes de planta llegó a un punto peligroso. Las clases se dictan a medias. Las denuncias se lanzan de lado a lado. La Universidad de Sucre vive una especie de implosión que la tiene en crisis temporal.
Lo que empezó como una protesta rutinaria de los profesores se agravó con la publicación de los sueldos de algunos de ellos y develó una ardiente disputa política en el interior de la institución. El enfrentamiento es tan álgido, que el Ministerio de Educación tuvo que intervenir para llamar al diálogo, intentar normalizar el funcionamiento del centro de estudios y garantizar el acceso a clases de los estudiantes.
El documento publicado estableció que algunos profesores reciben sueldos mensuales superiores a los 90 millones de pesos y que uno de ellos habían tenido escandalosos aumentos en sus salarios en los últimos dos años, impulsados por un supuesto “cartel de puntos”.
Los docentes señalan a la misma rectoría de haber filtrado la información y publicarla sin contexto verdadero. Esta fue replicada con gran despliegue en medios de comunicación de Sincelejo y a nivel nacional. Los profesores dicen que se trató de una posible retaliación del rector Johnny Avendaño frente a su movilización por su mal manejo de la universidad.
El comienzo de la nueva crisis
El conflicto estalló fuerte el pasado 17 de abril, cuando los profesores se declararon en asamblea permanente. La decisión, dicen, estuvo motivada por la preocupación frente al incumplimiento de normas internas, la toma de decisiones que afectan la labor docente sin su participación efectiva, las limitaciones a la actividad investigativa, el silencio administrativo ante solicitudes y el progresivo deterioro del ambiente académico y laboral, entre otros.
Pero el 19 de abril salió a la luz pública el documento de los sueldos firmado por el jefe de Recursos Humanos de la universidad. Las cifras fueron publicadas, junto a las fotos de algunos de los docentes, en los principales medios locales.
Los profesores acusaron al rector de filtrar los datos. El rector se defendió y dijo que el documento hacía parte de los insumos entregados al Ministerio durante la visita de inspección y vigilancia realizada en marzo de 2025. A su vez, el subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio aseguró, en una reunión con docentes de planta, que dicha información habría sido presentada por las directivas de la universidad ante los estudiantes en el marco de esa misma visita.
El choque de versiones no solo avivó la pelea, sino que abrió la discusión sobre la forma en que los profesores llegaron a esos sueldos. Una parte de los estudiantes se movilizó, se tomó las sedes Puerta Roja y Granja El Perico, y prohibió el ingreso de los profesores de planta. Todo colapsó.
Los antecedentes de la ‘batalla’ en Unisucre
Los problemas en la Universidad de Sucre no empezaron con el reciente choque entre el rector y los profesores. Desde la elección de Johnny Avendaño, a comienzos de 2025, el centro de estudios vive alteraciones en su funcionamiento. El proceso fue realizado en medio de denuncias sobre la existencia de una red política creada con la intención de quedarse con el control de la institución y su presupuesto.
Las denuncias apuntaban a una alianza entre el rector saliente, Jaime de la Ossa Velásquez, y Avendaño, que según testimonios recibidos por CAMBIO calificaron “la movida política” como una especie de “silla giratoria” entre la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y la universidad.
Varios candidatos que fueron descalificados durante el proceso cuestionaron la evaluación de hojas de vida y falta de garantías, lo que generó sospechas sobre la imparcialidad. Además, dentro de la comunidad universitaria se habló de “profundas irregularidades” que desvirtuaban los principios meritocráticos del proceso que dejaron a Avendaño como rector. En ese momento, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, manifestó que no reconocería su elección.
Las denuncias sobre un supuesto manejo politiquero de la universidad por parte de Avendaño continuaron después de su llegada al cargo. Durante las pasadas elecciones para el Congreso de la República también hubo denuncias, estas lo señalaban de canalizar votos en favor del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Alejandro de la Ossa, hijo del exrector, De la Ossa Velásquez.
