Coimas, contratos y tercerización: el escándalo desconocido detrás de los nuevos dueños del negocio de los pasaportes

El lío del multimillonario contrato de los pasaportes le ha costado al país más de 800 días de incertidumbre, reversazos, problemas judiciales, tres cancilleres y choques entre instituciones. Lo peor es que la novela está lejos de terminar. A la reciente demanda de la Procuraduría para terminar el contrato firmado, una ‘solución’ ideada en Casa de Nariño y ejecutada por la Cancillería, tan plagada de irregularidades como de improvisación, se suman los antecedentes, hasta ahora desconocidos, de uno de los nuevos socios de Colombia: un oscuro episodio de corrupción internacional que comenzó de una manera muy similar al embrollo en el que estamos desde 2023.  

CAMBIO descubrió que una de las empresas de IN Groupe, la compañía con la que los portugueses se aliaron para solucionar el lío de los pasaportes en Colombia, enfrentó un escándalo de corrupción internacional de grandes proporciones, por cuenta de Surys, una de sus empresas, la cual provee de elementos de seguridad para pasaportes. Esta es una historia de contratos con sobreprecios, transferencias irregulares y un oscuro intermediario que configuraron una trama de corrupción sin precedentes en el gobierno ucraniano. Las similitudes con el caso de Colombia son preocupantes. 

Hoy el contrato vigente para la expedición de los pasaportes en Colombia por 1,3 billones de pesos está en manos de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, una entidad pública de ese país europeo escogida por su experiencia y capacidad técnica para suplir las carencias de su par en Colombia. 

Por ello, durante los meses previos a la adjudicación del contrato, el gobierno Petro acudió a las credenciales de la entidad portuguesa para esquivar las críticas por la falta de experiencia de la Imprenta Nacional en una operación tan compleja como la de diseñar e imprimir miles de libretas. Sin embargo, en ese periodo de negociaciones, ni la Presidencia ni la Cancillería mencionaron en algún momento que había un tercero en la ecuación. 

Se trataba de IN Groupe, conocida antes de 2019 como Imprimerie Nationale, una entidad estatal francesa especializada en la producción de documentos de identidad y con contratos en decenas de naciones de todo el mundo. El país se enteró de los intereses franceses en el contrato de los pasaportes apenas en julio de 2025 por revelaciones periodísticas. Por ese entonces, se constató que cuatro meses antes se había formalizado un memorando de entendimiento entre Colombia y Portugal para poner en marcha el nuevo modelo estatal de producción de pasaportes.

En el documento se establece, entre otras cosas, que la Casa de la Moneda de Portugal solo podría hacer un acuerdo comercial con la Cancillería, siempre y cuando se incluyera a la IN Groupe como socio.

De hecho, en el acuerdo se establece que, a fin de cuentas, la entidad francesa sería una de las responsables de la expedición de los pasaportes junto con la Casa de la Moneda. ‘A la luz de la primera versión de la propuesta de la INCM (Casa de la Moneda), IN Groupe pasó de ser subcontratista a consorciada en un modelo de consorcio interno, asumiendo las dos entidades, de Portugal y Francia, la división plena e igualitaria de los costos, inversiones y riesgos de la ejecución el contrato y la ejecución del proyecto”, dice parte del documento que está originalmente en portugués. 

Además, la documentación deja claro que la inclusión de IN Groupe en el contrato de cooperación se hizo para que Portugal mitigara la magnitud de la inversión y los potenciales riesgos financieros.

A pesar del rol fundamental de la empresa francesa, que claramente está en la resolución del Consejo de Ministros de Portugal y los estudios previos del contrato, en el convenio firmado entre la Casa de la Moneda y la Cancillería de Colombiano se hace mención alguna a IN Groupe. Es decir, en el papel la responsabilidad recae en los portugueses, pero en la realidad la operación será mixta por la participación de los franceses.

