Primicia: Gobierno Petro resucita la Línea Negra. Esta es la propuesta de decreto para proteger el territorio de la Sierra Nevada
Fotoilustración de Yamith Mariño.
Luego de la decisión del Consejo de Estado que tumbó la delimitación, el Ministerio del Interior tiene lista la nueva norma para subsanar los vicios y proteger el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Con más de 340 espacios sagrados reconocidos —desde Valledupar hasta el mar Caribe—, el decreto busca atender una necesidad histórica del Estado colombiano con los guardianes de la sierra.
Por: Mateo Muñoz
En el corazón espiritual de Colombia, entre los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta y las aguas del Caribe, existe un tejido invisible que conecta ríos, lagunas, playas, cerros y fondos marinos. Los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo lo llaman Seshizha, Shetana Zhiwa o Seykutukunumaku, según su lengua. El Estado colombiano lo ha conocido históricamente como la Línea Negra. Ahora, tras décadas de demandas, litigios, promesas incumplidas y un reciente revés jurídico, el Gobierno nacional está cerca de expedir un nuevo instrumento normativo más completo y, aparentemente, sin vicios para evitar una nueva incertidumbre.
El proyecto de decreto, elaborado por el Ministerio del Interior con participación directa de las autoridades indígenas de la sierra, crea un mapa espiritual de 79 páginas que describe, uno a uno, más de 340 sitios sagrados que van desde el Convento de las Tres Ave Marías en Valledupar hasta las profundidades de la plataforma continental del mar Caribe, pasando por la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Parque Tayrona, la bahía de Riohacha y docenas de desembocaduras de ríos a lo largo de la costa.
El lío jurídico que puso a correr a todos
En febrero pasado, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó un fallo anulando el Decreto 1500 del 7 de agosto de 2018 al advertir que el acto fue expedido “irregularmente”. Esa norma, expedida en las últimas horas del Gobierno Santos, delimitó, formalmente, 348 espacios ancestrales y sagrados para los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
> “Este decreto respeta el acceso de las comunidades a sus sitios sagrados, que suman alrededor de 350 hectáreas dentro de un área superior a 1.700.000 hectáreas”, dijo el presidente Santos en ese momento.
Sin embargo, ocho años después, el Consejo de Estado consideró que hubo “falsa motivación” en el decreto al considerar que al momento de su expedición “no se contaba con la cartografía oficial de la Línea Negra”. De hecho, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) reconoció que el mapa oficial solo se publicó en 2023. El fallo también puntualizó que el decreto fue firmado por el presidente sin agotar el trámite de la consulta previa con todos los pueblos étnicos de la Sierra Nevada.
Frente a este revés jurídico, el presidente Petro ordenó iniciar la construcción del nuevo decreto haciendo el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas en forma de asambleas. Incluso, adelantó que el evento de firma del nuevo decreto se hará en Santa Marta.
> “La consulta previa es la asamblea de las comunidades indígenas del territorio decidiendo si se expande el territorio sagrado [...] los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra”, dijo el presidente el 22 de febrero.
A partir de allí, el Ejecutivo empezó a preparar un nuevo decreto con una estrategia clara: expedir un instrumento jurídicamente más blindado que subsane integralmente los errores identificados por la alta corte.
La primera corrección fue técnica. El Igac terminó la cartografía oficial definitiva y la publicó el 9 de agosto de 2023 en la plataforma ‘Colombia en Mapas’. Allí quedaron georreferenciados 348 espacios sagrados, además de la delimitación terrestre y marítima del territorio ancestral. El nuevo decreto incorpora esa cartografía como soporte técnico integral.
Lo anterior no es un detalle menor: significa que el Estado ya no trabaja sobre una delimitación simbólica o provisional, sino sobre un mapa oficial verificable que se convierte en anexo central del acto administrativo.
La segunda corrección que incorpora el nuevo decreto fue política y jurídica: la consulta previa. El Gobierno Petro diseñó un proceso reforzado y en tiempo récord de consulta, entre febrero y mayo de 2026. Hubo preconsultas, mesas técnicas, concertaciones logísticas, jornadas de socialización y protocolizaciones con pueblos indígenas y comunidades negras de Magdalena, Cesar y La Guajira.
Con los pueblos taganga y ette ennaka hubo protocolización con acuerdos. Con el pueblo wayuu, la consulta terminó sin acuerdo definitivo el 22 de abril, pero el Ministerio sostiene que sí se cumplió el estándar constitucional porque existió participación material efectiva.
Además, el Ministerio del Interior también consideró que, frente a los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo no resultaba jurídicamente exigible adelantar un proceso formal de consulta previa en calidad de comunidades consultadas.
¿La razón? Según el documento, el decreto surge directamente de una iniciativa impulsada por ellos mismos y construida a partir de su propio ‘Documento Madre’, elaborado por sus autoridades tradicionales. En otras palabras: no serían sujetos consultados frente a una decisión unilateral del Estado, sino promotores de la propia medida.
> “La medida administrativa objeto de expedición surge directamente de una iniciativa impulsada, construida y presentada por dichas autoridades indígenas, circunstancia que excluye la configuración del supuesto de unilateralidad estatal que activa el deber de consulta previa”, dice parte del borrador de decreto conocido por CAMBIO.
