Juez ordena cárcel para Walter Martínez, primer procesado en el caso Lili Pink
El procesado, señalado de representar siete empresas que habrían servido de fachada a la red investigada, cumplirá la medida en un centro hospitalario por su estado de salud.
Por: Juan David Cano
Un juez con función de control de garantías de Bogotá determinó este jueves 14 de mayo que Walter Francisco Martínez Martínez deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza la investigación que lo vincula con una presunta red de lavado de activos y contrabando que habría operado a través de la cadena de ropa femenina Lili Pink.
La decisión la tomó el Juzgado 62 Penal Municipal tras valorar el material probatorio recaudado por la Fiscalía durante las audiencias concentradas, que se desarrollaron bajo reserva. Por su estado de salud, Martínez no será trasladado de inmediato a una cárcel y cumplirá la medida bajo detención hospitalaria.
Lo que se sabe del presunto entramado de contrabando en Lili Pink
Martínez fue capturado en Barranquilla el pasado 27 de abril, en un operativo simultáneo en 405 establecimientos comerciales y bodegas distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos.
Según el expediente, figuraba como representante legal de al menos siete sociedades que la Fiscalía señala como empresas de papel, creadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones del entramado.
Los delitos imputados son lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. El procesado no aceptó los cargos y se declaró inocente.
Durante las audiencias, la fiscal del caso detalló el rol de una de las compañías atribuidas a Martínez, Moda Mundo Importaciones S.A.S., constituida en 2018 con un capital de 500 millones de pesos. Pero la dirección registrada ante la Dian correspondía a un lote baldío, lo que llevó a la entidad a suspender de oficio el RUT y las calidades aduaneras del importador. En 2022, la sociedad cambió su domicilio de Barranquilla a San Juan del Cesar, en La Guajira.
La hipótesis del ente acusador es que la organización utilizaba a personas con cargos operativos, conductores, tesoreros, abogados y operarios, como figuras visibles ante las cámaras de comercio, con el propósito de mantener ocultos a los verdaderos beneficiarios económicos.
El presunto lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos y el contrabando a 75.000 millones. La Fiscalía también rastrea un posible enriquecimiento ilícito por cerca de 430.000 millones.
En el expediente aparecen mencionadas otras personas que conservan la presunción de inocencia, entre ellas la representante legal de Fast Moda S.A.S., empresa propietaria de Lili Pink, y los empresarios colombo-panameños Max y David Abadi.
La investigación se originó en 2022, a partir de un reporte de la Dian sobre movimientos financieros irregulares vinculados a las marcas Lili Pink y Yoy.
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