Debidos a esos cuestionamientos, Avendaño ha mantenido un conflicto constante con un buen número de profesores de planta y con los líderes de la Asociación Sindical de Profesores Universitario - ASPU Sucre, quienes han interpuesto diversas acciones legales por conductas que consideran poco apegadas a la normatividad interna y externa. Los profesores denunciantes hablan de una sistemática persecución en su contra.
“En el segundo semestre de 2025 desvinculó a más de 70 docentes, entre ellos ocho doctores de la Facultad de Educación y Ciencias. Asimismo, en el proceso de asignación de labores académicas estaría privilegiando como criterio determinante la afinidad o vinculación del aspirante con su estructura política”, según denunció la Veeduría Universitaria de Cargas Académicas.
La tensión ha marcado la relación entre el rector y los profesores, que, en múltiples ocasiones, ha tenido que resolverse por la vía judicial. Para instalar la mesa de negociación del pliego de solicitudes 2025, por ejemplo, el sindicato tuvo que recurrir a una acción de tutela; lo mismo ocurrió con la convocatoria a elección de los representantes profesorales. Esto, según los profesores, ha profundizado el deterioro del clima laboral, generando incertidumbre, desgaste y desmotivación en el profesorado, con efectos sensibles en el entorno universitario.
El 'chicharrón' del Ministerio
Ante la gravedad de las publicaciones, el Ministerio de Educación dijo que la información entregada por las instituciones de educación superior dentro de procesos de inspección y vigilancia es de carácter reservado y no ha sido divulgada por esta cartera.
El Ministerio, además, aclaró que desde los primeros días de marzo, previos a la crisis, ya había empezado acciones frente a la situación institucional de la Unisucre. Durante una visita efectuada los días 3 y 4 de marzo de 2026, funcionarios del Ministerio recibieron documentación adicional presentada por la propia Universidad sobre salarios y puntos docentes del profesorado de planta.
Una nueva jornada de diálogo fue realizada el 24 de abril para tratar de avanzar en soluciones, los estudiantes centraron sus solicitudes en el avance normativo que regule de manera más estricta la asignación de puntos salariales. Los profesores presentaron un pliego de 14 puntos ante la rectoría, que incluye solicitudes orientadas a garantizar su seguridad e integridad por las situaciones generadas por las publicaciones de los sueldos.
Frente a la polémica por los sueldos, María José Benjumea, delegada del MEN ante el Consejo Superior de Unisucre, le dijo a CAMBIO que el centro del debate es garantizar que ese reconocimiento salarial corresponda a una investigación seria, robusta, verificable y con impacto real, especialmente en la transformación del Caribe.
El régimen salarial y prestacional de los profesores de planta de las universidades públicas está regulado por el Decreto 1279 de 2002, que define que su salario resulta de los puntos salariales que se asignan a partir de los factores de formación académica, escalafón, productividad académica, experiencia académica administrativa y en proyección social.
Por eso, Benjumea señaló que el Gobierno trabaja en un nuevo proyecto de decreto que será discutido con la base docente y que no se limita a fijar techos salariales, sino a construir criterios que distingan la producción académica genuina de prácticas que afectan la sostenibilidad financiera de las instituciones.
“Se trata de un problema estructural que afecta a universidades en todo el país desde hace décadas. Este gobierno ha decidido abordarlo e involucrar a todos los estamentos en la discusión para construir soluciones”, explicó.
Sobre la situación institucional de Unisucre y unas posibles acciones adicionales de vigilancia, la funcionaria puntualizó que si se configuran causales que lo ameriten, el Ministerio evaluará el uso de estas facultades, con base en hechos verificados, no en señalamientos, como en cualquier otra institución.
Como si se tratara de más leña para el fuego interno, la rectoría anunció que suspendía los contratos de 430 docentes catedráticos mientras no se reactiven de manera normal las actividades académicas. Los profesores de planta rechazaron que la crisis de la Unisucre “esté siendo utilizada para promover la reforma al decreto 1279 de 2002 dejando por fuera todas las afectaciones que sufren a causa de la exposición irresponsable de la información de los sueldos”. CAMBIO conoció que la próxima reunión oficial está prevista para la primera semana de mayo. Mientras tanto, la implosión parece seguir creciendo.
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