Esta compleja y hasta confusa triangulación de operadores es similar a una serie de convenios ejecutados en Ucrania entre 2014 y 2018 para la expedición de documentos que derivaron en un escándalo de corrupción. La compañía protagonista del desfalco fue Surys, propiedad de IN Groupe desde 2019.

Según la investigación de autoridades ucranianas y francesas a la que tuvo acceso CAMBIO, los hechos de corrupción se produjeron en “el marco de una relación comercial trilateral” en la que participaron, además de Surys, Polygraph (la empresa estatal ucraniana especializada en producir documentos de identificación como pasaportes) y Ou Feature, una compañía privada de Estonia.

La operación inició con contactos comerciales entre Polygraph y Surys en julio de 2013 que se extendieron hasta abril de 2014. El objetivo de la empresa ucraniana era producir nuevos pasaportes solicitados por la Imprenta Nacional de ese país. Por ello, se interesaron en los avances tecnológicos que ofrecía Surys, principalmente en la producción de hologramas.

En agosto de 2013, directivos de Surys viajaron a Ucrania para presentarle a los directivos de Polygraph la propuesta y muestras de los materiales para los pasaportes que podrían proveer. Allí, según la investigación, aparecieron intermediarios pagados por otra empresa interesados en cerrar el negocio.

En diciembre del mismo año, la situación empezó a tornarse turbia. Por ese entonces, la empresa estatal ucraniana encargada de los pasaportes le propuso a Surys involucrar a la empresa estonia Ou Feature para agilizar los pagos. Luego, el dirigente de Polygraph, Maksym Stepanov, transmitió a través de los intermediarios su intención de obtener los derechos sobre el diseño del holograma y la copropiedad de los derechos de autor.  Lo anterior bajo amenaza de cesar cualquier relación comercial. 

Fue así como a finales de mayo de 2014 Surys aceptó un oscuro trato; que Ou Feature pudiera presentarse como autora del diseño de hologramas a pesar de que la empresa francesa era quien realmente los estaba haciendo.

En noviembre de ese mismo año, Surys y Ou Feature firmaron un contrato en el que se estipuló que la empresa francesa era la proveedora del policarbonato de los pasaportes con el holograma y la compañía de Estonia tenía los derechos de propiedad intelectual de los diseños. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que en el convenio se establecía que Surys le entregaría directamente los materiales a Polygraph sin que hubiera una relación jurídica o contractual entre ambas entidades.

Pero lo más grave vendría después. Con el dudoso contrato en marcha, entre diciembre de 2014 y marzo de 2018, se emitieron 68 declaraciones aduaneras de exportación que mencionan a Ou Feature como remitente de la mercancía y a Polygraph como destinatario. El total facturado por estos envíos de materiales para los pasaportes fue de 18,5 millones de euros. El problema es que en realidad, la mercancía había sido facturada por Surys a Ou Feature por 6,7 millones. 

En otras palabras, Ou Feature sirvió como un simple intermediario entre los franceses y los ucranianos para inflar las facturas y que esa plata se desviara. La investigación de los dos países encontró que la plata fue a parar en los bolsillos de directivos ucranianos y estonios, así como de familiares y amigos.

Para 2017, la empresa estatal ucraniana encargada de los pasaportes cambió de directivos, pero aun así el desfalco siguió. Aunque se firmó un contrato directo entre Polygraph y Surys para eliminar el intermediario, la investigación halló que entre 2018 y 2021 la empresa propiedad de IN Groupe les vendió los insumos a los ucranianos para los pasaportes a precios tres veces superiores que en los convenios entre 2014 y 2018. En total se pagaron 22 millones de euros, de los cuales 7 millones fueron a parar a Ou Feature porque seguían con los derechos de propiedad intelectual. 

Fue hasta febrero de 2022 y con nuevas directivas que IN Groupe inició una investigación interna y suspendieron los pagos a Ou Feature. Además, la empresa aceptó la responsabilidad y todas las personas involucradas en el millonario desfalco internacional quedaron por fuera de Surys. Esto sirvió para que el Ministerio de Justicia Francés redujera la multa a la compañía pública. Al final, la sanción impuesta el pasado 8 de julio de 2025 fue de 18.363.007 de euros, más de 82.000 millones de pesos al cambio actual.

