Las Madres de Falsos Positivos o la urgencia de la memoria

Movilizadas por el asesinato de sus hijos a manos del Estado, algunas madres en Colombia se han negado a permanecer en el duelo privado y doméstico. Es el caso de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), o Madres de Soacha: mujeres que, en un conflicto particularmente cruel contra las mujeres —tanto que el acuerdo Santos-Farc-EP incorporó expresamente un enfoque de género—, transformaron su maternidad en acción política.

7837 víctimas entre 1990 y 2016. Esa es la cifra actual de falsos positivos —civiles asesinados por militares y registrados como caídos en combate— según la JEP. Esta suma, lejos de cerrar el debate, sigue polarizando.

 En marzo pasado, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, exclamaba: “No podemos ser un centro purista que dice ‘Ay, yo no me junto con el uribismo porque, Dios mío, las dudas de los falsos positivos’”. MAFAPO respondió inmediatamente: “Nuestros hijos no son una duda; la certeza de sus vidas no se relativiza. Los parimos y el Estado los asesinó, sin lugar a dudas”. En un país donde aún se discute si hubo crimen, estas madres llevan casi 18 años demostrándolo.

> Nuestros hijos no son una duda; la certeza de sus vidas no se relativiza. Los parimos y el Estado los asesinó, sin lugar a dudas

Como ha señalado la socióloga Elizabeth Jelin, con frecuencia las mujeres son las víctimas menos visibles del conflicto: no las caídas, sino las que quedan. Y en Colombia, ese rol se convirtió en otro punto de partida. ¿Qué condiciones permitieron los falsos positivos bajo Uribe? ¿De qué manera estas mujeres reorganizaron los vínculos filiales al asociarse? ¿Y en qué sentido la maternidad, lejos de recluirlas, operó como agente de politización?

Breve historia de los falsos positivos

Dada la complejidad del conflicto, las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos por parte del Estado han sido la norma en la historia reciente de Colombia. Basta con citar el fallo de la CIDH (2023), que responsabilizó al Estado del genocidio contra el partido izquierdista Unión Patriótica, para entender la magnitud de la situación.

Y fue durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) cuando la fuerza pública cometió algunos de los crímenes más viles e injustos. Elegido tras las fallidas negociaciones de Andrés Pastrana (1998-2002) en San Vicente del Caguán, Uribe puntualizó la necesidad de combatir militarmente a las Farc-EP.

Para tal fin, su gobierno implementó la política de seguridad democrática (PSD). Financiada por el Plan Colombia, esta buscaba terminar el control territorial guerrillero; combatir las drogas y el crimen organizado; fortalecer el sistema judicial y las instituciones, e integrar a civiles en la lucha del Estado. Esto desembocó en la aprobación del impuesto de guerra y del Plan Patriota: la ampliación del pie de fuerza del Ejército y de la Policía; su regreso a muchos municipios, y la organización de una retaguardia de “soldados campesinos”.

Una vez más, el país aceptaba el discurso de Estados Unidos. Y Uribe empezaba a declarar una “guerra contra el terrorismo”. Desde entonces, los militares fueron llamados “héroes y guardianes de la sociedad” y todo opositor del gobierno, “terrorista”. Se trataba del regreso del enemigo interno, heredado de la Doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría. 

Inició entonces una persecución espuria e inédita por parte de las Fuerzas Militares: “Aunque en teoría el centro de gravedad de la PSD era la legitimidad del Estado, (…) sus acciones estigmatizaron, trataron a la población civil como parte del enemigo y/o estuvieron coordinadas con estructuras criminales” paramilitares, tal como señala la Comisión de la Verdad. En síntesis, la victoria militar debía obtenerse a toda costa, incluso ilegítimamente.

En el afán de demostrar que se estaba venciendo al “terrorismo”, los altos mandos del Ejército empezaron a exigir resultados medibles en positivos (término militar para combatientes asesinados). Así señaló el condecorado general (r) Mario Montoya, imputado por la JEP: “Quiero ríos de sangre. Quiero resultados”. 