Más que una línea: un tejido vivo
Seshizha —explica el ‘Documento Madre’ que elaboraron los propios pueblos y que se convierte en anexo del decreto—, significa hilo o conexión. Es el principio que une los espacios sagrados de tierra, litoral y aguas continentales y marinas “como las venas en el cuerpo”. La Línea Negra no es, entonces, una línea en el sentido cartográfico, sino el último anillo de espacios sagrados al pie de los cerros finales de la sierra, un tejido que conecta las lagunas del páramo con el fondo del Caribe.
El decreto reconoce esta complejidad y establece que la cartografía oficial —elaborada por el Instituto Agustín Codazzi en coordinación con los pueblos— debe interpretarse siempre a la luz de los principios culturales, espirituales y ambientales que los cuatro pueblos han codificado en su Ley de Origen.
En el borrador del nuevo decreto se describe, espacio por espacio, el sistema de sitios sagrados de la Línea Negra: más de 340 puntos georreferenciados, cada uno con su nombre en lengua indígena, su ubicación aproximada y su función dentro del ordenamiento espiritual del territorio.
Así, la Línea Negra arranca en Valledupar —donde el espacio sagrado Ka'simuratu se ubica entre la iglesia de la Concepción y la Plaza Alfonso López— avanza hacia el sur siguiendo el curso del río Guatapurí, baja por el río Cesar, sube por el río Ranchería hasta la Guajira, recorre toda la franja costera del Caribe, atraviesa el Parque Tayrona, bordea la bahía de Santa Marta, cruza la Ciénaga Grande y llega hasta la desembocadura del río Fundación. Desde allí, tierra adentro, remonta hacia el Copey, Bosconia y Mariangola antes de cerrar el círculo de regreso a Valledupar.
Cada punto en ese recorrido cumple una función específica. Jaba Munamuke, donde el Guatapurí desemboca en el Cesar, es “el ombligo de los cuatro pueblos”. Jaba Shikaka, en la desembocadura del río Ranchería, en Riohacha, es el punto donde “el hilo del conocimiento” que nace en los picos nevados se une con el mar. Jukulwa, en Mingueo, fue durante siglos la barrera espiritual que impedía que las enfermedades y el mar penetraran hacia la Sierra. Jaba Niyutxama es el nombre sagrado de la Ciénaga Grande: “la madre de todas las lagunas costeras”, el primer cuerpo de agua que se originó desde el mundo espiritual.
También tienen presencia en el decreto sitios urbanos de alta densidad demográfica. La bahía de Santa Marta, el Rodadero, el aeropuerto, Mamatoco (hoy Mamatukwa), la desembocadura del Manzanares y Pozos Colorados son todos espacios de la Línea Negra. Lo mismo ocurre con la isla Aguja, en Taganga, el Parque Tayrona en su totalidad y el casco urbano de Ciénaga.
Pero más allá del inventario, el proyecto de decreto establece obligaciones concretas para el Estado. La norma crea una Mesa de Seguimiento y Coordinación presidida por los ministros del Interior, las Culturas, Salud, Educación, Ambiente y Agricultura, así como por los gobernadores del Cesar, La Guajira y Magdalena. Igualmente, los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el área, delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las propias autoridades indígenas. Esta mesa deberá producir informes semestrales públicos sobre el cumplimiento del decreto.
Una de las disposiciones con mayor impacto práctico es el mandato a la ANT de establecer un programa de adquisición de predios dentro del Sistema de Espacios Sagrados. Muchos de los sitios descritos en el decreto se encuentran en manos de particulares, lo que históricamente ha impedido que los mamos —las autoridades espirituales de los cuatro pueblos— puedan acceder a ellos para realizar sus pagamentos y ceremonias. El decreto obliga a priorizar esas adquisiciones y a garantizar acuerdos de acceso donde la compra no sea posible de inmediato.
La norma también establece que todas las entidades públicas que administren sistemas de información sobre el territorio de la Línea Negra deberán incorporar la cartografía oficial del Igac, lo que tiene implicaciones directas para la planificación urbana, los proyectos de infraestructura y las licencias ambientales en toda la región.
A pesar del blindaje que le ha tratado de imprimir el Gobierno Petro, la norma no está exenta de complejidades. El texto es explícito en que las disposiciones del decreto no desconocen los derechos adquiridos de terceros con justo título ni los derechos de otras comunidades.
En zonas como Riohacha, Santa Marta, el Parque Tayrona o la Ciénaga Grande, donde el decreto reconoce espacios sagrados en medio de centros urbanos, actividades turísticas, infraestructura portuaria y proyectos de desarrollo, la tensión entre el reconocimiento jurídico y la realidad del territorio será inevitable. El decreto establece mecanismos de coordinación entre las autoridades indígenas y las demás autoridades con jurisdicción en esas zonas, pero los detalles de cómo operará esa coordinación en casos concretos quedarán en manos de la Mesa de Seguimiento.
El proyecto tendrá que surtir el proceso establecido por la ley para convertirse en realidad y así, por fin, blindar a un territorio sagrado y patrimonio del país.
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