El debate sobre el acceso a los medicamentos

El 3 de octubre pasado el Consejo de Estado de Colombia resolvió definitivamente un recurso presentado por el Ministerio de Salud y el Invima contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 30 octubre de 2023 de decretar una medida cautelar de urgencia.

El Consejo de Estado determinó: “Revocar el auto proferido el 30 de octubre de 2023 por el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Los errores del enemigo son victorias, pero los errores de tu propio campo duelen. Como dije en un artículo en este medio el 12 de febrero de 2024 “las medidas cautelares de urgencia del Tribunal de Cundinamarca contra el Ministerio de Salud y el Invima eran una “trampa” puesta por la industria: Engañemos a los pacientes diciéndoles que no tienen sus medicamentos a causa del desastroso desgobierno de Petro. Narrativa impulsada desde grandes instancias y algunos medios de comunicación. El desabastecimiento es un problema estructural de un mercado farmacéutico abandonado a la mano invisible del mercado, agravado por asuntos coyunturales derivados de la pandemia, la fractura de las cadenas de suministro y las guerras en curso”.

A pesar de muchos análisis de técnicos que conocen el problema de los cientos o miles de registros sanitarios “acumulados” y el desabastecimiento de medicamentos, el ministro de Salud se dejó engañar, cayó en la trampa y queriendo tal vez ganar una “batalla política” se autoimpuso un plan tan rocambolesco como las acusaciones falsas que suscitaron una medida cautelar de urgencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual obligaba al ministerio y al Invima a “la adopción de un plan de respuesta urgente a la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos”, dentro del cual se debía “priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos y alimentos, que se encuentran pendientes, a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales”.

Y fue así como a lo que era una gran mentira, porque los 27.904 trámites que se encontraban pendientes o atrasados no corresponden para nada al número de productos que podrían estar faltando en el mercado. El Ministerio de Salud respondió con un plan costoso y simplista, gastándose una buena parte del presupuesto del Invima para dar palos de ciego. El 3 de octubre la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez, puso punto final a esta historia absurda que duró un año, al revocar el auto proferido el 30 de octubre de 2023 por el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, o en otras palabras: se anuló la medida cautelar de urgencia del Tribunal de Cundinamarca que obligaba al Ministerio de Salud y al Invima a arar en el desierto. Es verdad que el país se merece una entidad eficiente, que proteja la salud de las personas sin generar obstáculos técnicos al comercio, pero este objetivo es inalcanzable si no hay claridad en los diagnósticos y los planes se imponen a la fuerza para complacer o transigir con ciertos sectores.

La moral de esta historia: no siempre se puede “hacer política” con asuntos técnicos sobre todo cuando uno no conoce los asuntos técnicos.

¿Quién “paga el pato” en todo esto?

El liderazgo internacional en salud que estaba servido en bandeja de plata para el Gobierno de Gustavo Petro con su iniciativa de creación de una agencia latinoamericana de medicamentos, lanzada por el propio presidente al inicio de su mandato en el contexto de la Celac quedó truncada. La posibilidad de liderar las negociaciones en la OMS en Ginebra sobre un tratado internacional para futuras pandemias: cuando Colombia no brilló por su ausencia estuvo apoyando la posición de Estados Unidos y la Unión Europea.

Mientras Suecia, Francia, Australia y Noruega nombran embajadores plenipotenciarios para la salud mundial para poder estar presentes en todos los foros donde se discute hoy sobre salud (además de la OMS, el Fondo Global, Cepi, Gavi, el Banco Mundial Naciones Unidas en NY, el G7 y G20 y otras siglas que se inventan día a día), las autoridades sanitarias de Colombia siguen enredadas en problemas y escándalos domésticos… gastando horas y recursos para responder al Tribunal de Cundinamarca con tareas absolutamente insulsas, que están lejos de ser soluciones temporales a los problemas y, por supuesto, no se acercan siquiera a tocar sus causas estructurales.

Ya en febrero de este año, en el artículo citado de CAMBIO yo explicaba que es “claro que hay que montar sistemas de información para el seguimiento del desabastecimiento y claro que hay que intervenir hasta donde lo permita la regulación sanitaria. Pero atribuir a 27.000 trámites “represados” en el Invima, la culpa del desabastecimiento es una simplificación grotesca de un problema que existe en muchos países y del que Colombia no tiene la “exclusividad”.

Habiendo sido designado por el señor presidente para la Dirección General del Invima, manifesté por diferentes medios mi desacuerdo con la postura del ministerio y de la dirección interina nombrada por esa entidad en el Invima en el sentido de acordar unos planes de contingencia para desatrasar los trámites. Asistí a la audiencia ante el Tribunal y observé el oportunismo de la gran industria para posicionar la idea de que el problema fundamental del desabastecimiento era la demora en la aprobación de los medicamentos que todavía no habían llegado: los medicamentos novedosos, las innovaciones, es decir, los productos ya aprobados por la FDA y por la EMA, que el Invima demoraba inexplicablemente”.

Entendí que el futuro del Invima se estaba hipotecando al aceptar mansamente la estrategia de la gran Industria consistente en aprovechar las evidentes debilidades de la entidad para mezclarlo todo y pescar en río revuelto, haciéndole creer al país que el sistema de salud está en crisis por el desabastecimiento supuestamente generado por el Invima, cuando realmente dicha entidad había tomado las medidas para que la salud pública no se viera afectada por los graves problemas que ha enfrentado, y en cambio el gran desangre de los sistemas de salud en todo el mundo, que tiene como denominador común el gasto exorbitante en productos con precios inverosímiles que no mejoran los ya existentes, o que son incluso peligrosos para la salud, que además era parte de lo que se quería corregir con la demanda original que se fue torciendo hasta llegar a este adefesio, se dejaba en un segundo plano por parte del propio ministerio que sí tenía y tiene responsabilidad sobre la política farmacéutica nacional y el control de precios, temas originales de la demanda en ciernes, que no son de competencia del Invima.

En medio de todo esto el director del Invima el doctor Francisco Rossi, una de las personas en Colombia que más tiene experiencia y conocimientos en materia de medicamentos, es bloqueado y humillado por el Ministerio de Salud.

¿El vaso o medio lleno o medio vacío? Se perdieron dos años para hacer algo en salud a nivel nacional con la fracasada reforma, donde los asesores del presidente le han hecho hacer un gasto desproporcionado de su capital político o en el campo internacional donde con una visión estructural, como la que se ha venido construyendo en temas como las drogas ilícitas, el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Aun así, hay todavía muchos espacios donde Colombia podría hacer la diferencia para el bien de los ciudadanos colombianos y del mundo entero.