“La seguridad no se resuelve con más policías y militares, sino con más Estado”, secretario de Seguridad del Valle del Cauca

En un país donde la violencia está mutando muy rápido, pareciera que, para la mayoría de colombianos, la seguridad se resuelve con más uniformados en la calle; Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, propone una lectura que desplaza el foco desde la fuerza pública hacia el liderazgo civil.

En esta conversación, advierte sobre la expansión de estructuras criminales, cuestiona la estrategia de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y plantea un debate de fondo sobre cómo gobernar en un país donde el problema de la seguridad dejó de ser local hace mucho tiempo.

CAMBIO: Usted dice que la seguridad no es solo un tema de policías y militares. ¿Por qué?

Guillermo Londoño: Porque conceptualmente la seguridad es mucho más que la fuerza pública. Los policías y militares materializan el poder coercitivo del Estado, pero ese poder lo orienta el liderazgo civil. Es decir, las decisiones las toman las autoridades político-administrativas: los alcaldes, gobernadores y el presidente.

Eso quedó claro desde la Constitución de 1991, que marcó un tránsito clave hacia la civilidad en la seguridad y la defensa. Antes teníamos un Ministerio de Guerra, pero hoy tenemos un Ministerio de Defensa bajo conducción civil, y eso no es menor.

> Lo que pasa es que en Colombia seguimos asociando seguridad con la imagen del uniformado, cuando en realidad existe algo más amplio

Lo que pasa es que en Colombia seguimos asociando seguridad con la imagen del uniformado, cuando en realidad existe algo más amplio. Por ejemplo, cuando un alcalde decreta un toque de queda en una ciudad o restringe el parrillero en moto, está limitando derechos a través de ese poder. La Policía ejecuta, pero la decisión es política.

CAMBIO: ¿Y por qué esa distinción es importante hoy?

G.L.: Porque el país sigue creyendo que la solución es tener más policías o militares. Y no. La Constitución dice que el liderazgo es civil. Si ese liderazgo no funciona –es decir, si no hay planeación, articulación ni política pública–, no importa el número de uniformados para resolver el problema.

CAMBIO: Usted también plantea que la seguridad es, en el fondo, un problema económico. ¿Cómo así?

G.L.: Colombia lleva más de 50 años en un conflicto armado. Hoy esos actores están categorizados como Grupos Armados Organizados (GAO), como el Clan del Golfo, y Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor), como las disidencias de las Farc que quedaron después del Acuerdo de Paz de 2016, por mencionar dos ejemplos. Pero más allá del nombre, lo importante es entender que hoy ya son estructuras que funcionan como empresas criminales. Controlan territorios, tienen mando, hombres armados y, sobre todo, financiamiento.

> Eso supera por completo las capacidades de un municipio o de un departamento, porque estamos hablando de estructuras con recursos que compiten directamente con el Estado.

¿De dónde sale ese dinero? Del narcotráfico y de otras economías ilegales. Entonces, el problema de seguridad es también un problema de financiación del crimen. Eso supera por completo las capacidades de un municipio o de un departamento, porque estamos hablando de estructuras con recursos que compiten directamente con el Estado.

CAMBIO: ¿En qué se traduce eso para las ciudades y los departamentos?

G.L.: En que el problema nacional se volvió territorial. Hoy un alcalde no solo enfrenta el hurto o el raponazo, sino que también tiene que lidiar con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando. Y además con un agravante: los presupuestos locales no se comparan con los del Ministerio de Defensa, entonces en los departamentos terminamos asumiendo cargas que deberían ser de la nación.

CAMBIO: ¿Se podría decir que el problema que tenemos hoy es producto de la falta de implementación del acuerdo con las Farc o es el fracaso de la paz total?

