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Henri de Croÿ
Henri de Croÿ, empresario. Crédito: Reuters
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Henri de Croÿ, el príncipe belga al que la SAE le quitó 11 bienes en Cartagena y Barú

El hombre figura desde 2018 en investigaciones internacionales por presunto fraude fiscal y movimientos de capital a través de paraísos fiscales.

Por: Juan David Cano

Detrás de los 11 bienes que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ocupó este jueves 14 de mayo en Cartagena y Barú hay un nombre que tiene investigaciones en varios países europeos: Henri de Croÿ, conocido públicamente como el ‘príncipe belga’ y cuyos predios en el Caribe colombiano quedaron bajo custodia del Estado.

¿Quién es Henri de Croÿ?

De Croÿ es un ciudadano de origen belga con nacionalidades francesa y colombiana. Su nombre se hizo conocido internacionalmente en 2018, cuando la filtración periodística conocida como los Dubái Papers expuso movimientos financieros y la creación de sociedades en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

El hombre habría construido un portafolio inmobiliario de alto valor en Cartagena y Barú, integrado por hoteles boutique, casas patrimoniales y propiedades de lujo. Esas adquisiciones se habrían realizado a través de sociedades registradas en Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

Parte de las estructuras vinculadas a De Croÿ aparecen relacionadas con el grupo Helin, firma mencionada en procesos judiciales en Bélgica, Francia y Suiza. Las autoridades de esos países investigan estrategias descritas como de “optimización fiscal” que habrían servido para ocultar patrimonios y movimientos de capital de clientes europeos con alto poder adquisitivo.

¿Qué debe De Croÿ a la justicia colombiana?

En Colombia, el empresario no registra condenas judiciales. Sin embargo, la Fiscalía adelanta un proceso de extinción de dominio sobre los bienes que la SAE acaba de tomar bajo su administración, con el propósito de establecer el origen de los recursos con los que se adquirieron y verificar el vínculo de las sociedades involucradas con operaciones bajo investigación.

Entre los activos ocupados figuran hoteles boutique, sociedades comerciales, vehículos y un salón de eventos en el Centro Histórico de Cartagena. Uno de los más reconocidos es Casa Córdoba Barú, un complejo conformado por tres cabañas de cinco habitaciones cada una, con acceso restringido y muelle privado, cuyas tarifas de hospedaje rondan entre 600.000 y 800.000 pesos por noche por persona.

También quedó bajo control estatal Casa Córdoba Cabal, un salón de eventos dentro de la Ciudad Amurallada donde las celebraciones privadas alcanzarían valores cercanos a los 23 millones de pesos.

La SAE indicó que asumirá la recepción, custodia y conservación de los activos mientras continúan las actuaciones judiciales. En los próximos meses, la entidad deberá decidir sobre la administración y eventual explotación económica temporal de las propiedades, en espera de que un juez determine si pasan de manera definitiva al patrimonio del Estado colombiano.

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