Cómo actuaban Los 12 Apóstoles: radiografía del grupo paramilitar que el Tribunal de Antioquia vinculó con Santiago Uribe
En los años noventa, un grupo clandestino conocido como Los 12 Apóstoles impuso un régimen de miedo en Yarumal y el norte de Antioquia. Investigaciones judiciales y testimonios señalan que su articulación combinó la alianza entre sectores de poder local, miembros de la fuerza pública y civiles armados.
Por: Juan David Cano
En el municipio de Yarumal, a comienzos de los años noventa, comenzó a consolidarse una estructura que mezcló discursos antisubversivos, justicia privada y un marcado respaldo local. El Tribunal Superior de Antioquia la describe como una organización paramilitar financiada por ganaderos y comerciantes de la región, integrada también por policías, y con la capacidad de operar de manera clandestina bajo la figura de limpieza social.
La estructura tomó el nombre de Los 12 Apóstoles, aunque formalmente se presentó entre 1992 y 1995 como Autodefensas del Norte Lechero. Su aparición fue antecedida por un periodo previo de violencia a finales de los años ochenta, cuando el capitán de Policía César Emilio Camargo Cuchía fue investigado por desapariciones de militantes de la Unión Patriótica, episodio que investigadores como Sergio Mesa Cárdenas han identificado como el germen de la persecución que vendría después.
La primera presentación pública del grupo ocurrió en febrero de 1992 mediante un panfleto que anunciaba el nacimiento de esas autodefensas locales, cuyo propósito declarado era combatir a sectores señalados como colaboradores de la guerrilla. Con el paso del tiempo, esta estructura se reorganizó, se desmanteló temporalmente y mutó en células sucesivas que, según investigaciones entregadas a la Comisión de la Verdad, mantuvieron presencia activa en Yarumal y municipios vecinos hasta finales de la década.
El liderazgo atribuido a Santiago Uribe Vélez
La reciente sentencia contra Santiago Uribe Vélez ofrece una lectura contundente sobre su papel en el grupo. El Tribunal Superior de Antioquia lo calificó como líder y dirigente de Los 12 Apóstoles y lo condenó a 28 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, específicamente por el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán. Según el fallo, en la hacienda La Carolina —propiedad vinculada a la familia Uribe Vélez— se realizaban reuniones, coordinaciones y entrega de información para perpetrar asesinatos. La sentencia sostiene que allí se articuló un aparato organizado de poder que operó durante varios años.
En el expediente figura también el mayor Juan Carlos Meneses, excomandante de la Policía en Yarumal, quien declaró haber recibido pagos de Santiago Uribe para apoyar las acciones del grupo y relató que en La Carolina existía un circuito de entrenamiento utilizado por hombres armados que no pertenecían al Ejército.
“Usted llegaba a La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba “es el Ejército” pero no: al mirarles los fusiles R-15 o el AK 47 se daba cuenta de que no eran soldados, pues esas no son armas que el Ejército manejaba. Ya por esa época los paramilitares consiguieron buen armamento”, le dijo Meneses a la periodista Olga Behar en su libro El clan de los doce apóstoles.
Aunque no existe evidencia judicial de otro liderazgo paralelo al atribuido a Santiago Uribe Vélez —ni más allá de la participación operativa del mayor Juan Carlos Meneses—, distintas investigaciones señalan la intervención de un sacerdote que, presuntamente, habría colaborado con el grupo. Se trata de Gonzalo Javier Palacio Palacio, quien, según testimonios, habría utilizado el secreto de la confesión para suministrar información sobre personas que posteriormente fueron asesinadas por la estructura.
El Tribunal Superior de Antioquia también compulsó copias para que se investigue el presunto delito de falso testimonio por parte de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus; Alexander de Jesús Amaya Vargas; Álvaro Vázquez Arroyave; Rodrigo Pérez Alzáte; Pedro Manuel Benavides Rivera; Camilo Vázquez Arroyave; y Carlos Enrique Serna Areiza.
La forma de actuación: un modelo de ‘limpieza social’ sistemática
El funcionamiento de Los 12 Apóstoles se basó en identificar personas consideradas indeseables o sospechosas de colaborar con la guerrilla. Bajo esa premisa se ejecutaron homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y desplazamientos. El Tribunal estableció que existía una lista de personas que debían ser asesinadas y que estaba en manos de Santiago Uribe. En este listado figuraba Camilo Barrientos Durán, cuyo homicidio sicarial fue descrito en la sentencia como un crimen planeado y ejecutado con información proporcionada desde el círculo del propio Santiago Uribe.
Pero no fue el único. También se tienen documentados los crímenes de Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas, Januario Pérez, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita, Alberto de Jesús Castañeda, Darío de Jesús Palacio Lopera, Jorge de Jesús Quintero, John Jairo Olarte Quintero y Manuel Vicente Varelas.
El patrón de actuación incluía vigilancias, uso de informantes, patrullajes de civiles armados y coordinación con miembros de la fuerza pública. El grupo ejecutó sus operaciones desde zonas rurales de Yarumal y utilizó la fachada de lucha antisubversiva para justificar asesinatos de campesinos, habitantes de calle, consumidores de droga, jóvenes estigmatizados y familias asociadas a la izquierda.
Las investigaciones históricas también describen una continuidad en el actuar del grupo después de 1995, cuando fue desmantelado temporalmente. Ese año se presentó la llegada de una célula paramilitar enviada por Salvatore Mancuso, conocida como Los Costeños, que retomó tareas de limpieza social y contrainsurgencia hasta que surgió la figura de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien integró esta red a las Convivir y posteriormente al Bloque Central Bolívar de las AUC, según el investigador Mesa.
Un corredor paramilitar en el norte de Antioquia
La zona de acción de Los 12 Apóstoles se concentró en Yarumal y se extendió hacia Valdivia, Angostura, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos y otros municipios del norte antioqueño. Este corredor mantuvo una presencia intermitente de células que permanecieron activas entre 1992 y 1998, con conexiones posteriores a estructuras de las AUC que dejaron centenares de víctimas.
Las operaciones de este aparato criminal tuvieron impacto en múltiples veredas y caminos rurales, donde la presencia estatal era precaria y donde la Policía y algunos miembros del Ejército, según las pruebas analizadas, actuaron en complicidad con los integrantes del grupo.
“Dada la evidente gravedad de la concertación, su sistematicidad y ponderación criminal precisamente dirigida por el condenado y conformada junto con agentes del Estado para el exterminio de personas previamente estigmatizadas como indeseables sociales y auxiliadores de grupos subversivos, se aumentará la pena hasta el límite máximo del primer cuarto de movilidad”, señala la sentencia de Santiago Uribe.
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