Este programa, que premiaba a militares que asesinaban guerrilleros, fue oficializado con el Plan de Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional. Si bien este sería derogado un año después, las recompensas se mantuvieron hasta 2008, como demuestra una directiva ministerial. Aunque civiles y no oficiales debían ser los beneficiarios, paramilitares y militares se aliaron para cobrarlas y mostrar mejores resultados. Otra directiva ministerial luego eliminó la tabla de prebendas.

Como es sabido, los programas de recompensas y la PSD fomentaron la violación de DD. HH. y la estigmatización civil. Una de sus mayores consecuencias fue el aumento de “positivos”, a quienes vestían de uniforme y botas de caucho para hacerlos pasar por guerrilleros. Aunque este crimen no nació con Uribe —los primeros casos documentados datan de 1978—, fue durante su mandato cuando alcanzó su pico, con el 78 por ciento de toda la victimización, según el Auto 033 (2021). 

El 28 de abril de 2026, ese tribunal amplió la cifra de víctimas de 6.402 a 7.837, así como las bases de datos y las fechas (1990-2016). Lo cierto es que, motivados por remuneraciones durante el gobierno de Uribe, muchos oficiales asesinaron a inocentes y los presentaron como combatientes caídos: “falsos positivos”, los llamó el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Aunque este crimen ocurrió en 29 departamentos, su sistematicidad se supo gracias a las madres de 19 soachunos. En 2008, estos fueron timados con falsas ofertas laborales, reclutados por militares (r) y trasladados a Ocaña, donde fueron asesinados, disfrazados de guerrilleros, enterrados en fosas comunes y presentados como bajas por la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander —quienes hicieron de esta una conjura y de ese, su _modus operandi_—.

Orígenes y trayectoria política de MAFAPO

Estas madres empezaron a conocerse en morgues y oficinas, hasta concientizarse sobre estos crímenes, el ineficiente e impune sistema judicial y la importancia del trabajo conjunto. Así, en 2010, se consolidó Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá. Con los años, tras recibir denuncias de todo el país, se volvieron Madres de Falsos Positivos de Colombia.

Sus primeras apariciones, con fotografías de sus hijos, conllevaron amenazas. Pero respondieron asociándose. Y su activismo judicial se estrenó demandando a Uribe por injuria y calumnia, pues había afirmado que sus hijos no habían ido “a recoger café”. Tras lograr su retractación, las Madres consolidaron su lucha como mujeres indóciles frente a un Estado patriarcal negacionista que tildaba de “locas” a las denunciantes y consideraba prescindibles a las víctimas por su condición socioeconómica, proveniencia o discapacidad. 

Su lucha trascendió los estrados. Participaron en los diálogos de paz de La Habana y presentaron el informe Unidas por la memoria y la verdad. Ante la negligencia estatal, ellas mismas reunieron evidencias y localizaron e identificaron restos. Construyeron, en suma, un contrapoder al relato oficial, oponiendo su propia versión jurídica, artística y simbólica.

Junto al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, difundieron murales en Bogotá con los rostros de 13 altos oficiales del Ejército y las cifras.  Su consigna, “¿Quién dio la orden?”, sería fundamental para el levantamiento social de 2021. 

También integraron el Costurero de la Memoria junto a otras víctimas y asociaciones. Con la ropa de sus hijos, tejieron testimonios cercando el Palacio de Justicia para denunciar al Estado. Y, junto al colectivo Tramaluna Teatro, montaron la obra Antígonas: tribunal de mujeres con las pertenencias de sus muchachos.

