Luego de 12 años, Colombia no tendrá juez en la Corte IDH: todo lo que salió mal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la joya de la corona. Las discusiones en Colombia por cuenta de su decisión del caso del presidente Gustavo Petro y la afectación a los derechos políticos están aún todavía vigentes y lejos de resolverse. El organismo internacional interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos y dicta parámetros sobre temas urgentes como la emergencia climática o los derechos de las comunidades indígenas.

La Corte IDH tiene siete jueces y durante los últimos 12 años Colombia ha tenido a uno de los suyos en esas sillas privilegiadas: Humberto Sierra Porto. El abogado y expresidente de la Corte Constitucional termina el 31 de diciembre de 2024 dos periodos continuos en el organismo internacional. Aunque Colombia presentó a un candidato para mantener una plaza en tan importante instancia, el aspirante quedó por fuera.

El pasado 28 de junio, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) eligió por un periodo de seis años a Diego Moreno, candidato de Paraguay; a Alberto Borea Odría, de Perú; y reeligió a Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay y al actual presidente de la Corte IDH. El candidato de Colombia que propuso el gobierno de Gustavo Petro era Carlos Rodríguez Mejía, actual embajador en Costa Rica que, al menos en el papel, tenía una hoja de vida destacada para el cargo.

No solo es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, sino que es conocedor del Sistema Interamericano. Hizo parte de la Comisión Colombiana de Juristas y fue representante de víctimas en casos claves que terminaron en condenas a Colombia en la Corte IDH: la masacre de los 19 comerciantes, las masacres en Ituango, y fue abogado de Gustavo Petro en su sonado caso.

Todo lo que salió mal

Pero, aunque en el papel tenía credenciales suficientes, en Colombia no se dio el debate público que se esperaba sobre su candidatura y sobre la conveniencia de postular a alguien que venía del activismo. Esto es una primera diferencia con el caso de Sierra Porto, cuya candidatura fue promovida ampliamente en su momento.

De hecho, en una entrevista con CAMBIO a finales de 2023, Sierra Porto hizo una serie de advertencias sobre el proceso de elección que se venía: “la trascendencia del cargo y de lo que se hace, lo más conveniente es que la sociedad colombiana opine sobre por lo menos los perfiles y la orientación de los candidatos, sobre cuál es el perfil que más le conviene al país para que tenga respetabilidad la decisión”.

Rodríguez fue designado por el presidente. Pero la campaña que debía ser profusa ante los estados parte de la OEA se vio afectada por la suspensión y salida del cargo del canciller Álvaro Leyva y la consolidación de Luis Gilberto Murillo como su reemplazo.

Expertos que conocen estos procesos de elección internacionales hablaron con CAMBIO para dar sus puntos de vista sobre lo que salió mal.

Por un lado, es importante precisar que, si bien el Gobierno presenta un candidato, estos no son representantes del Gobierno como tal: se postulan para ocupar una plaza de juez y, por tanto, son autónomos e independientes. Pero hay aspectos políticos que juegan en estos procesos.

Por ejemplo, los candidatos que tenían más trabajo en materia de derechos humanos eran Rodríguez y la candidata mexicana Leticia Bonifaz quien en su país fue una de las que lideró la lucha por la despenalización del aborto. Ni Rodríguez ni Bonifaz fueron elegidos. Ellos dos también eran representantes de los países más poderosos diplomáticamente hablando y de los países con Gobiernos de izquierda, y no fueron elegidos.

Otro elemento clave, según expertos consultados por CAMBIO, fueron las audiencias públicas que se realizaron este año en Washington en el marco del proceso de elección. Una ante todos los embajadores de la OEA, y otra con delegados de organizaciones sociales y ONG.

Personas que estuvieron en las citas explicaron que a Rodríguez le cuestionaron el hecho de que era al mismo tiempo embajador, funcionario del Gobierno y candidato. “Le dijeron que si acaso él iba a ser un agente del Gobierno en la Corte. El punto allí es que él hizo gala de ser el abogado de Petro y él dijo que se retiraba si lo nombraban”, relató una fuente.

Acto seguido, se le cuestionó esa posibilidad de ‘cambiarse de camiseta’ de un momento a otro. Por eso, los que saben de este tema le dijeron a CAMBIO que el debate que no se hizo en Colombia sobre el rol del candidato y su perfil, se terminó haciendo en el proceso de elección y allí se advirtió que podría haber problemas de objetividad y de imparcialidad “de la persona que ejercían esos cargos judiciales cuando venían de ser miembros de ONG o de organizaciones de derechos humanos”.

Un llamado de atención

Otros expertos consultados indicaron que este resultado negativo es un llamado de atención para Colombia sobre las elecciones en organismos internacionales y recordaron que solo en el gobierno de Álvaro Uribe no quedó elegido un candidato colombiano en ninguna de las elecciones en las que participó.

“En lo que es la política electoral dura, empezaron mal. ¿Quiénes eran los responsables? El canciller y el embajador de Colombia ante la OEA (Luis Ernesto Vargas Silva)”, explicó una fuente quien resaltó que aunque los jueces de la Corte IDH no participan en el debate de casos de su propio país, si fallan en los otros y las sentencias de ese organismo internacional tienen implicaciones en toda la región.

De otro lado, la trascendencia de la derrota pasa por un debilitamiento de la izquierda colombiana, tan reconocida a nivel internacional en defensa de los derechos humanos y que, una vez en el Gobierno, no logró llegar a posiciones claves como esta: “No tienen la misma contundencia ahora que cuando estaban en la oposición y es paradójico”.