Gobernar después del escándalo: ¿qué opciones tiene Petro?

Mientras el presidente Petro presentaba el resultado más importante de su gestión de paz, el inicio del cese al fuego y de las negociaciones con el ELN, su hijo mayor arrasaba en las noticias. El acuerdo pasó a segundo plano. El hijo del ejecutivo anunciaba la presencia de dineros oscuros en la campaña de su padre y su enriquecimiento con una porción. Es más importante que se quiera enriquecer a la sombra del poder a que se suspendan acciones armadas que causan tantas muertes e infelicidad en el país. Los planteamientos de Beltrán, Lafaurie y Petro sobre el proceso participativo que se inaugura con organizaciones populares, empresarios, gremios, iglesia, sindicatos y otros sectores para ajustar la institucionalidad y reducir las desigualdades se opacaron con la desviación del joven ambicioso que tiene consecuencias difíciles de reversar para Petro.

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Las campañas presidenciales siempre exceden los topes. Reciben dineros de origen legal por fuera de los libros; reciben dinero ilegal que las gerencias canalizan por fuera sin dejar rastros ni intervenir; reciben aportes en especie, intrazables. El escándalo Odebrecht que donó a las campañas de Santos y Zuluaga fue convenientemente minimizado a pesar de la presión norteamericana. Aviones, hoteles, tiquetes aéreos, logística de eventos, transportes, funcionarios de campaña pagados como empleados de empresas, estudios que se hacen sin registro, son prácticas comunes.

La confesión de Nicolás Petro Burgos (NPB) se agranda por surgir del corazón del presidente y del primer gobierno de izquierda que se presume de una moral más alta. En realidad, la cultura de la izquierda es similar a la del resto de los colombianos. Surge del mismo contexto. En la izquierda, como en la derecha, hay corruptos, clientelistas, comisionistas, narcos y seres con ambiciones mundanas como la de ser ricos. La proximidad al poder y una moral laxa permite incursionar por los caminos turbios para encajar en el patrón actual de éxito.

Si los hijos de Uribe quieren hacer negocios a la sombra del poder del padre, es tolerable. Si los amigos de Santos quieren ganarse las jugosas comisiones de la venta de armas también es tolerable. Si Odebrecht corrompe al alto establecimiento es tolerable y es ocultable. Cuando un hijo de Petro comete el error conocido, la Fiscalía se apresura a recaudar pruebas, y no se duerme como lo hace con los sobornos de Odebrecht. La judicialización selectiva sin duda hace parte de la política contemporánea, pero no le resta gravedad al episodio.

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Ante una realidad similar, los norteamericanos resolvieron la entrada masiva de dinero a las campañas reglamentándolas en la legalidad. Resolvieron el problema inventando los Comités de Acción Política (PAC). A través de los PAC, cualquier grupo privado de ciudadanos puede interferir en las elecciones, apoyar o destruir candidatos, y recaudar y aportar dineros sin límites. Pueden hacer publicidad, contratar hackers y lo que consideren necesario. Es una fórmula avalada por las cortes. Los grandes millonarios tienen la enorme ventaja de invertir con libertad en el candidato que necesitan en el poder. Una ventaja que no tienen todos los candidatos. A Obama le tocó diseñar un modelo de pequeñas donaciones para sumar los recursos que compensaran la superioridad de los PAC de su adversario. Trump tiene PAC con tantos millones que pagan hasta los honorarios de sus abogados que ya pasan los USD 25 millones de dólares este año. Los PAC son un modelo que promueve la desigualdad electoral pero evita que entren dineros con trampas al proceso electoral.

En nuestra cultura las fortunas hechas con corrupción, clientelismo y narcotráfico aún no están legalizadas a pesar de que interfieren por debajo de la mesa en las elecciones nacionales y locales. El caso más sonado fue el del movimiento paramilitar, que sumó a empresarios legales y narcos. Infiltraron el proceso para ganar elecciones bajo el régimen Uribe. Gracias a la Fundación Pares que adelantó reveladoras investigaciones, los funcionarios judiciales consolidaron los procesos que comprobaron la ilegitimidad. Más de 70 parlamentarios elegidos por la fuerza, sin contrincantes y con dineros narcos, acabaron sin curules, fugitivos o en las cárceles. El magistrado Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa, fue uno de los actores claves en este esfuerzo que descarriló el proyecto de Colombia, una nación paramilitar. Petro también se hizo popular con estas denuncias.