En 2022, en alianza con la Fundación Rinconesarte, lanzaron “Mujeres con las botas bien puestas”, una intervención de botas pantaneras —el infame calzado— como piezas de memoria colectiva. Esto se convirtió en la campaña “Botatón artística”, que buscaba reunir 6.402 (hoy 7.837) pares de botas para exhibirlas desde Soacha hasta el mundo. Pero la obra no ha estado exenta de ataques: en noviembre de 2024, el representante Miguel Polo retiró la instalación del Capitolio y la desechó. La Corte Constitucional le ordenó disculparse públicamente y reinstalarla. Las Madres no esperaron y reconstruyeron la obra ellas mismas con la frase que desde entonces las define: “La memoria no se bota, se respeta”. 

Su resistencia también ha sido escrita y fotografiada. Por un lado, Para el alma (Hammbre de Cultura, 2025) recoge la voz de 11 integrantes de MAFAPO que, a través de recetas, reconstruyen la memoria de sus hijos y su activismo. En el libro, la cotidianidad culinaria se convierte en acto político y ejercicio de memoria. Por otro lado, En “Madres Terra” (2014), el fotógrafo Carlos Saavedra retrató a ocho madres de Soacha en una serie sobre la fortaleza, la resistencia y el renacimiento desde la tierra. En las fotografías, en blanco y negro, las mujeres aparecen enterradas, dejando ver apenas sus rostros y, a veces, sus brazos.

En síntesis, las Madres de Soacha se han convertido en desenterradoras de la criminalidad del Estado. Como ha señalado la historiadora Débora D’Antonio, sus hijos reclamados exceden el parentesco: son hijos desaparecidos de una comunidad social y política. Y como observa Martha Rosenberg —a propósito de las Madres de Plaza de Mayo y aplicable al caso colombiano—, ser madre de un hijo asesinado, además de la maternidad, implica una defensa crítica y ética de la vida y de las garantías políticas, jurídicas y sociales.

Así lo resume Luz Marina Bernal, una de las fundadoras de MAFAPO: “Parí a mi hijo, pero él me parió para la lucha por los DD. HH.” Estas mujeres se reinventaron en una militancia política que, por primera vez, subvirtió la heroización militar y el Estado patriarcal delincuente y autoritario, y concientizó al mundo sobre el conflicto interno —que, para 2008, aún se negaba oficialmente—. Ahora eran agentes políticas.

En la tradición de Antígona

MAFAPO forma parte de una tradición latinoamericana de mujeres en casos similares: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina), las Mujeres Buscadoras (México) o la consigna “Las cuchas tenían razón” (Medellín). El patrón se repite: un Estado mata, desaparece y miente, y ellas transforman su maternidad y su duelo privado en acción política.

Se publica el archivo de Marta Traba en el Badac: una lectura de América Latina desde sí misma

Así, también se inscriben en una historia universal de desacato femenino. En la tragedia de Sófocles, Antígona entierra a su hermano desafiando al rey Creonte y desobedeciendo la prohibición de honrarlo. Su gesto no solo confronta la autoridad, sino también la pretensión de decidir qué vidas merecen duelo y cuáles, olvido. Tal cual han hecho estas madres.

El futuro de MAFAPO y las luchas por la memoria

La disputa continúa. Las declaraciones de Oviedo, la ofensa de Polo y los ataques de candidatos presidenciales contra la JEP —Valencia ha propuesto reformarla y no prorrogarla, y Abelardo de la Espriella propone eliminarla— prolongan un mismo patrón de negación. 

Pero la Jurisdicción Especial ya toma decisiones: en el caso 03, ha acreditado 4.740 víctimas; imputado a 173 militares, cinco civiles y un exdirector seccional del DAS, y recibido la versión de 867 de los 5.818 exintegrantes de la fuerza pública sometidos al tribunal. También ha remitido a la Unidad de Investigación y Acusación a 21 comparecientes que se negaron a reconocer responsabilidad, incluido Montoya.

Cerrarla significaría interrumpir el único proceso judicial con imputados por estos crímenes. ¿Cuántas veces más tendrá que ser humillada o relativizada la memoria de las víctimas antes de que el país escuche a estas madres? Mientras siga siendo controvertida, habremos madres y colombianos dispuestos a defenderla.