G.L.: La paz total tenía una expectativa legítima: desmontar estructuras criminales. Pero el problema es que no tiene una estrategia de seguridad sólida. El Estado nunca puede negociar en condición de debilidad. El proceso de negociación con las Farc en 2016 se dio porque había una presión militar previa muy fuerte: los principales líderes habían sido dados de baja y las tropas estaban acorraladas.

> El Estado nunca puede negociar en condición de debilidad. El proceso de negociación con las Farc en 2016 se dio porque había una presión militar previa muy fuerte: los principales líderes habían sido dados de baja y las tropas estaban acorraladas.

En cambio, la paz total se ha basado en dar concesiones, suspender órdenes de captura, pactar ceses al fuego y establecer figuras como los gestores de paz, que permitieron que muchos salieran a la calle en una condición jurídica especial sin que pudieran ser detenidos por ninguna autoridad. El mejor ejemplo es la Segunda Marquetalia: fueron nombrados como gestores de paz y después hicieron asesinar a Miguel Uribe, el principal exponente de la derecha y candidato presidencial.

Ahora bien, también hay que decir que la implementación del Acuerdo de 2016 no se hizo en debida forma. El Estado nunca ocupó los lugares que dejaron las Farc, y unos actores armados residuales de esa misma estructura –antiguos farianos– retomaron el camino de la clandestinidad.

Es decir, es de ambas partes: la paz total le apostó a la buena voluntad de los grupos armados, pero al final eso no ocurrió.

CAMBIO: ¿Cuál es el balance entonces?

G.L.: Tres años y medio después, la estrategia de la paz total da como resultado 27.000 hombres en armas, trece zonas de conflicto y, según centros de pensamiento como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), pasamos de tener 200 municipios con presencia de grupos alzados en armas a tener más de 500.

Eso significa que los grupos no solo se fortalecieron, sino que se expandieron. Y eso cambia completamente el escenario de seguridad, y lo vuelve más difícil.

CAMBIO: De tanto repetir términos como terrorismo y narcoterrorismo –especialmente desde sectores de derecha–, estos se han vuelto lugares comunes para mucha gente…

G.L.: Es cierto que esas palabras se han politizado y, en muchos casos, han perdido precisión en el debate público. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico sí existen y están tipificadas en el Código Penal. Más allá de la palabra, lo fundamental es entender el fenómeno, porque hoy no estamos frente a guerrillas ideológicas, sino a economías criminales que utilizan la violencia como herramienta para sostener sus negocios.

> Más allá de la palabra, lo fundamental es entender el fenómeno, porque hoy no estamos frente a guerrillas ideológicas, sino a economías criminales que utilizan la violencia como herramienta para sostener sus negocios.

Si uno observa el mapa del Valle del Cauca, es evidente que las estructuras del llamado Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, mantienen el control de grupos clave –como la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Compañía Adán Izquierdo y el frente 57 de las Farc– dedicados al narcotráfico y la extorsión. Estas organizaciones se disputan corredores estratégicos para el tráfico de drogas.

En el norte del departamento, el Cañón de Garrapatas –que conecta el Valle del Cauca con el Chocó– ha sido un corredor del narcotráfico durante más de dos décadas. En la cordillera Central ocurre algo similar: distintas estructuras se enfrentan por el control territorial. Hacia el sur, en Jamundí y en el enclave cocalero de Buenos Aires, Cauca, se repite la lógica. Y si se mira hacia el Pacífico, en Buenaventura y el bajo Calima, estamos ante una salida internacional clave para el envío de droga.

En ese contexto, el control territorial está hoy más que nunca ligado a las rentas ilícitas, y la violencia –que se expresa con granadas, motobombas o drones con explosivos– es el mecanismo que utilizan estos grupos para mantener ese control.

CAMBIO: ¿Cómo están operando hoy estas estructuras?