Además, desde esa fecha IN Groupe, el nuevo socio en la sombra de Colombia para la expedición de pasaportes, está bajo un estricto programa de cumplimiento de la Agencia Francesa Anticorrupción para monitorear sus sistemas internos anticorrupción luego del multimillonario desfalco que involucró a tres países. La vigilancia durará tres años.

En resumen, casi al mismo tiempo que IN Group estaba inmersa ⎯y en la sombra⎯ en las negociaciones con la cancillería colombiana para participar del millonario contrato, la empresa francesa estaba capoteando su peor escándalo de corrupción de su historia reciente. Todo sin que aquí nos enteráramos de la controversia y por poco sin que supiéramos que estaban detrás de los portugueses. 

Un precedente que genera alertas

El intrincado caso de Ucrania, con similitudes a lo que ha sucedido en Colombia se suma a las recientes revelaciones de la Procuraduría. En la demanda interpuesta por esa entidad ante el Tribunal Superior de Bogotá para tumbar el contrato de los pasaportes se exponen graves falencias en la escogencia del socio extranjero.

En primer lugar, la Procuraduría no entiende por qué se suscribió un contrato con la Imprenta Nacional si al final esta entidad no tiene la capacidad de expedir los pasaportes y tuvo que subcontratar a un aliado internacional. De esta manera, su papel quedó relegado a simplemente pagar los millonarios recursos y recibir capacitación.

En otras palabras, para el órgano de control es irregular que la Imprenta Nacional haya terminado subcontratando a otra entidad para cumplir la totalidad del objeto del contrato. Para esa gracia, se habría contratado directamente a una entidad idónea.

Basado en ello, la Procuraduría advirtió que el particular proceso de contratación entre la Cancillería, la Imprenta y los portugueses (en consorcio con los franceses) violó los principios de transparencia y selección objetiva.

“Se advierte la vulneración de los principios de selección objetiva, transparencia, moralidad y libre competencia por la subcontratación de los servicios para el suministro de los pasaportes en el país”, dice parte de la demanda conocida por CAMBIO.

El Ministerio Público también encontró que se vulneraron los principios de transparencia y competencia, pues ningún agente del mercado que podía competir con la Imprenta Nacional o la Casa de la Moneda de Portugal pudo participar en el multimillonario proceso. En realidad, hubo dos adjudicaciones directas; una de la Cancillería a la Imprenta y otra de la Imprenta a los portugueses.

Además, para la Procuraduría no había justificación legal para que el negocio se hiciera acudiendo a la normativa vigente para contratar con organismos internacionales. Según la ley, esto aplica siempre y cuando el convenio sea financiado en su totalidad o con más del 50 por ciento de recursos internacionales, algo que de ninguna manera se cumple en el caso de los pasaportes. El 79 por ciento de los recursos los pone Colombia.

Otras irregularidades encontradas por la Procuraduría refieren a la ausencia de análisis económicos y estudios de mercado que justifiquen el presupuesto del contrato. En ningún momento del proceso que lideró el entonces jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, se hicieron estudios de precios que justificaran los valores adjudicados a dedo a Portugal. Igualmente, la Procuraduría cuestiona con dureza el acuerdo que hizo la Imprenta con la Casa de la Moneda para hacer los pagos en euros y no en pesos colombianos como lo ordena la ley.

Los graves hallazgos del Ministerio Público que desnudan las falencias del jugoso contrato de los pasaportes sumado a los antecedentes de uno de los socios ‘sin rostro’ en el convenio hacen que la novela por las libretas siga escribiéndose. En los próximos meses pueden venir decisiones judiciales que lleven al país a una situación límite que derive en nuevo y más graves líos judiciales, quizás con implicaciones internacionales.