De manera que el uso de dineros de origen ilegal en las campañas es un fenómeno que se magnifica en las elecciones porque las fuerzas “oscuras” pueden interferir para protegerse y favorecer sus intereses. En el Pacto Histórico, el daño que hace NPB, es mayúsculo porque erosiona la legitimidad de las reformas y convierte al PH en otra organización chueca. Una consecuencia es que los cargos en entidades como Ecopetrol o Colfondos, por donde circulan enormes sumas de dinero, entran bajo sospecha, como si el petrismo quisiera formar una nueva clase de millonarios para hacer más igualitaria la punta de la pirámide.

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Lo cierto es que como un avión que entra en barrena, los indicadores de credibilidad, gobernabilidad y estabilidad del gobierno apuntaron súbitamente a cero. La esperanza de los nadies empieza a esfumarse con un gobierno maniatado. Los enemigos del cambio descubrieron los errores de Nicolás y empiezan a devorar vivo y sin compasión al Presidente. La empresa del cambio se tambalea. El futuro se parece más que nunca al pasado.

Petro puede sobrevivir a esta crisis. Muchos gobernantes con pretensiones de cambio han transitado situaciones similares. Tiene defensas que son parcialmente ciertas como la que usó Cristina Kirchner cuando empezaron a enjuiciarla: “No vienen por mí. Vienen por ustedes.” Petro podría activar su defensa popular con ese mismo eslogan, porque sin lideres confiables y sin respaldo, las reformas se varan.

Petro puede insistir en convocar al pueblo a las calles, a las vías, a marchar. O puede convocarlo a las urnas. O intentar el gran acuerdo nacional con los partidos renunciando a las reformas. En el campo jurídico puede buscar la absolución de la Comisión de Acusaciones y del Congreso. Llamar al pueblo a las calles puede funcionar si paraliza y desestabiliza la funcionalidad del país. Las élites se asustarían y se sentarían a pactar con el presidente la normalización y el alcance de las reformas.

También podría Petro apuntar a un respaldo decisivo en las elecciones de octubre. Sin embargo implicaría realizar una serie de alianzas y coaliciones difíciles que son poco convenientes para los poderes regionales. Estas fuerzas necesitan medirse para ganar poder regional y para negociar con el gobierno central. Sumarse al petrismo desprestigiado les puede hacer un daño electoral y los sometería al control del Pacto Histórico, que reclamaría el triunfo como propio. De manera que es una carta con pocas posibilidades de éxito. Aunque un mal resultado como el que se presagia para el PH, de todos modos debilitaría más a Petro.

Otra opción es organizar una consulta electoral después de octubre para ratificar si se queda el resto del mandato o si debe renunciar como aspira la oposición. Es una jugada arriesgada pero democrática y definitiva con posibilidades de éxito inciertas. Pero al menos acaba con la interinidad del gobierno y con la incertidumbre de un proceso judicial a cuentagotas, más otro proceso político en el Congreso de consecuencias más inciertas.

Convocar al acuerdo político con las fuerzas que quieren aplastar a Petro es otra salida posible, pero se daría sólo si renuncia a ser el gran transformador. Sería la derrota más indigna de todas. Pasar de líder reformista a vocero de sus enemigos. Pasar de héroe a títere de las élites. Es un camino poco atractivo para la personalidad del presidente. Guardar la esperanza de una absolución en la Comisión de Acusaciones o en el Congreso en pleno, también sería de alto riesgo. Ni a la Comisión de Acusaciones ni al Congreso los controla el Pacto Histórico. Aunque los integrantes carecen de herramientas para hacer un proceso serio, usarían la acusación del fiscal para procesar a Petro, y los enemigos, en mayoría, podrían condenarlo.

Las opciones están sobre la mesa. Por supuesto hay más. Lo cierto es que ya poco importa lo que pase con NPB, porque el efecto en el mandato del cambio es irreversible. Las reformas están en suspenso y las dudas sobre las posibilidades de un proceso de paz crecen al igual que la incertidumbre sobre la estabilidad económica.