G.L.: Definitivamente como empresas. El Clan del Golfo, por ejemplo, es una estructura tan bien organizada que hasta le paga bien a la gente y recluta con incentivos. Pero además han evolucionado al punto de funcionar como outsourcing criminales. Las grandes estructuras ya no tienen que ejecutar directamente los actos violentos, sino que contratan bandas locales para que lo hagan. Es como si tercerizaran el servicio. En Cali, por ejemplo, las bombas no las ponen directamente los grupos armados, sino estructuras urbanas contratadas por ellos.

> El Clan del Golfo, por ejemplo, es una estructura tan bien organizada que hasta le paga bien a la gente y recluta con incentivos.

Todo esto complejiza mucho la situación porque ya no es solo una organización, sino una red.

CAMBIO: En ese sentido, ¿qué papel cumple la tasa de seguridad en las ciudades y los departamentos?

G.L.: Las tasas de seguridad las pagan los estratos 4, 5 y 6 y el comercio, y para nosotros como entes locales es el instrumento más poderoso para financiar la seguridad. La realidad es que hoy las estructuras criminales tienen recursos ilimitados y, además, no tienen que cumplir con las reglas que nosotros sí. Ellos pueden comprar carros de mejor tecnología, motos de mayor cilindraje, drones en volumen, y todo sin impuestos ni controles. El Estado, en cambio, compite con reglas y con recursos limitados. 

CAMBIO: ¿Tiene un ejemplo concreto?

G.L.: Sí. En abril de 2024, Colombia vio por primera vez ataques con drones cargados de explosivos en el Valle del Cauca. Meses después, tuvimos que comprar sistemas antidrones. La pregunta sería: ¿no era eso responsabilidad de la nación, aun cuando ya había sido evaluada la amenaza? Mientras tanto, las entidades territoriales tuvimos que redirigir nuestros recursos y dejar de invertir en otras áreas.

CAMBIO: Esto quiere decir que hay una desconexión entre la política nacional y la capacidad local

G.L.: Total. La seguridad debería funcionar como un sistema articulado entre nación, departamento y municipio. Porque si la nación negocia con un grupo mientras en las regiones intentamos capturar a sus cabecillas, no hay coherencia. No hay una hoja de ruta común, y sin esa alineación la seguridad no funciona.

CAMBIO: Usted insiste mucho en el liderazgo civil

G.L.: Porque ahí está el núcleo del problema. Durante años, el liderazgo civil cedió su espacio a militares y policías. Los alcaldes muchas veces no piensan en la seguridad, sino que llaman al comandante de Policía para que les diga qué hacer. Y eso es un error. El liderazgo civil no es jugar a ser comandante. Es planear, articular y construir políticas públicas de seguridad.

CAMBIO: ¿Y qué pasa cuando ese liderazgo falla?

G.L.: Que todo el sistema falla. Porque además hay otro problema: la falta de coordinación entre instituciones. Hoy deberían articularse al menos ocho entidades nacionales: Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección, Migración Colombia e Inpec. Si no hay coordinación, el resultado es ineficiente.

CAMBIO: ¿Qué le preocupa hacia adelante?

G.L.: El dato más alarmante es que cerca del 80 por ciento de los integrantes de estructuras criminales son jóvenes, y esto nos habla de un fracaso estructural. El reclutamiento sigue creciendo, y eso no se resuelve solo con fuerza. Tiene que ver con oportunidades, con política social, con entender por qué los jóvenes están entrando a estas estructuras.

La seguridad no es de izquierda ni de derecha. Es un asunto técnico. Cuando se ideologiza, se toman decisiones que no responden a la realidad operativa, sino a posiciones políticas, y eso debilita al Estado.

CAMBIO: ¿Qué debería pasar ahora?

G.L.: El país necesita dar una discusión seria sobre cómo manejar la seguridad, y esto incluye pensar con qué herramientas, con qué recursos y bajo qué reglas. Viene un nuevo gobierno, y el tema no es si es de izquierda o de derecha. Lo que importa es lograr alinear los tres niveles de gobierno, porque hoy el problema es la falta de liderazgo.